Por Javier Blanco - La impaciencia pareció ganar a los tenedores de bonos argentinos que, al parecer, se habían ilusionado con obtener definiciones a esta altura de la transición sobre la proyectada renegociación de la deuda e incluso con la posibilidad de una salida amistosa a la "uruguaya", como llegó a sugerir el presidente electo Alberto Fernández durante su campaña.

Las señales de desconfianza se multiplicaron en los últimos días al volver a escalar la tasa de riesgo país por encima de los 2500 puntos (cerró en 2513 ayer), para recolocarse en la zona de máximos y al marcar ayer un nuevo récord el costo de los seguros contra un posible nuevo default (CDS) argentino, que llegó a los 5435 puntos por coberturas a 5 años.

"La deuda pública bruta total ronda los US$325.000 millones pero 37% corresponde a organismos públicos y 18% a organismos internacionales, con lo que el 45% restante está en manos de tenedores privados. Los montos a reestructurar son de alrededor de US$150.000 millones pero como nuestro país no tiene financiamiento y cierra 2019 con déficit fiscal primario, no hay posibilidades de generar en 2020 y en los años siguientes el superávit necesario para hacer los pagos e incluso para afrontar un alargamiento de plazos sin quitas. De allí que el mercado pone precio a los bonos previendo una quita de capital", explicó la consultora Mecronomic al aludir al aumento del 22,4% que registra el CDS en el mes.

"Durante el mandato de Fernández vence casi la mitad de los compromisos de deuda que tiene el país, a lo que debe sumarse el pago de intereses. Dentro de estos vencimientos está incluida la devolución de buena parte del préstamo recibido del FMI que -conforme al cronograma vigente- debería pagarse entre 2022 y 2023. Según el perfil de vencimientos, el Tesoro deberá desembolsar unos US$38.000 millones (cerca del 10% del PBI) hasta junio, de los cuales más de US$20.000 millones serán por pagos de deuda relevante", enumeró la consultora Ecolatina en un informe que justifica los nervios de los bonistas.

"La falta de señales del gobierno entrante tiene en vilo a los mercados, que ya descuentan quitas superiores al 35%, lo que implica que se preparan para una negociación agresiva y poco amigable", explicó a su vez el analista Salvador Di Stéfano.