Por Daniel Sticco - “El crecimiento económico está perdiendo vigor y la deuda pública sigue siendo elevada en todo el mundo. Al mismo tiempo, los cambios demográficos y los avances tecnológicos están reorganizando la economía. Las oportunidades que tenemos de recibir una buena educación, así como nuestras perspectivas de empleo y acceso a sistemas de salud y pensión de jubilación, están supeditadas a las decisiones tributarias y de gasto de los gobiernos para afrontar dichos retos”, parece un símil del primer mensaje que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio a la Asamblea Legislativa, en el acto de asunción. Sin embargo, se trata del primer párrafo que escribieron los economistas Vitor Gaspar, John Ralyea, y Elif Ture, en el Monitor Fiscal del blog “Diálogo a Fondo” del FMI.

Justamente, el Presidente le dedicó un tramo relevante de su discurso a la preocupación de la deuda pública, en particular externa, que acumuló la Argentina, puso el foco en el último gobierno, pero se trata de un proceso que se remonta casi al momento de la Independencia con el empréstito contraído con la Baring Brothers en 1824 por la provincia de Buenos Aires.

Alberto Fernández se refirió en total 13 veces, la primera: “La deuda externa en relación al PBI está en su peor momento desde 2004”; y luego sentenció: “Necesitamos aliviar la carga de la deuda para poder cambiar la realidad. Debemos volver a desarrollar una economía productiva que nos permita exportar y así generar capacidad de pago”.

Mientras que en otros pasajes de su discurso dijo: “Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar, hay que crecer. Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo".

No parece la única coincidencia entre Alberto Fernández y los estudiosos del organismo que le prestó a la Argentina desde junio de 2018 unos USD 45.000 millones, y que ahora el nuevo gobierno quiere renegociar los términos de devolución, y no pedir el remanente de unos USD 13.000 millones que esta pautado entregar hasta junio del año próximo: “Las oportunidades que tenemos de recibir una buena educación, así como nuestras perspectivas de empleo y acceso a sistemas de salud y pensión de jubilación, están supeditadas a las decisiones tributarias y de gasto de los gobiernos para afrontar dichos retos", agregan los economistas en su análisis.

También es seguramente compartida por Alberto Fernández y su equipo de inmediatos colaboradores en el área económico y social, como ayer lo dejó en claro el flamante ministro Martín Guzmán: "un nivel de endeudamiento elevado puede menoscabar la capacidad de las autoridades económicas de incrementar el gasto o recortar los impuestos para compensar la debilidad del crecimiento económico, porque posiblemente los acreedores estarán menos dispuestos a financiar déficits presupuestarios más amplios. Los pagos de intereses de la deuda también provocan un desplazamiento del gasto en educación, atención sanitaria e infraestructura, inversiones que ayudan a un país a crecer durante muchos años”, sostienen Gaspar; Ralyea y Ture en su análisis.

 Los autores del trabajo son economistas que forman parte del Departamento de Finanzas públicas del FMI; Vitor Gaspar, de nacionalidad portuguesa, es director, tras haber ocupado diversos altos cargos relacionados con la formulación de políticas en el Banco de Portugal; John Ralyea es el Economista Principal, previamente se desempeñó en el Departamento de Europa del FMI, donde participó en los equipos de Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y España, y en el Departamento Financiero; y Elif Ture de nacionalidad turca, trabaja en cuestiones de fiscalidad europea, como miembro del equipo de la zona del euro.

Mucha deuda y poca recaudación de impuestos

La fuerte devaluación del peso en los últimos 20 meses provocó en la Argentina un movimiento de pinzas, con un PBI que convertido a dólares se desplomó de unos USD 640 mil millones en 2017, con un tipo de peso excesivamente apreciado, es decir tipo de cambio barato, a menos de USD 450 mil millones ahora, con una cotización del dólar que se considera razonable en el mundo de los economistas, mientras que la deuda pública en términos de PBI se elevó de 49,5% a 70%, pese a en monto se redujo de USD 318 mil millones a USD 310 mil millones, en ese período.

Semejante proporción de deuda en términos de la generación de riqueza del país en las condiciones actuales es sólo comparable con la que registran las economías avanzadas, los líderes del planeta, con algunas excepciones. De ahí que por sí sólo el tamaño de los préstamos acumulados no pareciera ser un impedimento para crecer, sobre todo que en general toma deuda quien la puede pagar.

Pero mientras en los países desarrollados el proporción de los recursos tributarios que se destina al pago de los intereses de los créditos tomados a través de la emisión de títulos de la deuda pública, principalmente, representa entre 5% y 6% del total, en los países emergentes y de mediano ingreso, con una deuda que se ubica en torno a 50% del PBI sube a poco más de 13%; y en las naciones en desarrollo de bajo ingreso sube a un 20% de los ingresos; en la Argentina supera largamente el 21% de la recaudación de la AFIP.

Semejante desfase se explica principalmente por el historial de mal pagador del país, con varios default en su historial, incumplimiento no sólo de los pagos, sino fundamentalmente también de los compromisos de austeridad fiscal para poder reducir la presión tributaria, la inflación, crecer y recibir una buena calificación crediticio, bajo índice de riesgo país, que posibilite reducir genuinamente la carga de intereses, sin quitas ni postergaciones.

Recomendaciones de política

En esos casos de alto endeudamiento y alta peso de los intereses sobre el gasto total que provocan “un desplazamiento del presupuesto para educación, atención sanitaria e infraestructura, inversiones que ayudan a un país a crecer durante muchos años", como explican los expertos y ha comprobado repetidamente la Argentina, el trabajo de los economistas del FMI proponen una combinación de “incrementar los ingresos o reducir el exceso de gasto, donde los costos de endeudamiento son elevados y las necesidades de financiamiento son importantes, como en Brasil e Italia”, y ahora también la Argentina.

No parece muy diferente de una parte del primer mensaje de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa: “Vamos a poner en marcha Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia contando también con la participación de los Gobernadores de todo el país, con un criterio federal innovador, en clave productiva y social, más allá de lo meramente fiscal”, de modo de poder cumplir con otras de la recomendaciones de Vitor Gaspar, John Ralyea, y Elif Ture, en su paper en el blog Diálogo a Fondo: “mantener la inversión en educación, salud e infraestructuras, ya sea reasignando las prioridades del gasto o ampliando la base impositiva; por ejemplo, eliminando las exenciones tributarias y mejorando la administración fiscal".

Probablemente, el mayor disenso con los técnicos del FMI se encuentre en el tratamiento de las tarifas de los servicios públicos, porque mientras el nuevo presidente en funciones anticipó que es partidario de un congelamiento inicial, porque “hubo muchas familias que tuvieron que endeudarse para poder pagarlas”, al tiempo que se considera vital como ancla de la inflación, los fondomonetaristas recomiendan con insistencia “eliminar gradualmente los subsidios a combustibles y energía, protegiendo a la vez a los más vulnerables, para generar recursos adicionales, que se podrían invertir en las personas y el crecimiento"; así como también “poner el foco en la reducción de la evasión impositiva”, en el caso de la Argentina se estima cercana al 40% de la economía en su conjunto.