LA NACIÓN – Con la intención de crear empleo privado e impulsar la inversión y la competitividad, la Fundación Libertad y Progreso confeccionó un documento con 10 medidas que debería, a su criterio, tomar Alberto Fernández en sus primeros 100 días como presidente. De acuerdo con el think tank liberal, las decisiones que se tomen durante ese lapso serán determinantes para la solución ordenada de la deuda pública y la recuperación de confianza.

«Se deberían implementar en los primeros tres meses, porque es cuando el gobierno tiene más fuerza política para hacerlo», dijo a LA NACION el director de Políticas Públicas de Libertad y Progreso, Manuel Solanet.

Además del poder político que se requiere, insistió en la urgencia que existe para su implementación. «Se está negociando con el FMI y eso no puede durar demasiado, todo este esquema debería ejecutarse lo antes posible», añadió.

Según la fundación, si se sigue el plan propuesto, a partir del año 2021 la Argentina puede tener un crecimiento anual del 6% y crear cuatro millones de empleos privados productivos en cuatro años. Desde el organismo aseguran que las propuestas que recomiendan permitirían «absorber el millón de jóvenes que ingresarán en ese periodo al mercado laboral, además de un millón de empleados públicos, un millón de receptores de planes sociales y un millón de personas que hoy están en la economía informal».

Las medidas apuntan a lograr un superávit fiscal que permitirá disminuir la presión impositiva y reestructurar sin quita la deuda pública. Ese logro, según la fundación, constituirán el eje del plan a presentar al FMI en lo inmediato para desbloquear los desembolsos pendientes.

La organización sostiene que con estas medidas el actual círculo vicioso de pobreza, estancamiento, déficit e inflación se convertirá en el círculo virtuoso del crecimiento, el empleo, el mejoramiento del salario real y la estabilidad monetaria.

En relación con a si cree que Fernández llevará adelante el plan sugerido, Solanet indicó: «No creo que tenga otras alternativas. Puede llevarlas adelante, porque cada medida va acompañada por amortiguadores sociales». El directivo agregó que proponen que cada medida se tome desde inicio, pero que sus efectos sean graduales.

Para la fundación, la clave de la recuperación será la inversión privada, que deberá darse en un marco de reglas de competitividad. Para lograr el desarrollo sostenido, aseguran que es necesario encarar reformas estructurales que liberen las fuerzas del sector privado. Para eso proponen las siguientes medidas. En sus términos:

Reforma laboral. Se deberán privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad, lo que requerirá que se unifique la representación de los trabajadores de la empresa. Además, desde la fundación advierten sobre la necesidad de asegurar la libertad sindical, desregular y simplificar los controles administrativos de la autoridad de aplicación y de la policía laboral, aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Para reducir el costo y riesgo de despido, respetando los derechos adquiridos, recomiendan la supresión hacia adelante de la indemnización por despido, y a su vez formulan compensarla mediante un fondo y seguro de desempleo. Para llevar adelante esto, será necesario una reforma, mediante decreto o ley, de los artículos 17, 18 y 19 de la ley 14.250 de Convenciones Colectivas y de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo. También, recomiendan modificar mediante decreto reglamentario el artículo 84 de esta última ley.

Reforma de la administración nacional. Para alcanzar una mayor eficacia, eficiencia y reducir el número de empleados de la administración nacional, proponen incorporar la gestión por resultados, continuar la digitalización y decretar una nueva estructura en el marco de las atribuciones establecidas en la ley 25.164 de Empleo Público. La fundación incluso propone un organigrama con seis ministerios y una Jefatura de Gabinete. El decreto deberá establecer la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría. De forma transitoria y por 90 días, las unidades administrativas de la vieja estructura deberán ser asignadas a cada ministerio hasta que se cubran los cargos de la nueva estructura. Una vez completado el reencasillamiento del personal, los que no fueron reubicados quedarán en la condición de disponibilidad establecida por el artículo 11 de la ley 25.164, es decir, no cumplirán tareas, pero cobrarán sueldos por uno o dos años para evitar el costo social de que queden sin ingresos. Desde la organización proponen, además, incentivos a las empresas que contraten al personal que no fue reubicado, como eximir de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. También, para llevar adelante esta reforma, se deberá otorgar una jubilación temprana a quienes, quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de edad.

Reducción gradual de planes sociales. La fundación aconseja que ir reduciendo la ayuda a quienes menos lo necesiten e incentivar el otorgamiento de empleo generalizando, por ejemplo, el plan Empalme. «Se deben transformar los planes sociales en empleo», afirmó Solanet. A su vez, proponen suprimir los fondos asignados a la Economía Popular y realizar una auditoría internacional para revisar los excesos cometidos en la asignación fraudulenta de las prestaciones por invalidez.

Continuar con la reducción de los subsidios a la energía y al transporte. Sugieren normalizar en un plazo prudencial las tarifas y precios para que cubran los costos, contemplando una ganancia que incentive la inversión en el sector. Para amortiguar el impacto sobre los estratos de menores ingresos se propone un subsidio a la demanda, como puede ser la tarifa social.

Elevación de la edad jubilatoria. El plan sostiene que se debería igualar a mujeres y varones en 65 años y llegar en una década a los 70 años para ambos sexos. Dentro de la medida, se le reconocerá a las madres el equivalente a dos años de aportes por cada hijo hasta un máximo de 7 años.

Reforma de la Coparticipación Federal. La propuesta prevé el envío al Congreso de una ley que permita la devolución de potestades tributarias a las provincias (como Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos), el reemplazo de Ingresos Brutos por Ventas (son provinciales) y la calibración de este con la alícuota del IVA (es nacional) para empalmar con distribución primaria vigente. Sugieren la supresión de la coparticipación vertical y una compatibilidad con actual distribución secundaria mediante un Fondo de Redistribución Horizontal que produzca un empalme con el sistema vigente. Al tratarse de porcentajes inamovibles, recomiendan que los aumentos de los gastos de las provincias sean acompañados por impuestos provinciales adicionales. De esa forma, según explican en el plan, se alinearán los incentivos y se propenderá a gastar menos y mejor».

Eliminación gradual del impuesto al cheque y de los derechos de exportación. Esta medida deberá aplicarse a medida que se disminuya el gasto público, pero con un curso preestablecido por ley.

Formalizar Tratados de Libre Comercio. Desde la fundación sugieren trabajar en la concreción del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, acordar con Brasil y los otros dos socios del Mercosur la reducción del arancel externo común e iniciar la negociación de otros tratados bilaterales de libre comercio.

Permitir el uso de otras monedas. Para la fundación es necesario corregir las normas que impiden el uso de otras monedas, derogar el curso legal forzoso del peso y facilitar el uso de dinero electrónico. «No proponemos la dolarización, pero creemos que deberían circular libremente otras monedas, incluso en contratos o alquileres», añadió Solanet.

Desregulación y simplificación normativa. La organización apunta especialmente a las normas de la AFIP, del Banco Central (BCRA) y de otros organismos regulatorios, así como a «desandar las normas intervencionistas como la ley de Alquileres».

LA NACIÓN - Por Catalina Bontempo