Por Carlos Burgueño - Alberto Fernández está dispuesto que, en su gobierno, se derribe un mito: abrir las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo; para que, por ley, se actualicen a la economía moderna. Para esto, el presidente electo exigirá que haya acuerdos previos sector por sector entre los privados y los sindicatos, avalados por los ministerios de Trabajo y Producción y la jefatura de gabinete.

Los acuerdos tendrán además un marco “de apoyo” desde el gobierno nacional; sobre el que se les garantizará un grado de protección adecuado en cuanto a la apertura de importaciones, el acceso a nuevos mercados y líneas de créditos y financiamientos para “reconversión productiva”. Y cuando esto se concrete, entre todas las partes se redactará un proyecto de ley que luego el Congreso tratará y, obviamente, aprobará con las mayorías con que contará el oficialismo; más el apoyo de gobernadores de cada ocasión. Y, si también lo aceptan, los diputados y senadores del actual oficialismo.

Entre los primeros rubros que abrirían las negociaciones están tres en agenda: los petroleros de Vaca Muerta, las automotrices y los fabricantes de electrodomésticos radicados en Tierra del Fuego bajo el sello de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Luego, si la experiencia en estos rubros (más otros que se puedan agregar), es exitosa; podrían ir sumándose otros sectores con convenios colectivos desactualizados, pero con la condición innegociable del acuerdo previo con la intervención del sindicato correspondiente. Reconoce el “albertismo” que la vigencia de convenios que, en muchos casos, tienen una antigüedad de más de 50 años y que fueron diseñados en tiempos en los que ni siquiera existían las computadoras (mucho menos internet y la robótica); debe ser muy actualizada. Y que para poder competir con el exterior y llegar a mercados nuevos, se hace necesaria una revisión en muchos de los acuerdos laborales vigentes.

Lo que el próximo gobierno no está dispuesto a avalar, son reformas laborales de flexibilización de las condiciones de trabajo similares a las que aplica el Brasil de Jair Bolsonaro. “Todo tiene que pasar por discusiones sector por sector, donde intervenga el sindicato correspondiente y donde haya acuerdos plenos”, afirmaba ante este diario una alta fuente del próximo gobierno. Indicaba además que “Miguel Acevedo lo entendió”, en relación a la aceptación por parte del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), del nuevo esquema de trabajo. El dirigente avaló ayer la estrategia al decir a este diario que “la reforma laboral no es fundamental”.

Esta visión de Alberto Fernández de abrir discusiones “sector por sector” que deriven en acuerdos globales pero puntuales a un área específica de la economía real; es aún anterior a su llegada a la fórmula presidencial con Cristina Fernández de Kirchner. El exjefe de Gabinete descree de las iniciativas globales. En cambio considera como actos de gobierno fundamentales los acuerdos con nombre y apellido en sectores puntuales y concretos; donde empresarios y sindicatos con la conducción del Estado, puedan ponerse de acuerdo y establecer reglas de largo plazo.

La idea de Fernández es la de avanzar en este tipo de propuestas, por encima de los grandes acuerdos multisectoriales. No cree que en la funcionalidad de experiencias fallidas del pasado como el “Pacto Social” de José Ber Gelbard en 1973, bendecido por Juan Domingo Perón y que con el tiempo derivó en el “Rodrigazo”. Fue una de los capítulos que dividió su visión sobre las negociaciones entre empresarios y sindicatos, de lo que defendía gran parte del frente kirchnerista; que soñaba con revitalizar aquella experiencia setentista, rebautizándola como “Contrato Social de Ciudadanía Responsable”. Para este grupo, el fracaso de la experiencia de Gelbard se debió a la muerte de Juan Domingo Perón, y no a los errores propios del planteo del “Pacto”.

Fernández cree que no tiene sentido un mega pacto político social; sino las discusiones sectoriales en un marco avalado por el gobierno. Se tiene en mente comenzar por la apertura de una negociación por la explotación del yacimiento neuquino de Vaca Muerta, donde se le dé previsión de largo plazo (10 años promedio) a las empresas que inviertan en el lugar, y donde participen los sindicatos y la gobernación de Neuquén. Y que las reglas fijadas no se alteren por nada del mundo. Pone como ejemplo el caso del actual Gobierno, donde se ingresó en conflicto con varias empresas por las alteraciones en la política de subsidios a la producción en el lugar.

Según la visión de Fernández, cuando este tipo de acuerdos se multipliquen; la credibilidad de su gestión crecerá y será recién allí el momento de negociar cuestiones más estructurales. Pero todas vinculadas con la previsibilidad de largo plazo para las inversiones, asociadas con la estabilidad laboral y las obligaciones empresarias de apuestas de capital. Y que la prioridad para este tipo de iniciativas son los rubros donde se necesitan inversiones de años y aquellos que se consideran fundamentales para sostener el mercado interno.