Por Martín Kanenguiser - La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, le envió un mensaje por Twitter al presidente Alberto Fernández:

“Felicitaciones a Alberto Fernández por su toma de posesión como presidente de la Argentina. Compartimos en forma plena su objetivo de adoptar políticas que reduzcan la pobreza y fomenten un crecimiento sostenible. El FMI sigue comprometido a ayudar a su gobierno en este esfuerzo”.

El mensaje se conoció a las 15:30 de la Argentina, tres horas y media después de que Alberto Fernández jurara como presidente de la Argentina.

En su discurso, Fernández mencionó con un tono más moderado al FMI que a los bonistas del sector privado.

Sobre el organismo multilateral, dijo que quería tener una “relación constructiva”.

 “Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo”, afirmó.

Modelo fracasado

En cambio, en relación a los acreedores privados, afirmó que deben asumir el costo de haber invertido en “un modelo que ha fracasado en todo el mundo".

“El Gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con la cual obtener los dólares imprescindibles para pagarla. Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez. Nosotros queremos resolver el problema y para eso necesitamos que todas las partes trabajemos responsablemente”, afirmó.

La diferencia conceptual no es menor, dado que al FMI el Gobierno no le puede aplicar una quita, mientras que a los bonistas sí.

Lo que sí puede hacer el nuevo gobierno para repagarle al Fondo en un plazo más largo que el previsto en el Stand by firmado en 2018 (2021-2022) es firmar otro convenio, de Facilidades Extendidas, con un cronograma de repago a 10 años, a cambio de otras condiciones. Esto podría significar, según indicaron a Infobae negociadores en Buenos Aires y Washington, la necesidad de incluir el compromiso de asumir reformas estructurales, con determinados plazos.

De todos modos, la mayor urgencia en materia de renegociación está en los bonos bajo ley nacional; luego de pagar el vencimiento del jueves de USD 208 millones (USD 65 millones del sector público) y $19.000 millones en Lecaps (unos $4.000 millones del sector publico).

Por USD 205 millones en Letes y $17.300 millones en Lecaps -cuyos fondos ya fueron preparados por el Ministerio de Economía que condujo Hernán Lacunza hasta ayer- deberá acordar con los inversores institucionales (nacionales y extranjeros) el estiramiento del pago de estos títulos públicos.

En paralelo, debe comenzar a negociar con los tenedores de los bonos bajo ley extranjera. Según declaró antes de asumir Martín Guzmán, designado como ministro de Economía, a los bonistas se les planteará un plazo de dos años sin pagarles ni capital ni intereses. Los fondos de inversión aceptarían este plazo, pero quieren a cambio un bono para recapitalizar el pago de intereses.