Por Andrés Sanguinetti - Por entender que la eliminación del IVA a la canasta de alimentos básicos no cumplió con el objetivo de fomentar mayores ventas o de frenar la caída del consumo, el presidente Alberto Fernández decidió no extender la medida que había sido puesta en práctica por el anterior gobierno de Cambiemos.

Pensada por la gestión de Mauricio Macri para atenuar el impacto de la última devaluación, el beneficio fue lanzado el 16 de agosto pasado y abarca la compra de unos 15.000 productos.

Su vigencia vence este martes 31 de diciembre y entre los funcionarios del Gobierno vinculados con esta medida entienden que no fue productiva teniendo en cuenta que los últimos datos sobre ventas en los supermercados e hipermercados siguen dando cuenta de una preocupante recesión.

De todos modos, por estas horas todavía se analiza cómo desactivar esta medida sin resentir los bolsillos de los consumidores ya que existe la posibilidad de que el restablecimiento total del impuesto genere una suba de precios en gran parte de los artículos alcanzados hasta ahora por la excepción. 

Entre las posibilidades está la de que el IVA se aplique con una alícuota menor a varios alimentos. Esto sería posible ya que algunos productos, como la carne y el pan actualmente tributan un IVA del 10,5% y está en estudio que ese porcentaje sea extendido a muchos otros artículos, en especial los que se encuentran en la canasta básica. Es más, de prosperar esta idea, podrían coexistir dos IVAS, uno del 21% y otro del 10,5%, según el producto.

Otra estrategia en análisis es restablecer el total de la alícuota pero de manera escalonada. Es decir, un 7% en enero, y dos porcentajes similares en febrero y marzo próximo hasta alcanzar nuevamente el 21% del impuesto.

También circuló la versión de que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Macri en agosto pasado para dar luz a esta medida sea prorrogado por otros 180 días por el presidente Alberto Fernández. Esta posibilidad se basa en que todavía no se encuentran terminados los programas y planes sociales que se llevarán a cabo para mejorar la situación de los sectores más castigados por la crisis y que, entonces sería conveniente no aplicar mayor presión en los precios.

Como antecedente se tiene en cuenta la decisión del propio Presidente de frenar la suba del 5% de los combustibles que YPF había anunciado pero que finalmente debió dar marcha atrás ante la orden del Jefe de Estado que tuvo en cuenta precisamente el escenario recesivo de la economía como atenuante para impedir el incremento.

De todos modos, a esta hora de la tarde de este lunes todavía desde el Ministerio de Desarrollo Productivo no había información sobre la decisión final, pero se descuenta que con el transcurso de las horas se terminará de definir de qué forma se resolverán las incógnitas que plantea el IVA.

En la decisión de volver a aplicar el impuesto sobre los alimentos pesa también el costo fiscal que hasta ahora ha tenido la medida y la necesidad de fondos que tiene el flamante gobierno del Frente de Todos.

Como ejemplo se puede citar un estudio elaborado por la Fundación Mediterránea en el que se asegura que la aplicación de esta rebaja en las 14 categorías de la canasta básica que fijó Cambiemos y que abarca entre 1.500 y 2.000 ítems ha tenido un costo fiscal cercano a los $11.300 millones.

Para dar con esa cifra, el informe toma en cuenta datos de consumo de alimentos entre agosto y diciembre y advierte que, junto con el resto de los impuestos coparticipables que también fueron modificados como Ganancias, la Nación comparte ese costo con la ANSES y las provincias que fueron las que presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la medida de Macri.

Desde los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo entienden además que el IVA cero beneficia a todos los sectores por igual cuando en realidad debería permitir mejorar la calidad de vida de aquellos sectores más vulnerables frente a la crisis económica que sufre la Argentina.

De este modo, explican que el impacto que tendrá la aplicación del 21% en los precios de los alimentos será mínima y en todo caso afectará a sectores con mayores recursos para enfrentar el escenario.

