Por Alfredo Sainz - A menos de 24 horas de la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de góndolas, en las empresas ya empezaron a advertir sobre el impacto que podría tener la medida en los precios y en el empleo.

En los supermercados y en las compañías proveedoras sostienen que, lejos de impulsar una baja en los precios, la nueva norma podría tener el efecto inverso, ya que implicaría mayores costos operativos que, más temprano que tarde, se terminarían trasladando a los precios al público. En el sector además alertan que correrían peligro entre 5000 y 7000 puestos de trabajo por el impacto de los mayores costos en la rentabilidad empresaria.

"No descartamos ir a la Justicia, porque si el proyecto de ley sale como está solo alcanzaría a las grandes cadenas de supermercados, que juntas representamos solo el 30% de las ventas de alimentos y bebidas, y dejaría afuera al otro 70%, en un claro ejemplo de discriminación", señaló un director de una cadena de supermercados que quedaría alcanzada por la ley.

En las cadenas explican que, de aprobarse en el Senado el texto sancionado en Diputados, los precios podrían tener un incremento de entre 10 y 20% porque aumentarían los costos de reposición que implicaría mantener bien alimentadas las góndolas con productos que tienen una mayor demanda, pero que por ley no podrían ocupar más del 30% del espacio en las góndolas.

Los supermercados sostienen que, más allá de sus intenciones, tal como está redactado el proyecto es impracticable. "En nuestro caso estamos impulsando la incorporación de pymes a nuestra lista de proveedores, pero no se puede hacer de un día para el otro. Algo así nos pasó con la crisis de SanCor de hace un par de años. En ese momento nos contactamos con el gobierno cordobés para que nos presentara a potenciales proveedores lácteos que cubrieran el lugar que había dejado libre SanCor. Nos dieron una lista de 38 pymes, pero solo pudimos incorporar a dos firmas porque el resto no cumplían con los estándares de calidad que tenemos en la cadena", explicaron en Walmart Argentina.

En la industria, el diagnóstico es compartido. "El texto sancionado ayer [por anteayer] es impracticable porque por más buena voluntad que haya no alcanza para solucionar los problemas que tienen las pymes cuando quieren acceder a un supermercado, como los costos de reposición y los problemas de distribución. Y también es impracticable porque es muy difícil de implementar: tendría que haber un escribano en cada góndola", señaló Martín Cabrales, socio de la empresa de café Cabrales.

La cruzada contra la ley no es impulsada únicamente por las empresas, sino que también empezaron a tallar algunas embajadas extranjeras. En las últimas horas trascendió una carta de Amcham (la cámara que comercio que reúne a las empresas norteamericanas que operan en el país) en la que advertía que de aprobarse la nueva norma correrían peligro algunos acuerdos internacionales.

"La eventual sanción generará en el ambiente de negocios de la Argentina una situación de intromisión que atenta lisa y llanamente contra la libre oferta y provisión de bienes, so pretexto de facilitar y garantizar las condiciones de libre competencia entre los establecimientos de consumo masivo y sus proveedores", sostuvo la Amcham en una carta firmada por su CEO, Alejandro Díaz, y que estuvo dirigida a la diputada Marcela Passo.

La entidad además advirtió que el proyecto "atenta no solo contra garantías básicas, como el ejercicio de la industria lícita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad -todas ellas consagradas en nuestra Carta Magna-, sino que también abre la puerta a controversias internacionales por ir contra aquello a lo que la República Argentina se ha obligado en tratados internacionales de jerarquía constitucional, que ordenan la relación de nuestro Estado con la Organización Mundial del Comercio y el Mercosur, resguardo del principio de 'igualdad de trato' para mercancías importadas respecto de las producidas en el país".

Más allá de estas amenazas, en el sector no descartan que detrás de este proyecto haya una intención de parte de las autoridades que asumirán en diciembre de golpear primero para sentarse a negociar después. "No hay que descartar que el nuevo gobierno utilice la amenaza de avanzar con este proyecto de ley para negociar desde una mejor posición el acuerdo de precios que se viene", explicó un empresario que continúa a la espera del llamado de las nuevas autoridades.