Por Pablo Wende - Doble indemnización y aumento de las retenciones al campo. Las primeras
decisiones concretas adoptadas a través de DNU por parte del gobierno de
Alberto Fernández no sorprendieron a nadie. Las empresas que estaban
pensando en achicar personal ya habían avanzado con despidos porque
temían que con el cambio de administración podría volverse más complicado. Y
las liquidaciones agropecuarias batieron todos los récords en
diciembre para adelantarse a un posible aumento de la presión tributaria. Lo
que viene por delante también estará dentro de las medidas “cantadas” hace ya
varios meses.
El “dólar
turista” es un buen ejemplo. ¿Cuál es el sentido de hacerlo si la brecha
entre el tipo de cambio oficial y el “libre” apenas supera ahora
el 5%? Justamente que el público estaba acelerando la compra de pasajes y paquetes al
exterior para protegerse de una medida de estas características. Cada operación
en ese sentido implica una pérdida de reservas para el Banco Central. La
balanza turística, aún luego de las maxidevaluaciones, todavía representa un
drenaje de más de 5.000 millones de dólares al año. La idea es que ahora
quien quiera viajar utilice los dólares que ya venía ahorrando en vez de
aprovechar la tarjeta para arbitrar entre los distintos tipos de cambio.
Un cálculo
realizado por Quantum Finanzas, la consultora de Daniel Marx (que fue
designado recientemente como asesor en el reperfilamiento de deuda) alertó
sobre el verdadero nivel de reservas “netas” que dejó el gobierno anterior. No
serían USD 12.000 millones como dejaban trascender desde el Central o USD
15.000 millones como también se dijo luego de las compras que efectuó el BCRA
en el mercado cambiario. Según el estudio, ascienden en realidad a sólo USD
8.500 millones. Esos serían los dólares disponibles para enfrentar los
vencimientos de deuda hasta que llegue la reestructuración. A duras penas
el nuevo Gobierno llegaría a marzo de 2020 en esas condiciones.
Dentro del “set” de
medidas esperables se encuentra una que generó fuerte repercusión en los
últimos meses: un aumento de la alícuota de Bienes Personales. El
propio Alberto Fernández señaló en varias oportunidades que pediría un esfuerzo
especial a los que más tienen para atender la emergencia del 40% que cayó en la línea de pobreza.
La decisión de
aumentar la presión sobre este impuesto ya está tomada. Pero hasta ahora no se
había avanzado sobre la futura alícuota del impuesto. Éste fue uno de los
temas que abordaron en las últimas hora los integrantes de la “mesa chica” del
gabinete de Alberto Fernández. Allí participan el ministro de Economía, Martín
Guzmán, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, el ministro de
Producción, Matías Kulfas, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Además de ir a una
alícuota mayor (que debería ir a niveles máximos de 1,25% ó 1,50%), uno
de los puntos que se mantiene en discusión es si finalmente gravar en forma
diferencial a los activos que los argentinos mantienen en el exterior. No
se trata de aplicar mayor presión sobre los que entraron al blanqueo hace
dos años, porque estos contribuyentes ya regularon su situación ante el
fisco y también ante la ley penal tributaria.
Pero sí podría
diferenciarse entre aquellos que mantienen sus activos localmente y
aquellos que manifiestan tenerlos fuera de la Argentina,
incluyendo cuentas bancarias o inmuebles. Una decisión en este
sentido es urgente porque se trata de un tributo que se paga según la
“foto” al 31 de diciembre, es decir que quedarían pocos días hábiles para
adoptar una resolución.
Sergio Massa, ahora
presidente de la Cámara de Diputados, ya había propuesto hace dos años cuando
se avanzó con la reforma tributaria aplicar un gravamen especial para
los activos externos. Esto fue rechazado por Cambiemos, pero en aquel
momento se decidió subir la alícuota de Bienes Personales de 0,25% a 0,75%,
además de instaurar un nuevo gravamen: renta financiera. Aquellas medidas
fueron duramente criticadas por el núcleo duro de votantes de Mauricio Macri,
que había ingresado al sinceramiento fiscal con más USD 110.000
millones para que al poco tiempo les cambiaran las reglas de juego.
Otro de los puntos
que podrían finalmente incluírse dentro de las nuevas medidas está relacionado
con la posibilidad de gravar las donaciones gratuitas, dentro del denominado
“impuesto a la herencia”. El objetivo principal de una medida de estas
características no sería recaudatorio. En realidad, se buscaría cortar un
instrumento clave para eludir el impuesto de Bienes Personales, que son los
fideicomisos (o “trust”) irrevocables. Se trata de una figura que permite al
contribuyente desapoderarse de sus activos y dejar de tributar.
Sin embargo, si esa
“donación” al fideicomiso comienza a estar gravada, ya sería imposible
efectuarla. En los últimos tres meses crecieron en forma exponencial las
consultas a tributaristas y estudios de abogados de contribuyentes
explorando esta alternativa para no quedar sujeto a una mayor presión
tributaria por su patrimonio.
El Gobierno busca
tanto con los proyectos de ley de emergencia económica como de solidaridad
social que se elevarán al Congreso la próxima semana tener el camino allanado
para dos objetivos simultáneos: la creación de nuevas fuentes de ingresos
(retenciones, dólar turista, Ganancias y Bienes Personales), pero también un
aumento del gasto vía suba extraordinaria de jubilaciones, asignaciones
sociales y empleados públicos. De esta manera, el aumento del gasto
estaría compensado con un aumento de la presión tributaria. Al mismo
tiempo, caería el Pacto Fiscal, con lo que los gobernadores tendrían vía
libre para volver a subir impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos.
Los mercados
reaccionaron favorablemente a las primeras señales de Guzmán en el ministerio
de Hacienda. Sus primeras declaraciones llevaron cierta tranquilidad: el
plan económico del nuevo gobierno no apunta a convertir a la Argentina en una
nueva Venezuela ni mucho menos. Pero a partir de ahora la mirada estará
puesta en las condiciones que tendrá el canje de deuda (se supone bastante más
agresivo de lo indicado inicialmente) y también si lentamente empieza a
recuperarse la confianza, luego del verdadero terremoto que sacudió a la
economía a partir del 11 de agosto.
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