En tanto que para los más castigados habrá varios programas y planes nuevos que impactarán positivamente en la capacidad de compra como, por ejemplo, sostener el IVA cero sólo en los planes sociales que lanzará el Ministerio de Desarrollo Social.

Es decir, en el Programa Alimentar para la compra de alimentos, artículos de limpieza, higiene personal y bebidas sin alcohol que en algunas ciudades del interior ya se aplica.

Se trata de un plan diseñado por la cartera que dirige Daniel Arroyo y que beneficia a jubilados, pensionados, titulares de planes como los de Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Anses y de asignaciones y planes sociales.

Está orientado a atacar las urgencias de los sectores sociales más vulnerables que, según la mirada del Gobierno, fueron los más perjudicados por las políticas de Macri.

El programa es gratuito y su principal herramienta para cumplir con los objetivos planteados por Arroyo es la tarjeta social que se distribuirá entre 4 a 5 millones de personas y que será emitida por el Banco Nación de forma gratuita. Servirá para abastecerse de productos de canasta básica con límite diario y semanal de compra, con precios especiales y sin IVA para esos sectores.

De manera complementaria a este programa, la AFIP pondrá en marcha a partir de finales de enero otra medida orientada a incrementar el poder adquisitivo de los sectores de menores recursos.

Se trata de la devolución de hasta $700 por mes en las compras que realicen con tarjeta de débito los mismos beneficiarios de la tarjeta social.
Y precisamente el monto a devolver surge de calcular qué impacto tiene el IVA en las compras de estos sectores. De hecho, se supone que el reintegro llegará a los $1.400 cada 30 días debido que se calculan dos beneficiarios por hogar.

Otro de los planes vinculados con las mismas políticas de fomento al consumo será Precios Cuidados.  El programa vence el 6 de enero próximo y el Gobierno negocia con las empresas productoras de alimentos su ampliación a más productos.  El objetivo oficial es el de cerrar un programa que contenga artículos de primera marca a precios menores a los que en la actualidad se comercializan en las góndolas de los supermercados y en los almacenes.
En otras palabras, una rebaja de hecho logrando que muchos de los artículos líderes se incluyan en Precios Cuidados, con valores diferentes a los actuales. Y también que las empresas compensen otras subas dudosas con más artículos más baratos en el programa, además de que no haya más incrementos por lo menos en los próximos meses.

Esto se debe a que, para el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tras la implementación del IVA cero en agosto pasado hubo una serie de incrementos sin fundamentos que, en algunos casos particulares como los de los pañales fueron del 70%. O la de los aceites y las harinas, también en la mira oficial.

Por eso, se le pidió a las empresas que en los próximos días acerquen a Economía material que justifique esos incrementos, que expliquen de alguna forma esa evolución de precios que se dio a pesar de la no aplicación del IVA.

Para los funcionarios el esquema ideado por Macri no funciona ya que el impacto positivo de la eliminación del 21% se licuó rápidamente por esas subas que llamaron la atención. Acusan a las empresas de haber incrementado los precios y quedarse con el IVA.

Las empresas tendrán que aportar sus primeras marcas a precios diferentes a los vigentes para el nuevo programa de Precios Cuidados versión 2020 que arrancará el próximo 6 de enero.

Pero más allá de todas estas medidas orientadas a los sectores de menores recursos, está claro que de no haber otros planes similares, para el resto de la sociedad y más que nada para la clase media, a partir de este jueves habrá aumentos consistentes con la aplicación del 21% al precio de los productos que sugiere el regreso del IVA.

En varias empresas alimenticias y en las cadenas de supermercados ya advierten sobre esta posibilidad al sostener que sería un freno a las iniciativas del propio Gobierno para fomentar una rápida recuperación del consumo.

Si bien avalan su continuidad para las clases bajas y admiten que podrían captar gran parte de ese alivio, anticipan subas generalizadas que hasta podría desactivar el impacto positivo y el cambio de expectativas que busca Alberto Fernández en sus primeros días al frente de la Casa Rosada.