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Por Darío
Epstein - Lamentablemente volvemos a una situación conocida dada
nuestra falta de disciplina fiscal: continuamos gastando por encima de nuestras
posibilidades y la diferencia la pedimos prestada. Los mercados tarde o temprano se cansan de ver que no ordenamos nuestras
cuentas y se retiran, cerrando la puerta a toda posibilidad de refinanciar los
compromisos de deuda.
Quedamos en un absoluto aislamiento, algo que le
pasa a muy pocos países del mundo. Todas
las naciones refinancian su duda a tasas razonables. Nosotros venimos
cancelando pasivos con reservas, endeudándonos con el mercado o pidiendo ayuda
al Fondo Monetario Internacional. Este proceso es insostenible en el tiempo.
Argentina pronto deberá avanzar con un tema
delicado: cómo resuelve el problema de su deuda pública, un tema que se ha
acelerado desde la devaluación de abril del 2018 y sobre todo por el elevado
grado de dolarización que posee. Ha perdido el acceso a los mercados
voluntarios de deuda hace más de un año y ha consumido ahorros en cancelar
vencimientos.
La Argentina ha perdido
el acceso a los mercados voluntarios de deuda hace más de un año y ha consumido
ahorros en cancelar vencimientos
La única puerta que
quedaba abierta, el FMI, ahora se está cerrando con la interrupción de su
programa de desembolsos, a la espera de las elecciones del 27 de octubre y
las definiciones económicas de quien resulte victorioso. Los últimos números
que presentó el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, muestran una deuda
soberana de USD 310.000 millones con abultados vencimientos en lo que resta del
2019.
Según cifras oficiales del Gobierno nacional, antes
del 31 de diciembre, la Argentina tiene compromisos con sus acreedores de
Títulos Públicos por USD 6.130 millones, con Organismos Internacionales por USD
1.034 millones y con otros acreedores por USD 7.042 millones. Es cierto que de
este último grupo, hay compromisos con el BCRA por USD 5.831 millones que no
impactarían en la cuenta global.
El Gobierno también teñía USD 8.810 millones en
vencimientos de Letes antes de fin de año, pero gran parte de estas fueron
reperfiladas hasta el primer trimestre de 2020.
Con reservas en el BCRA
por debajo de USD 47.500 millones, pero con una estimación de liquidez de solo
USD 12.000 millones, la situación es crítica. Según datos oficiales del
Ministerio de Hacienda a junio de 2019, el perfil de vencimientos de capital e
intereses que enfrenta el país en 2020, 2021 y 2022 es de USD 158.157 millones.
Esta cifra incluye títulos públicos (USD 110.364 millones), Letras del Tesoro
(USD 4.484 millones), Préstamos de Organismos Internacionales (USD 36.936
millones) y Adelantos Transitorios del BCRA por USD 5.410 millones.
Puntos claves de la renegociación
Para empezar a solucionar el problema es necesario
concretar dos puntos fundamentales.
El primero es contar con
un acuerdo macro que incluya a todos los actores económicos. Argentina
debe transmitir al mundo que el Gobierno, el Congreso, el sector empresario,
los sindicatos y por qué no, la población, entienden la importancia detrás de
negociar con nuestros acreedores de una manera ordenada. Un plan que permita
mostrar la sustentabilidad del país y cómo se repagaría a los acreedores en
caso de lograr un reperfilamiento rápido.
Y el segundo, nos guste o
no, es contar con el apoyo del FMI. Sin acuerdo con el Fondo no
hay reperfilamiento o reestructuración de deuda posible. El organismo de
créedito multilateral es acreedor privilegiado y seguirán siéndolo por mucho
tiempo más. Todavía tiene pendiente desembolsos por USD 13.000 millones que
serán claves para lograr una negociación ordenada con los bonistas
internacionales.
Recordemos que mientras se negocia con los
acreedores, la Argentina debe seguir cumpliendo con los vencimientos de deuda
próximos. Cuánto más se prolonguen las negociaciones, más compromisos de deuda
habrá que cancelar y la ayuda del FMI es clave.
A esta altura todos
entienden que la situación de la deuda argentina es crítica y debaten cuál es
la mejor alternativa.
Reperfilar, la estrategia elegida por el Gobierno,
es una forma relativamente suave de extender el plazo de los vencimientos de
los pasivos de un país, pero el pago de intereses y el pago del capital
invertido, en general, no se reducen. Postergar vencimientos permite a un Gobierno poner en orden sus cuentas,
lograr sustentabilidad fiscal y así recuperar la capacidad de pago a
los acreedores en su totalidad. Es más rápido y le permitiria al Gobierno
volver al mercado voluntario en un corto plazo, aunque sea para un manejo
ordenado de deuda.
Acumulación de crisis económicas
Sin embargo, la Argentina nunca ha ordenado sus
cuentas. Muy pocos países han visto un deterioro económico tan espectacular en
los últimos 100 años como lo ha hecho Argentina. El país comenzó el siglo XX
como uno de los más ricos del mundo, pero las crisis económicas recurrentes, a
menudo atribuibles a la mala gestión del gobierno y al contagio de declives
económicos en países considerados emergentes, lo han sumergido en una profunda
crisis de gasto público y deuda de los cuales nunca pudo salir. Endeudarse
siempre ha sido el plan de los gobiernos argentinos, postergando el “poner la
casa en orden”.
Esta semana, el ministro de Hacienda, Hernán
Lacunza, instó a una renegociación rápida y voluntaria de la deuda. A pocos
días de las elecciones presidenciales, es altamente improbable un acuerdo entre los contendientes para una
acción coordinada sobre la deuda, especialmente con un Presidente haciendo las
veces de administrador del país y candidato.
Hoy existen varios análisis sobre el posible
impacto de una supuesta extensión de plazos de vencimientos de deuda o quitas
de capital. Un reporte publicado por XP Securities, nos dice que una oferta agresiva que incluya una quita de
capital del 50% a la deuda emitida bajo ley extranjera, sólo tendría un impacto
de 10 puntos porcentuales del total de deuda sobre PBI. Luego de la
caída del PBI medido en dólares, esa relación se estima en 92%. El tipo de
cambio también impacta los cálculos: a mayor depreciación, mayor será la
participación de la deuda sobre PBI.
Según el informe de marras, si el dólar llegara a valer $87 en 2020, la
deuda llegaría a 100% del PBI. Y si el tipo de cambio llegara a $108, el ratio
daría 116%. Esto asumiendo inflación del 45% y déficit fiscal del 4%
total.
Quién asuma el próximo 10 de diciembre, debería
apurar una propuesta y tener un preacuerdo para marzo. La pregunta es: ¿El
próximo Gobierno cuenta con tres meses de paz con el manejo de su deuda? Cuánto más se prolonguen las negociaciones
con los acreedores, más cerca estará Argentina de un nuevo default. El
drenaje de las reservas ya es crítico y sin un acuerdo, se intensificará el
cepo.
* Director de Research for
Traders. Especialista en mercados de capitales. MBA
Universidad de Michigan.
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