Por Martín Kanenguiser - Desconcertado por el rumbo que adoptará el nuevo gobierno, los máximos directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) convocaron a cuatro expertos para saber qué pasará con la deuda argentina.

Dos fuentes confirmaron el encuentro, encabezado por la directora gerente, Kristalina Georgieva, y su segundo, David Lipton, en el edificio de las calles 19 y H de Washington DC.

Hubo otra consulta, pero por escrito, con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, mentor del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Enfrente, estaban cuatro economistas, vinculados en el pasado al organismo multilateral: Carmen M. Reinhart de la Kennedy School of Government, Anne Krueger de la Johns Hopkins University, Claudio Loser del Centennial Group y un ex funcionario del Tesoro de los Estados Unidos.

Krueger fue la segunda del Fondo, debajo del alemán Horst Köhler, durante uno de los períodos más tensos de la relación con la Argentina, luego del estallido de la convertibilidad.

Desde su cargo, se resistió a toda costa a refinanciar la deuda argentina, hasta que tuvo que ceder por la presión del entonces presidente George W Bush.

Reinhart es una prestigiosa economista que asesoró a los principales directivos del organismo y que tiene una vasta trayectoria académica que incluye importantes escritos con sus pares Kenneth Rogoff y Guillermo Calvo, entre otros.

Loser, argentino, fue el auditor del Fondo para América latina en los 90, y fue desplazado en 2002, cuando el FMI adoptó una postura más dura hacia el país, justamente, con Krueger.

El encuentro consistió en preguntas de Georgieva y Lipton a los cuatro invitados, básicamente referidas a la cuestión de la sustentabilidad de la deuda.

Los asistentes destacaron que la nueva titular del Fondo tiene una mirada positiva sobre el caso argentino, pero que está desconcertada sobre el rumbo que adoptará, más allá de su discurso, el nuevo gobierno argentino.

Amable y sencilla, la funcionaria de origen búlgaro se distingue de su predecesora, la francesa Christine Lagarde.

En cambio, Lipton tiene una amplia experiencia en el caso argentino, ya que fue integrante de una misión en la década del 80 y, luego de su paso por la función privada y por el Tesoro, fue un interlocutor privilegiado de los últimos gobiernos del país.

Por lo tanto, cuesta que Lipton se sorprenda cuando un funcionario argentino le jura que el rumbo del país se ha vuelto sustentable.

La mayoría de las preguntas del encuentro apuntaron hacia la cuestión de la deuda del país con los bonistas del sector privado, que el gobierno de Mauricio Macri anunció que reestructuraría, dado el cierre de los mercados voluntarios y de los desembolsos del propio organismo.

Los funcionarios del FMI querían saber qué hay más allá de los “fuegos artificiales” del discurso de Fernández en torno de la deuda, cuando el Presidente asegura que recién pagará cuando el país vuelva a crecer, como si no fuera necesario arreglar con los acreedores para obtener recursos y así crecer sin apelar a una emisión desmedida.

Los economistas le expresaron que si bien Fernández enfrenta una situación difícil, Macri avanzó en el ajuste de las cuentas públicas, dado que el país tiene superávit en la cuenta corriente y a nivel comercial, además de un déficit fiscal primario menor que en 2015.

También hubo intercambio con otros reconocidos economistas, con el objetivo de componer un cuadro de situación que le permita al organismo sentarse a negociar formalmente con el Gobierno, luego de las conversaciones iniciales que hubo con Fernández y con el ministro de Economía, Martin Guzmán.

De hecho, el vocero del Fondo, Gerry Rice, dijo en una conferencia de prensa que los primeros contactos con el Gobierno han sido positivos, que quieren tener una relación bilateral constructiva y que esperarán conocer al plan económico oficial para avanzar en la renegociación del acuerdo.

Y aunque Guzmán y Fernández dijeron que el Gobierno no quiere más desembolsos del Fondo, en realidad fue Washington quien los suspendió hasta que el país no explique cómo repagará los USD 44 mil millones prestados desde 2018.

A diferencia del acuerdo con los bonistas, que puede incluir una quita en los títulos públicos, con el FMI las opciones son más acotadas: o se cumple con el programa actual –que Rice dijo que está vigente– o se negocia uno de mayor plazo (Acuerdo de Facilidades Extendidas), para repagar en 10 años.

Pero ambas negociaciones están ligadas, ya que muchos bancos quieren que el FMI supervise el programa argentino para saber si tiene capacidad de repago o no.