Por Natalia Donato - A dos días del triunfo de Alberto Fernández comenzó el tiempo de descuento para avanzar en una “transición ordenada”, como mencionan desde el gobierno de Mauricio Macri y desde la coalición que estará al frente del país a partir del 10 de diciembre. Mucho ayudó la decisión del directorio del Banco Central (BCRA) de tomar, ese mismo domingo a la noche, la medida del cepo casi total, que allanó el camino para evitar nuevos sobresaltos cambiarios y poner en riesgo las reservas. Ahora deberán verse las caras ambos equipos y realizar un traspaso concreto de la gestión.

En el Palacio de Hacienda están preparando, desde antes de la elección, presentaciones con los números de 2019 y con las proyecciones hacia adelante, que incluyen la discusión de qué hacer con los próximos vencimientos de deuda. Con los resultados sobre la mesa, entre ayer y hoy los equipos del ministro Hernán Lacunza intensificaron este trabajo, a la espera de que suene el teléfono rojo y Macri los habilite para iniciar el diálogo con los interlocutores que definirá Fernández.

Más allá de los contactos informales previos a los comicios que tanto Lacunza como el titular del Banco Central, Guido Sandleris, tuvieron con referentes del Frente de Todos como Emmanuel Álvarez Agis, Matías Kulfas, Cecilia Todesca, y Guillermo Nielsen, no hay aún previstas reuniones formales con los que serán nombrados interlocutores económicos. Tampoco se sabe quiénes son estas personas, si bien trascendieron, además de los economistas mencionados, Paula Español, José Ignacio de Mendiguren, Miguel Pesce y Mercedes Marcó del Pont.

“Estamos preparados, pero aún no nos llamaron”, dijeron en Economía. Desde el albertismo, a su vez, aseguran que los encuentros comenzarán esta semana, luego de que el presidente electo le pase los nombres a Macri.

Los números fiscales y los financieros son los dos ejes más importantes a la hora de realizar una transición ordenada. Desde lo fiscal, no hay demasiadas sorpresas respecto de lo que ya viene anunciando Lacunza: el año cerrará con un déficit primario de 0,5% del PBI gracias a los llamados “ajustadarores” del gasto acordados con el Fondo Monetario Internacional.

El equipo de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rodrigo Pena, le mostrará al nuevo equipo los cálculos de ingresos proyectados, así como también los gastos. Y dependerá de ellos si definen, ya avanzado diciembre, postergar pagos y mostrar un sobrecumplimiento de la meta fiscal (0,3% o 0,4% del producto).

Lo más preocupante es la cuestión financiera, ya que en un contexto de restricción de los mercados externos –que se recupera con confianza–, el próximo gobierno deberá decidir qué hacer con los próximos vencimientos de deuda. Fuentes de Economía aseguraron que en lo que resta al 10 de diciembre, fecha de recambio, vencen poco menos de USD 2.000 millones, entre los intereses del Bonar 2024 (7 de noviembre) y las Letes y Lecaps reperfiladas. Y lo harán con parte del préstamo del FMI que integra las reservas.

Por lo tanto, las estimaciones oficiales indican que el gobierno de Macri le dejará al de Fernández un nivel de reservas netas líquidas de entre USD 8.000 y USD 10.000 millones. El primer pago que deberá hacer el nuevo equipo económico son unos USD 1.000 millones de intereses del bono Discount, que vencen el 31 de diciembre, pero luego deberán afrontar USD 800 millones de vencimientos de intereses por los globales y el 13 de febrero, USD 1.700 millones del bono Dual, que se paga en pesos.

Cómo avanzar en las próximas semanas para allanar el camino hacia un futuro reperfilamiento de esta deuda de corto plazo será parte de las discusiones entre ambos equipos. Casi toda la deuda que vence en 2020 son bonos bajo legislación local, por lo que sería clave, para el equipo de Lacunza, darle el visto bueno al proyecto de ley, ya enviado al Congreso, que incluye la cláusula de acción colectiva para estos títulos. De esa manera, podría acelerarse la discusión con los bonistas y acordar una reprogramación amigable y ordenada.

La preocupación que tienen algunos funcionarios del Palacio de Hacienda es que tengan que abrir los números a un grupo de economistas amplio sin saber qué rol ocupará cada uno cuando asuma el nuevo gobierno. “Hay mucha información confidencial que no puede ser otorgada a cualquiera, sino a los que ocuparán estos puestos. Tienen que tener legitimidad para poder avanzar”, dijeron cerca de Lacunza. Sucederá lo mismo para negociar con el FMI. Sin embargo, desde el Frente de Todos insisten en que por ahora lo que habrá son sólo “interlocutores”.