Por Juan Gasalla - Los operadores del mercado financiero reaccionaron a los anuncios efectuados esta mañana por el ministro de Economía Martín Guzmán. Y lo hicieron de forma ambigua.

Por un lado, los precios de las acciones retrocedieron, ante la perspectiva de una inversión debilitada por las restricciones, en el marco de una actividad económica que seguirá resentida.

Por el otro, se observó una notable mejora en la cotización de los bonos, frente a un Gobierno preocupado aumentar sus ingresos a través de la presión tributaria y los controles, con el objetivo de sumar divisas para hacerle frente a los vencimientos. Así, el Riesgo País de JP Morgan retrocedió más de 6% para la Argentina debajo de los 2.000 puntos por primera vez en dos meses.

Entre las definiciones del jefe de Hacienda sobre el proyecto de ley de Emergencia Económica enviado al Congreso -recaratulado como “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”- destacaron la extensión del impuesto de 30% a la demanda de divisas para atesoramiento, el aumento de las retenciones al agro y la suspensión del impuesto a la renta financiera para plazos fijos y bonos en pesos.

Además, el proyecto especifica que el Tesoro podrá emitir casi USD 4.600 millones en Letras, que podrán ser colocados en el activo del Banco Central –como Letras Intransferibles- a cambio de divisas con las que se podrán afrontar pagos de deuda en moneda extranjera.

Aunque no puede hablarse de un ajuste en el plano fiscal, el ministro Guzmán confirmó que se impulsará un cambio en el esquema de actualización de haberes, para escindirlo de la indexación por inflación, habida cuenta que más del 40% del gasto público consiste en el pago de jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el salario familiar y las prestaciones no contributivas.

“Estamos tomándonos 180 días para reemplazar una fórmula que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener niveles elevados de crecimiento por otra fórmula que tiene que ser consistente y razonable”, puntualizó Guzmán.

Luego de los anuncios, la Bolsa porteña operó en baja, con una clara toma de ganancias de 2% para las acciones, luego de acumular cuatro sesiones consecutivas de avances en pesos, en las que había sumado una ganancia de 8 por ciento.

El índice líder S&P Merval de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) terminó en torno a los 37.000 puntos. Entre las acciones que más retrocedieron se destacaban las del segmento energético, ante la confirmación de un congelamiento de tarifas por seis meses.

Una carga tributaria que aumenta para el sector privado y con una actividad económica que probablemente no ofrecerá signos de expansión en 2020 atentan contra la inversión financiera en títulos privados, es decir, la renta variable.

El contrapeso lo aportaron los bonos soberanos, que en las emisiones dolarizadas y del tramo corto de la curva mejoran 6% en dólares en promedio y hasta 8% medidos en pesos. Como consecuencia de la evolución de las cotizaciones, el Riesgo País se desplomó 137 unidades o 6,5%, a 1.977 puntos básicos, la cifra más baja desde el pasado 15 de octubre.

Un análisis de Portfolio Personal Inversiones ponderó que el joven ministro “ratificó que no habrá cambios en relación a los controles de capitales, pero si habrá modificaciones en relación a las cuentas fiscales. El Gobierno buscará equilibrar el aumento del gasto con mayores ingresos” a través de tributos como retenciones y bienes personales, a la vez que “destacó que no puede permitir que déficit fiscal crezca, y que no financiarían el déficit con emisión, remarcando que todas las medidas están orientadas a estabilizar la inflación”.

Los analistas del Grupo SBS estiman que por el aumento de los derechos de exportación se “elevaría la recaudación por derechos de exportación en 0,3% del PBI adicionales a los cambios del sábado, llegando a un agregado de 0,7 punto porcentual del PBI con respecto a 2019”. A la vez, el anunció un bono de $2.000 para los beneficiarios de la AUH y dos de $5.000 para los jubilados que perciben el haber mínimo, supondrá un costo fiscal directo de 0,15% del PBI.