Por Virginia Porcella - Con la promulgación de la Ley de Solidaridad Social entró en vigencia el recargo de 30% al valor del dólar para un conjunto de operaciones, particularmente el atesoramiento. La medida, como dijo el presidente Alberto Fernández, apunta a “terminar con la práctica de los argentinos de ahorrar en dólares”. No se trata de una política de incentivos para retener voluntariamente los pesos –de hecho, las tasas de interés promedio del sistema para un plazo fijo a 30 días está en 40%, es decir, debajo de la inflación- sino más bien de una política del garrote que castiga la intención de lograr un refugio.

La iniciativa está claramente inspirada en la idea de pesificar la economía que promueve Mercedes Marcó Del Pont, hoy titular de la AFIP, ex presidenta del Banco Nación entre 2008 y 2010 y luego presidenta del Banco Central entre 2010 y 2013. Fue durante su gestión en el BCRA que se impusieron las primeras restricciones del cepo. Marcó del Pont es una de las voces más influyentes en materia económica del entorno del Presidente. Fue, por caso, quien le acercó a sus dos espadas, Matías Kulfas y Cecilia Todesca, ambos también ex funcionarios del BCRA en tiempos del cepo de Cristina. Pocas semanas antes de la asunción del Gobierno, Marcó del Pont anticipaba el plan de pesificación, más allá del desdoblamiento cambiario. Bien leídas, sus declaraciones prácticamente anunciaban la combinación del impuesto al dólar con el cepo.

En un informe de su fundación FIDE de principios de noviembre, la economista proponía una “estrategia integral para desdolarizar la economía”: “El desdoblamiento sin control de cambios no luce como el camino más eficiente para restablecer condiciones de estabilización monetaria y cambiaria”, aseguraba, aunque reconocía insuficiente “apenas una medida del BCRA” para lograr la desdolarización.

De todos modos, el Gobierno parece ir por la senda trazada por Marcó del Pont. “Alberto se pelea con la fiebre. En vez de atacar el origen de la enfermedad, ataca el síntoma”, opina Gabriel Camaño, director de la consultora Eco Ledesma. Para el economista, no existe ninguna chance de que el set de restricciones que impone la nueva ley tenga éxito en ese sentido sin políticas fiscales y monetarias prudentes. “En caso de lo que sean –agrega-, la gente vuelve al peso, ya ha pasado. Pero la realidad es que no se sabe nada de la política integral: cuánto de lo que se gana por un lado se va a perder por el otro. Con la ley mostraron el martillo pero no dijeron cómo lo van a usar”, dijo el consultor.

Ahorrar en pesos

Lo curioso es que, en línea con lo que planteó el Presidente, existe una mayoría de argentinos que estarían dispuestos a ahorrar en pesos. Así lo refleja una encuesta a nivel nacional publicada la semana pasada por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UADE. Según el relevamiento, 76% de los entrevistados con predisposición al ahorro lo haría en efectivo y en pesos. Sin duda, ese porcentaje revela el bajo nivel de educación financiera y la escasa promoción de herramientas básicas de ahorro como un plazo o fondo común de inversión.

“El punto es: no es que la gente no esté dispuesta a ahorrar en pesos sino que en las experiencias que ha tenido ha salido muy perjudicada. Por eso se pasa al dólar, lo que ya implica un mayor conocimiento financiero”, explicó Fausto Spotorno, director del CIS. “Con una macroeconomía sana y estable, es suficiente para que en la práctica se vaya pesificando la economía”.

En otras palabras, para el economista, la pesificación se logra con confianza. No con medidas. “En todo el paquete de la Ley de Solidaridad, lo que hay son medidas de castigo, no de estímulo. Se castiga la compra de dólares pero no hay ningún incentivo ni intento de seducción al inversor”, dijo.

El esquema global del plan es un ajuste fiscal con intentos de redistribución. Cuál será el impacto final, es más difícil de predecir. De ahí que surjan nuevas dudas respecto del efecto que tendrán las medidas de recomposición de ingresos de los sectores más postergados. Por caso, el bono para los jubilados y la AUH implicaría una inyección de unos $ 20.000 millones. Previsiblemente, ese dinero se destinará a consumo y mejorarán los índices de ventas. El tan esperado veranito.

Sin embargo, ese repunte no necesariamente conlleve un aumento de producción ni recuperación de la actividad. “Para generar una reactivación, lo que se necesita es un cambio de expectativas. Y eso no se está dando. Porque la clave está en qué decide hacer aquel que vaya a vender un poco más gracias a las medidas. Probablemente, en vez de animarse a producir más, simplemente decide mejorar su margen”, coincide Camaño, quien insiste en que falta conocer el verdadero plan más allá de la ley para saber si, en definitiva, será la normalización de la economía y no tanto el recargo del 30% más el cepo lo que contribuya a una pesificación.