Desdolarizar la economía y lograr un fuerte acuerdo social para alcanzar la estabilidad. Esas son las dos principales propuestas del último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que orienta Mercedes Marcó del Pont, y que analizó cuáles serían los principales problemas a resolver del gobierno electo a partir del 10 de diciembre.

"Es necesario desplegar una estrategia integral de desdolarización de la economía como condición necesaria para avanzar en una fase sostenida de crecimiento y estabilidad”, afirmó Del Pont; economista, investigadora y académica enrolada en la corriente desarrollistas o estructuralista.

También, fue consltura del Programa de las Naciones Unidas  para el Desarrollo (PNUD), del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID). Se ha desempeñado como diputada nacional (2005–2008), y ha estado al frente del Banco de la Nación Argentina (2008–2010) y del Banco Central de la República Argentina (2010-2013) durante la presidencia de Cristina Kirchner.

El trabajo realizado por la Fundación agrega que "el abordaje integral" de esta problemática debe ser parte de la agenda del acuerdo o contrato social impulsado por el gobierno que asumirá funciones a partir de diciembre”.

Al tener en cuenta y evaluar los objetivos del acuerdo sectorial, el documento de la FIDE encabezada por Marcó del Pont sostiene que "el acuerdo social requiere de un compromiso muy fuerte de la dirigencia sindical y empresarial en torno a la prioridad de dar sustento al proceso de estabilización y recuperación del crecimiento y el empleo".

Además, añade: "Es evidente que para que esos objetivos sean alcanzados el pacto social debe trascender un simple compromiso de precios y salarios”. Y enfatiza que en esa mesa de discusión deben incorporarse otras cuestiones vinculadas con el desempeño productivo, como la productividad y las condiciones para la acumulación productiva.

En esta misma corriente, el informe no solo enfatiza en la desdoalrización de la economía, sino que además alerta sobre la persistencia de la fuga de capitales en septiembre y octubre, a partir de la tardía y parcial decisión de establecer controles cambiarios. 

“En septiembre la demanda neta para atesoramiento por parte del sector privado ascendió a 3000 millones de dólares, valor que representa un 22% más que el promedio de los ocho meses previos”, punto a resaltar del documento.