Por María Julieta Rumi - Desde antes de que se enviara el proyecto de ley de emergencia económica -que se aprobó el sábado pasado a la madrugada-, técnicos del Banco Central (BCRA) realizan simulaciones para entender cuál es la situación de los tomadores de créditos UVA, y, según sus cálculos, actualmente el promedio de las familias dedica mensualmente entre un 28 y un 29% del sueldo al pago de la cuota (en el origen del sistema se partió de una relación que podía llegar a un máximo del 25%), lo que no constituiría a su entender una situación dramática.

Pero, más allá de esto, hay 70.000 familias de las 115.000 que tienen estos préstamos que, si se mantuviera el régimen vigente, tendrían un salto en la cuota del 20% en enero, cuando cese el congelamiento que estableció en agosto pasado el entonces presidente Mauricio Macri. De allí que se espera que el directorio del Banco Central tome próximamente una decisión política, que podría ser que bancos y deudores se distribuyan el costo del aumento de la inflación, por ejemplo, a través del establecimiento de una cuota intermedia entre el ajuste por UVA (equivalente al aumento de los precios) y el que hubiera resultado de aplicar el coeficiente de variación salarial (CVS).

Esto sería consistente con lo que estableció la ley de emergencia, que encomendó al Central a realizar "una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias" del sistema de préstamos UVA y a "estudiar mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor".

Respecto de los deudores, en el BCRA dicen que hay dos enfoques posibles: uno estrictamente patrimonial y otro que analiza la relación de la cuota frente al ingreso mensual. En cuanto a lo primero, dicen que efectivamente los deudores ganaron en patrimonio por el aumento del valor de los inmuebles medido en pesos, independientemente de la fecha en que hayan sacado el préstamo.

Pero lo que les preocupaba era ver en qué estado estaba la relación cuota/ingreso. Y lo que descubrieron es que si se toma la variación de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), la relación da entre un 28% y un 29%, lo que no constituye, a su juicio, una situación dramática.

Sin embargo, también analizaron la relación entre la cuota y los ingresos para casos de gremios con paritarias que quedaron muy retrasadas respecto de la inflación y descubrieron que para los empleados textiles o del transporte el coeficiente cuota/salario alcanzó el 37% en julio pasado y luego bajó a 31% o 32% cuando tuvieron algún aumento del sueldo. Sin embargo, incluso en estos casos dicen que el escenario no reviste gravedad.

"La referencia histórica es la circular 1050 [en tiempos de la última dictadura militar], en la que la gravedad de la indexación fue masiva y el Estado tuvo que intervenir dando una respuesta generalizada para un problema crítico", recordó una fuente al tanto del análisis. Y agregó: "Ahora en lo técnico no es así. No sé si desde lo político van a decir algo, pero no es algo masivo", consideró.

Ante la proximidad de la fecha establecida como límite, resta esperar a la reunión que el directorio del BCRA realizará el jueves próximo, en la que podría tomar una decisión política para morigerar la situación de aquellas 70.000 familias. Según algunos técnicos, no habría razones de fondo para eliminar el sistema, más allá de que se pueda retocar el índice de actualización.

En tanto, fuentes del Colectivo Nacional Hipotecados Uva Autoconvocados mostraron su satisfacción porque el tema haya sido incluido en la ley, aunque consideraron que "la lógica del esfuerzo compartido debe contemplar que el sistema financiero resultó ser un gran beneficiario de las políticas impulsadas por el anterior gobierno, que le garantizaron a los bancos ganancias extraordinarias". En este sentido, volvieron a pedir el congelamiento de la UVA para la cuota y el capital.