Por Sofía Diamante -
Renegociar la deuda es, junto con la inflación, uno de los principales temas económicos de
corto plazo que la próxima administración deberá resolver. Pero no haría falta
esperar a que el equipo de Alberto Fernández asuma
el 10 de diciembre. Según distintos analistas especializados en el tema, ya
deberían haber comenzado las negociaciones para posponer los próximos
vencimientos, que, de no resolverse pronto, podrían dejar a la Argentina
nuevamente en default.
Un grupo de acreedores de deuda
argentina en moneda extranjera busca agilizar las negociaciones
y formó un comité para tener un mensaje
unificado frente al país. La idea es facilitar el proceso para los bonistas que
tienen una exposición fuerte a la deuda argentina, sobre todo para aquellos que
compraron Bonos del Tesoro 2020 (BOTE), en junio del año pasado. Algunos de los
fondos que serían parte son Greylock Capital, Fidelity, T Rowe Price, Amundi y
Blackrock.
Si los nuevos funcionarios llevan una propuesta
convincente para este grupo, luego será más fácil negociar con el resto de los
tenedores. "Esto le podría convenir al nuevo gobierno, salvo que se forme
una posición muy dura en contra y se unifiquen todos de un lado, de modo que no
sea viable desde el punto de vista argentino", opinó Daniel Marx, jefe
negociador de la deuda externa de 1989 a 1993.
"Puede ser que haya más de un grupo en el
exterior tratando de armarse para negociar y después se fusionan. Si el proceso
es rápido o lento dependerá de la voluntad de ambas partes, pero todavía no
está asignado el representante del Fernández", agregó el director
ejecutivo de Quantum Finanzas.
A diferencia de las negociaciones de la deuda
argentina en 2005, la mayoría de los títulos con ley extranjera fueron emitidos
bajo la cláusula de acción colectiva. Esto significa que si entre el 70% y el
85% de los tenedores acepta una propuesta -el porcentaje depende del tipo de
bono-, la oferta se aplica automáticamente al resto de los acreedores y no
pueden accionar judicialmente para conseguir un precio mejor. Esto evita
futuros reclamos de holdouts.
"La Argentina tiene deuda con ley extranjera
por US$60.000 millones. Entre los grandes tenedores pueden llegar a tener
15.000 millones. Lo central será saber qué esfuerzo fiscal o macroeconómico
ofrece el país para que los acreedores aprueben el canje", indicó Miguel
Kiguel, director ejecutivo de EconViews y exsecretario de Finanzas, en
referencia al programa fiscal que tendrá el próximo gobierno.
Esto suele repetir también Martín Redrado, uno de
los economistas que tienen como fuente de consulta tanto del lado del próximo
gobierno como de parte del comité de acreedores. "La negociación que
resulte dependerá del programa fiscal y de las expectativas de crecimiento que
tenga la Argentina para los próximos años", indica.
Para 2019, se espera que el resultado fiscal
primario (antes de intereses) finalice con un déficit de entre 0,8% y 1,3% del
PBI. Partiendo de este nivel, cuanto más exigente sea el sendero para lograr el
superávit, más "amigable" será la negociación con los acreedores
privados. Por eso los inversores están con expectativa de conocer el programa
económico del presidente electo.
Los analistas estiman una suba de impuestos y una
ampliación de la base tributaria para aumentar los ingresos, pero reina la
incertidumbre en relación con lo que se hará con el gasto.
Negociación tripartita
Antes de que comiencen las negociaciones con el
comité de acreedores, los mismos tenedores sugieren que previamente haya una
renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), principal
acreedor de la Argentina y quien actuará como auditor de que se cumplan las
nuevas condiciones de pago. Sin embargo, los intereses del Fondo generalmente
no coinciden con los bonistas. "Acá se aplica la teoría de los juegos. Al
Fondo le interesa que la deuda sea sustentable, quizá sea más agresivo en
materia de quita con los privados", indicó otro analista en off.
La sorpresa en el mercado en estos primeros días
del mes es que los bonos en dólares argentinos subieron hasta un 10%,
concentrados en el Bonar 2020, que es el bono de más corto plazo. "Hay una
expectativa de mejora evidente en los bonos de vencimientos más cortos, que
esperan mejores condiciones de renegociación en un escenario de canje",
analizó Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital.
Para el año próximo, la Argentina tiene
vencimientos de bonos bajo ley extranjera por US$3500 millones en intereses y
US$500 millones en capital, según los cálculos de Delphos Investment. Los vencimientos
más importantes, sin embargo, están concentrados en 2021, con pagos de US$4000
millones en intereses y otros US$4000 millones en capital. "Lo justo sería
reestructurar la deuda emitida bajo ley local y extranjera de la misma manera,
pero con la cláusula de acción colectiva que tiene la extranjera es muy
complicado reestructurarla. Además, los vencimientos en 2020 no son tan
importantes y por lo tanto es muy difícil llevarlos a acabo de esa
manera", dijo Santiago López Alfaro, socio de la consultora, que cree que
podría haber solo un reperfilamiento con este tipo de deudas.
La deuda emitida con ley local rinde menos en el
mercado, a la espera de que la reestructuración sea más drástica. "Muchos
de los fondos que tienen estos bonos no son los tenedores oficiales, los
compraron cuando habían perdido buena parte de su valor. A ellos les interesa
que una vez que entraron en el canje se les pague", analizó por su parte
Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.
"El sendero de superávit primario es importante
para la negociación con el Fondo, pero también es importante para los bonistas,
porque necesitan que sea creíble la capacidad de pago posreestructuración. Si
no, el título no valdrá nada en el mercado cuando después lo quieran salir a
vender", agregó.
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