Por Juan Gasalla - El Gobierno que tomará las riendas de la Argentina a partir de diciembre tendrá un enorme desafío por delante. Recibirá un Banco Central sin reservas, una actividad económica que podría atravesar en 2020 su tercer año en recesión y un frente financiero difícil de franquear, con un frágil acuerdo con el FMI y vedado el acceso a los mercados de capitales.

La administración de Mauricio Macri, por la fuerza de los acontecimientos más que por convicción, encaró un recorte del déficit primario, cuyo peso lastra tanto al sector público como al privado, por la carga tributaria. Pero el déficit financiero -que además tiene en cuenta los pagos de deuda- creció por la fuerte emisión de bonos a partir de 2016 y, con un PBI en contracción, los vencimientos de capital e intereses en lo inmediato ponen en apuros al futuro Presidente desde el arranque de su gestión.

En 2020 el Gobierno deberá afrontar pagos de deuda pública –en dólares y en pesos- del orden de los USD 52.000 millones, un 13% del PBI, que según cálculos de la Secretaría de Finanzas se aproximaba a los USD 420.000 millones al promediar 2019.

Ante la urgencia financiera, el próximo Gobierno deberá recurrir a un artilugio que lo favorece: la renovación compulsiva de la deuda intra-sector público. En 2020 el vencimiento de capital e intereses de títulos de deuda soberana en manos de organismos estatales como Anses, PAMI, Banco Nación o el Banco Central asciende a unos 15.000 millones de dólares.

Con esta base, restan pagos previstos para el año que viene por unos USD 37.000 millones con acreedores privados y organismos internacionales (como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y la CAF). Con una economía en el mejor de los casos estancada, significan compromisos para el Estado por un 9% del PBI en situación de pago normal.

Argentina perdió el acceso al crédito externo en abril de 2018. Su alto déficit fiscal que obliga pagar tasas del 20% en dólares –como refleja su Riesgo País de más de 2.000 puntos básicos- y, por lo tanto, está imposibilitada de renovar los vencimientos en los mercados internacionales, como hacen la mayoría de los países. De ahí, la premura del Gobierno por alcanzar un “reperfilamiento” de los títulos y, sobre todo, renegociar el acuerdo con el FMI, principal prestamista para poder sortear un nuevo default.

Las consultoras calculan para el año que viene vencimientos de capital por USD 11.000 millones con acreedores privados más otros USD 1.800 millones con organismos internacionales. Además, de intereses vencen unos USD 7.900 millones por títulos en manos privadas y unos USD 2.400 millones con organismos.

A eso debe sumarse pagos de Letras del Tesoro, que son bonos de muy corto plazo colocados en el mercado doméstico, por USD 9.100 millones, más otros conceptos –deuda con Club de París– por otros 4.600 millones de dólares.

Entonces, el total de esos pagos (excluido intra-sector público) ronda los USD 36.800 millones, en caso de evitar recurrir a una reestructuración, quita o llano default. De este monto, el 43% está emitido en pesos (equivale a unos USD 15.900 millones) y una devaluación más profunda podría reducir la carga del pasivo. Pero al devaluar, se hace más arduo el pago del otro 57% emitido en moneda extranjera (casi USD 21.000 millones), pues el Estado recauda en pesos.

Ecolatina resaltó “centralidad” del FMI para que “la crisis cambiaria no se agravara o materializara más rápido”, aunque advirtió que el stand by –por un total de USD 57.000 millones- tiene “una duración pautada”: habrá que empezar a devolverlo a partir de 2021, con pagos que se concentran en 2022 y 2023, por USD 46.000 millones entre capital e intereses.

En consecuencia, "si no reaparecen los capitales privados, lo que a esta altura parece más que probable, el ajuste del déficit externo continuará en los próximos trimestres, y posiblemente también años. Dicho de otro modo, el ajuste de la cuenta corriente llegó para quedarse. Ojalá lo haga por una vía de mayores ventas (exportaciones), de lo contrario, deberemos restringir –o cambiar- nuestro consumo”, advirtió Ecolatina.

Para 2020, la calificadora de riesgo Moody’s atribuye a la Argentina un perfil fiscal débil, carga de deuda elevada y un bajo acceso al crédito. “El perfil fiscal argentino es altamente vulnerable a los shocks, y la trayectoria se verá afectada por la incertidumbre alrededor de las políticas económicas que implementará la próxima administración”, definió.

¿Faltan dólares en la Argentina?

Dado el alto volumen de atesoramiento, no puede decirse que los argentinos les faltan los dólares, pero sí les faltan al Gobierno.

El Indec informó que la formación de activos de particulares y empresas argentinas fuera del sistema financiero local –en la jerga, “fuga de capitales”- llegaron a la suma récord de USD 304.597 millones en el segundo trimestre de 2019. Habida cuenta de la salida de depósitos privados posterior a las PASO –más de USD 11.000 millones- esta cifra es ahora mayor.

Este monto supera holgadamente la mitad el PBI y es comparable al total de la deuda pública –en dólares y pesos-, que alcanzó los USD 307.570 millones en agosto pasado.

Pero la falta de confianza en los distintos gobiernos hace que esas divisas de argentinos no estén canalizadas en financiar el crédito doméstico, sea para el sector público o para la producción privada. En el “colchón” o cajas de seguridad son improductivas. Y las que están depositadas en cuentas del exterior están financiando la producción de otros países.

En diez años los fondos fuera del sistema se duplicaron desde los USD 146.323 millones de 2009. A fines de 2015 subieron a USD 222.465 millones y en junio pasado superaron los 300.000 millones de dólares.