Por Carlos Burgueño - La transición oficial y formal del poder, al menos de parte de Alberto Fernández, comenzará el próximo miércoles, una vez que el presidente electo vuelva de su viaje a México. Entre ese día y el viernes, habrá una conferencia de prensa donde el próximo jefe de Estado presentará sus equipos de transición (quienes no necesariamente serán los integrantes de su futuro Gabinete), y se plantearán, primera y única vez, los datos de la herencia recibida del Gobierno de Mauricio Macri.

Será en ese momento donde se escucharán quejas, reproches, críticas y frases de lamento. Pero la orden será que una vez terminado ese evento, nunca más formalmente se le echará la culpa a la economía y las finanzas recibidas, y comenzará un período de coexistencia con el oficialismo lo más pacífica posible hasta el 10 de diciembre. Sólo días antes, lo más cerca posible de la asunción, se presentará en sociedad el primer gabinete de Alberto Fernández; y recién allí empezarán a conocerse las potenciales primeras medidas concretas que tomará el próximo Gobierno. Hasta ese momento, se implementará un proceso de seguimiento crítico del último mes de gestión de Mauricio Macri, “pero de ninguna manera un cogobierno”, según una alta fuente del próximo Gobierno. Esta afirmó que “se tratará de una transición basada en el traspaso diario y constante de información en cada una de las áreas, para determinar de manera conjunta cómo evolucionan ciertas políticas. Y cuando se detecten movimientos críticos y denuncias, se harán tanto a los funcionarios del oficialismo aún vigente como al público”. En otras palabras: el team albertista no intervendrá en la toma de decisiones ni compartirá el diseño y aplicación de ninguna medida que disponga el Gobierno de Mauricio Macri, pero se reservará el derecho de denunciar públicamente cuando alguna de estas atente contra el futuro Gobierno.

Como ejemplo práctico, ya está en la mira una situación particular que será expuesta públicamente en la conferencia de prensa de la semana que viene: será la situación de la planta de personal del Estado. Desde el albertismo se diseñó un largo listado de empleados públicos que fueron pasados de contratos a planta permanente. En la mira no hay personas con salarios medianos o bajos, sino funcionarios de alta responsabilidad y con perfil político que están siendo incorporados a la planta permanente de la administración pública nacional, y que tienen salarios superiores a los 80.000 pesos mensuales. Entre otras reparticiones, el listado incluye nombramientos en la Secretaría Legal y Técnica, en la Procuración del Tesoro, en la Dirección Nacional de Migraciones, en la Secretaría de Modernización del Ministerio del Interior, el PAMI y varios organismos descentralizados. El mensaje que quiere enviar el albertismo en este capítulo es que no hay problema con el pase a empleados de los trabajadores de salarios bajos, sino de los de sueldos altos y que ocupan cargos políticos. Como maldad se le recordará al macrismo su prédica de achicar el Estado y los despidos ejecutados al comienzo de la gestión en el primer semestre de 2016.

En temas económicos, la conferencia de prensa de la próxima semana servirá para exponer tres capítulos fundamentales de la transición, donde, se reitera, no habrá cogobierno y la toma de medidas en conjunto, sino fiscalización de los actos del Ministerio de Economía de Hernán Lacunza y el Banco Central de Guido Sandleris: la marcha de las reservas y la evolución del tipo de cambio, la evolución de la deuda y de los créditos internacionales y las tarifas de los servicios públicos.

En el primer caso, y luego del conflicto (adelantado por este diario) por la decisión original de reducir sustancialmente las tasas de Leliq, por ahora hay una observación pacífica desde el team albertista. La información diaria que le llega a Alberto Fernández habla de una conducta correcta de parte del BCRA en cuanto al manejo de las reservas, incluyendo a las operaciones de dólar futuro. Cayeron bien las restricciones de ayer impuestas por la entidad, de combatir la salida de divisas a través de maniobras alternativas como el dólar casino o el dólar bitcoin. Si bien hay críticas a la acción del Gobierno de ir atrás de las circunstancias (se cree que las nuevas restricciones reloaded anunciadas ayer deberían haber formado parte de los anuncios del lunes), se rescata que estas decisiones apuntan a que no se pierdan más reservas, el principal norte que tiene el albertismo en cuanto a los dólares del BCRA. El próximo mojón en la mira ocurrirá el jueves 7, cuando se deba pagar un vencimiento importante del Bonar 24.

En el caso de la evolución de la deuda y de los créditos internacionales, la decisión de Alberto Fernández es la de no negociar en conjunto ningún tipo de acuerdo; ni con los acreedores privados, ni con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el resto de los organismos financieros. Los contactos que se ejecuten desde la próxima semana serán a cuenta de lo que se aplique cuando ya el próximo presidente haya asumido. Esto incluye tanto la evolución (muy acelerada) del diálogo con los bancos y fondos de inversión internacionales, como alguna eventual nueva visita (se está negociando, pero no está confirmada) del director gerente para el hemisferio occidental del Fondo, el mexicano Alejandro Werner. Alberto Fernández está convencido de que las negociaciones con el FMI serán muy duras, pero que “al final del día” habrá un acuerdo favorable para el país.

En el último capítulo, el de las tarifas, el albertismo es duro. Criticará abiertamente cualquier tipo de incrementos en las facturas de servicios públicos, tanto en cuanto al público como a las empresas. Para el próximo presidente, en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, éstas subieron lo suficiente y no sería necesaria una última actualización. “No pueden subir más”, fue la orden tajante y directa del próximo Presidente a los técnicos de su team que tendrán a su cargo el seguimiento de las tarifas de servicios públicos. En el caso del precio de los combustibles, la posición es algo más flexible, ya que se sabe que detrás no sólo están las petroleras (a las que se las quiere tener de futuras aliadas a partir de las inversiones comprometidas en el proyecto Vaca Muerta), sino que hay un interés de los gobernadores de provincias petroleras de ejecutar una actualización.