Por Claudio Zlotnik - Un destacado economista argentino, conocedor de los pasillos de los organismos en Washington cuenta que, apenas fue designada al frente del Fondo, Kristalina Georgieva pidió que la pusieran al detalle del acuerdo vigente con la Argentina. La economista búlgara ya tuvo su primer acercamiento durante su reciente encuentro protocolar con el ministro Hernán Lacunza.

Pero sabe que la relación con su principal acreedor -la Argentina concentra nada menos que 60% de los préstamos que tiene asignados el FMI; un total de u$s44.100 millones- entrará en una nueva dinámica a partir de la asunción del próximo gobierno.

Georgieva, una dirigente con carrera en los organismos multilaterales, está al tanto de que la historia suele ser dura con quienes desde el Fondo Monetario encaran procesos que llegan precedidos de rotundos fracasos. El último fue Dominique Strauss-Kahn, doblemente castigado: por la crisis en Grecia que él atendió con un singular ajuste en 2010; y  porque luego Strauss-Kahn quedó postergado por las denuncias en su contra por integrar una red de prostitución.

Y, mientras la flamante directora del FMI analiza el caso antes de plantear explícitamente su opinión, ya se empiezan a detectar señales indirectas en el sentido de que el organismo prevé una etapa más dura en su relacionamiento con Argentina.

En Buenos Aires, el jamaiquino Trevor Alleyne maneja la oficina que el Fondo abrió hacia finales del año pasado. El economista, con dos décadas y media trabajando cerca del directorio del organismo, no deja lugar para las dudas: "Si el próximo gobierno quiere una refinanciación de los vencimientos tendrá que poner en marcha un programa de reformas a paso acelerado", dice ante quien lo consulta.

Trevor Alleyne no hace más que reproducir la línea que "baja" directamente su flamante jefa. "Esto sugiere que la Argentina podría reprogramar su deuda a largo plazo. Pero, eso sí, el país debería adelantar las reformas inmediatamente", completa.

Después de las PASO, la agenda de Trevor se intensificó. El jamaiquino es un hombre de consulta permanente por parte de economistas e inversores. Quieren saber de primera mano los próximos pasos del FMI, ahora que Alberto Fernández quedó muy cerca de la Casa Rosada.

Para que sus interlocutores comprendan en qué punto se posiciona el "nuevo mando" del Fondo, el jamaiquino menciona el término "front load". Se trata de una expresión muy utilizada en el mundo de las finanzas para expresar que los pagos o cargos deben realizarse de antemano o bien al principio de un crédito, por ejemplo. Según la visión del Fondo, la Argentina se encuentra en esa situación.

"No alcanzan con las señales o las promesas. Como el país necesita dólares sobre la mesa, entonces deben preparar un programa con reformas a aplicarse de manera acelerada", asevera Trevor en su contacto con colegas suyos; e incluso cuando se junta con inversores.

Trevor, al respecto, afirma que en la agenda de Washington existen tres demandas básicas, que la Argentina debería cumplir si busca una reprogramación de los vencimientos del colosal crédito:

1. Pasar de un rojo de las cuentas públicas a un superávit primario ya en el año 2020.

2. La aprobación en el Congreso de una reforma previsional que alivie la carga fiscal del país.

3. Una ley de reforma laboral.

La agenda de Alberto, a contramano

Esta agenda impartida desde Washington choca contra los planes de Alberto Fernández. No solamente por lo que el candidato viene prometiendo durante la campaña electoral. Si no que también lo rechazan algunos de los economistas que forman parte de su equipo y que tienen vínculo directo con los inversores internacionales.

En las últimas semanas, tanto Guillermo Nielsen como Emmanuel Álvarez Agis descartaron la posibilidad de una reforma jubilatoria, cada vez que se contactaron con grupos de inversores que están ávidos por conocer los planes de "Los Fernández".

El propio Alberto F. se mostró a favor de "estudiar" una suba en la edad jubilatoria para los futuros jubilados, pero sin que ello signifique quitarle derechos a las personas que ya perciben sus haberes.

