El 15 de agosto, y
ante la fuerte devaluación del peso que siguió al resultado de las PASO
presidenciales, el Gobierno tomó la decisión de eliminar el IVA para alimentos de la canasta básica
hasta fin de año. “La medida ayudará a compensar el impacto de la devaluación
en los precios”, indicó el informe oficial publicado junto al anuncio.
El miércoles, un
informe publicado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) -y elaborado
por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF)- propuso un nuevo esquema
que, aseguró, es más eficiente.
En concreto, el
documento propone que no sean los comerciantes quienes implementen la rebaja en
sus precios, sino que sean los bancos quienes devuelvan a los consumidores
el valor de la alícuota incluida en el precio final de los productos. Y sugiere
que el beneficio aplique únicamente a los sectores de bajos ingresos, dándole
así un carácter progresivo a la medida fiscal. Para hacerlo propone segmentar a
los titulares de tarjetas de débito, crédito u otros medios electrónicos
seleccionados en base a la fuente y monto de sus ingresos mensuales.
El informe concede
que la eventual implementación del esquema requeriría un paso previo: la
bancarización de los posibles beneficiarios que se encuentran fuera del sistema
financiero. Pero asegura que los bancos están capacitados para hacerlo “en
un plazo relativamente corto”.
Se sugiere que
entre los principales beneficiarios estén incluídos jubilados y pensionados,
beneficiarios de asignación universal por hijo y embarazo, pensiones no
contributivas, personal de casas particulares, beneficiarios del plan
progresar, a los empleados en relación de dependencia, sujetos del régimen
simplificado para pequeños contribuyentes y trabajadores autónomos.
Por otro lado, el
documento resalta que la medida no tendría un costo fiscal adicional para el
Gobierno, sino si la medida se extendiera en el tiempo -finalizará el 31 de
diciembre según el Decreto 567/2019- que en el mediano plazo podría
representar un incremento en la recaudación debido a la menor evasión fiscal.
Para fundamentar su
propuesta, el IARAF expone una serie de desventajas del sistema actual y las
contrasta con las ventajas del suyo. Entre las desventajas se encuentra que:
“En general abarca
solo a la última etapa de la cadena comercial del bien en cuestión, dado que
las transacciones intermedias deben continuar efectuándose a la alícuota legal
correspondiente, con la única excepción de ventas a monotributistas o
microempresas responsables inscriptas que han quedado alcanzadas
transitoriamente”.
"Es una medida
de reducción directa del impuesto, pero que implica que su concreción
efectiva depende del comportamiento final del vendedor, es decir de que éste
efectivamente traslade al consumidor la rebaja impositiva. Esta situación de
incertidumbre se ve potenciada porque es casi imposible realizar un
control exhaustivo sobre los responsables.
Entre las ventajas
del propuesto, en tanto, se destaca que:
“Se asegura que el
100% del beneficio llegue al consumidor”
“Puede limitar el
beneficio a los sectores de menores ingresos, lo que redunda en un
carácter progresivo del impuesto”
“Promueve la
inclusión financiera por mayor uso de medios de pago bancarizados”
"Reducción de
dinero efectivo circulante y mayor formalización de la economía. Posibilita
una fiscalización sencilla y automática.
El documento indica
también que la medida requeriría de aprobación legislativa previa que sea tanto
fruto de consenso entre oficialismo y oposición pero también del Poder
Ejecutivo y sus pares provinciales, dado el carácter coparticipable del IVA.
La aclaración
remite de manera inmediata al hecho que 15 administraciones provinciales
demandaron al gobierno nacional por la medida y obtuvieron un fallo favorable
por parte de la Corte Suprema. Este dispuso que los costos fiscales de la
aplicación de los decretos impugnados y de las resoluciones generales AFIP sean
asumidos con recursos propios del Estado nacional.
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