La aprobación del megapaquete de emergencia, enviado por el oficialismo al Congreso, implicó el fin del impuesto a la Renta Financiera como se lo conocía hasta ahora, un tributo que podría considerarse polémico, no sólo por cómo fue instalado (y modificado), sino también por la poca eficiencia al momento de recaudar. Con más penas que gloria, la AFIP pudo captar apenas $9.000 millones a través de dicho impuesto, de acuerdo con datos del extitular del organismo, Leandro Cuccioli, cuando se estimaba que podría llegar al 0,2% del PBI, una cifra de todos modos insignificante en términos de recaudación, y que terminó trayendo más problemas que soluciones a la economía.

El macrismo aprobó este impuesto a fines de 2017 como exigencia del Frente Renovador, que estaba a cargo del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El mismo no tenía sólo problemas operativos, ya que los contadores debían realizar por separado las liquidaciones de Ganancias, bienes personales y del impuesto cedular, sino que además coincidió en abril de dicho año con la sequía del campo y con una fuerte salida de capitales desde los países emergentes hacia los desarrollados, luego de que las tasas de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años alcanzara el 3%, en medio de una mayor aversión al riesgo.

A partir de ahora, los depósitos a plazo fijo a tasa fija dejarán de pagar el tributo. En su momento, esta fue una de las medidas más cuestionadas, producto de la elevada inflación, dado que uno de los principales postulados del Frente Renovador era frenar la “timba” financiera, mientras que este impuesto terminaba impactando sobre ahorristas de clase media, con ganancias en torno de los $66.000 anuales, sin descontar el efecto inflacionario del período. Tampoco lo harán los bonos en pesos y en dólares. Vale recordar que en 2018, debido a los fenómenos mencionados anteriormente, la Argentina sufrió una crisis cambiaria que aceleró la suba de precios, dejando una inflación acumulada del 47,6% para todo el período. Sí lo pagarán aquellos vinculados a la evolución del UVA, un indicador que está atado al Índice de precios. También pagarán este impuesto las operaciones por transacciones de acciones y ADR u obligaciones negociables y las criptomonedas.

Lo que se deje de recaudar por este impuesto será compensado fácilmente por alguno de los otros tributos impulsados en la Ley de Solidaridad. El aumento de la carga tributaria va en línea con la intención del Gobierno de alcanzar un equilibrio fiscal primario. El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo en conferencia de prensa que no hay margen para seguir aumentando el gasto ni para seguir financiando el déficit con emisión, como ocurrió durante los últimos años del kirchnerismo, llevando la inflación a niveles por encima del 25%, cifra que fue ampliamente superada durante la gestión de Mauricio Macri y que en el último año de gestión alcanzó el 60%. Su modificación es una buena señal, pero todavía es muy temprano para determinar cuál será el impacto efectivo del programa que está impulsando el Ejecutivo.