Sobre la reforma laboral, algunos de sus asesores le recomendaron la flexibilización que se puso en práctica en Vaca Muerta, y que permitió la creación de puestos de trabajo. Esos mismos asesores le dijeron que en la Argentina de hoy no resulta políticamente viable una reforma laboral generalizada sino que -a lo sumo- pueden analizarse cambios sector por sector.

Durante el reciente encuentro de Alberto F. con la cúpula de la Unión Industrial, el candidato evitó cualquier mención a una futura flexibilización. Tampoco hubo promesas que impliquen costos fiscales. Al contrario: "Les prometí -a los empresarios- mucho esfuerzo para sacar adelante el país y poner de pie a la industria y dejar de maltratarla como se hizo en estos años", dijo Fernández tras el encuentro con los empresarios.

De vuelta a Trevor Alleyne: cuando le consultan sobre las proyecciones que están evaluando en Washington sobre el programa de la Argentina, más allá de lo conceptual, responde: "No estamos en condiciones de hacer los números. La tarea por delante pasa por realizar un plan integral; completo, sustentable".

El jamaiquino no suele hablar de política. Ni siquiera ensaya un mea culpa relevante sobre la actuación del Fondo en la actual crisis argentina.

Está claro que se vienen meses conflictivos en el caso de que Alberto F., finalmente, se consagre como jefe de Estado.

El candidato ya lo dijo de manera taxativa. "Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina", culpó a la salida de su último encuentro con los representantes del Fondo, a mediados de agosto.

"Puede ser que nosotros hayamos sido muy ambiciosos con la expectativa del descenso de la inflación", asume Trevor como única autocrítica, en línea con lo que en su momento ensayó su exjefa Christine Lagarde.

La especulación que hacen en Washington refiere a que, más temprano que tarde, la Argentina intentará llegar a un acuerdo con el FMI, ya que sería la manera abordar un "reperfilamiento" de la deuda con los acreedores privados.

"El país necesita el sello del FMI para renegociar bien con los dueños de los bonos", analiza Trevor en su diálogo con economistas. En general, relata el hombre del Fondo, esos inversores también creen que la Argentina necesitará ir de la mano del Fondo para encarar una reestructuración amigable.

Tratando de ablandar a un directorio duro

Desde el equipo de Fernández no siguen esa misma lógica. Algunos, como Guillermo Nielsen, suelen plantear que habrá que plantarse muy duro en las conversaciones con el FMI.

El economista menciona, en charlas que suele mantener con inversores del exterior, que el próximo gobierno debería abrir el diálogo con la administración Trump y con el gobierno de Alemania en simultáneo.

Que esa estrategia serviría para "ablandar" la férrea postura del "board" del Fondo, que ha quedado muy golpeado tras el fracaso del plan seguido en la Argentina.

En ese Directorio existe hoy una seria disputa entre los directores que tienen línea con el Tesoro de los Estados Unidos, que siguieron sin objeciones los pedidos de Donald Trump para habilitar fondos extraordinarios hacia la Argentina. Y que desembocaron en una deuda que, al día de hoy, ya trepa a los u$s44.500 millones y podría ampliarse hasta los u$s53.000 millones si el FMI aprueba los desembolsos pendientes.

Para algunos observadores, esa pelea interna sería perjudicial para la Argentina. Sería la génesis del planteo que le escucharon en Buenos a Trevor: no habría un acuerdo de reprogramación posible a menos que el próximo gobierno acelere las reformas y el superávit primario.

Por eso mismo, y tal como hace algunas semanas publicó iProfesional, Alberto F. piensa alternativas. En concreto, analiza poner la relación con el Fondo Monetario "en modo pausa".

En caso de que ese desembolso del Fondo no se concrete en las próximas semanas, Alberto F. baraja la posibilidad de suspender el pedido de esos u$s5.400 millones (y los aproximadamente u$s1.000 millones que deberían "bajar" en diciembre) y, a partir de ahí, relanzar la relación con ese organismo.

La idea pasa por limitar los pagos de Argentina sólo a los intereses de la deuda contraída, pero sin la apertura de una discusión por un nuevo acuerdo que permita diferir los giros del capital de esos pasivos.

El año que viene, por caso, habría que abonar unos u$s1.500 millones sólo en concepto de intereses. No hay vencimientos de capital.

Todo está a la vista: cuando todavía restan tres semanas para las elecciones.