Por Paz Rodríguez Niell - El Gobierno se prepara para que la Corte Suprema falle en su contra en las demandas que 15 provincias presentaron contra dos decretos de Mauricio Macri y hace cálculos sobre el impacto, económico y político, que van a tener esas decisiones.

La Casa Rosada recibió la información de que la Corte planea hacer lugar a las medidas cautelares que pidieron los gobernadores contra los decretos que eliminaron el IVA de un grupo de alimentos y que modificaron el alcance del impuesto a las ganancias.

¿Cómo va a hacerlo la Corte? De eso depende el costo que tendrá para el Gobierno. En el Poder Ejecutivo creen que los jueces buscarán una salida que no impacte en el bolsillo de la gente. Una fórmula podría ser sostener que los decretos no pueden disminuir los ingresos por coparticipación de las provincias. De este modo, lo que se generará, en definitiva, es una deuda de la Nación con los gobernadores.

Cuando falta menos de un mes para las elecciones, este fallo representaría un golpe para la Casa Rosada, pero la pelea por los decretos trascenderá a este gobierno y, si los pronósticos se cumplen, será heredada por Alberto Fernández. Los gobernadores, en su mayoría aliados del candidato del Frente de Todos, se sentarían a negociar con él, si se confirmara que es el nuevo presidente, con un primer respaldo de la Corte.

El dato, confirmado la semana pasada por fuentes del máximo tribunal a LA NACION, es que la mayoría dispuesta a resolver en contra del Gobierno estaría integrada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz votaría en disidencia y no está claro qué haría Elena Highton, que en principio entendía -dicen en el Palacio de los Tribunales- que era más prudente no tomar este tipo de medidas de impacto económico en pleno proceso electoral.

Otras fuentes de la Corte sostienen, en cambio, que si las fuerzas de la política deciden llevar el caso a la Corte y judicializar sus conflictos, los jueces quedan en condiciones de resolver sin tener que someterse a los tiempos de la política.

Este tema se discutió el martes pasado, durante la reunión semanal de los cinco jueces. Fuentes del máximo tribunal relataron que hasta hace algunas semanas estos casos se estaban estudiando "con tranquilidad", que el análisis jurídico determinó que no había grandes complejidades técnicas y que la decisión que restaba tomar tenía que ver con el momento de dictado de los fallos.

Los decretos que generaron el conflicto son el 561/19 y el 567/19, que Macri anunció como herramientas de alivio económico y que 15 provincias cuestionaron con el argumento de que son inconstitucionales. El 567/19 estableció la eliminación del IVA de un grupo de alimentos y el 561/19 dispuso una modificación en el alcance del impuesto a las ganancias.

Lo que la Corte planea resolver ahora son las medidas cautelares, no el fondo del asunto (si los decretos son válidos o no). Esa decisión quedará pendiente.

En paralelo con los planteos contra estas medidas, la Corte tiene también para decidir cuatro presentaciones de provincias petroleras contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.

Todos estos casos fueron llevados por los gobernadores a la Corte invocando la "competencia originaria" del máximo tribunal; es decir, con el argumento de que son causas que deben tramitar desde el principio en la Corte por ser demandas de los estados provinciales contra el nacional. Esa competencia originaria fue reconocida por la Procuración en un dictamen de hace casi un mes.