Por Claudio Zlotnik - Las medidas no formaron parte de un anuncio de plan económico integral, ni de un plan antiinflacionario. Pero se trata de un set de iniciativas que, juntas, generan un verdadero shock desindexatorio. Y tendrán un previsible impacto en la macroeconomía que, al menos por ahora, parecen desestimar algunas de las principales consultoras de la City.

Se trata de novedades que fueron anunciadas de manera inorgánica -independiente una de la otra- pero que tendrán un efecto en el corto plazo, ya que todas van en el mismo sentido: quitarle presión a la dinámica inflacionaria.

Eso no significa que el plan vaya a ser exitoso en el largo plazo. Más bien, se trata de un hecho que no puede subestimarse, ya que forman parte de una de las principales novedades del plan económico "albertista" que conduce el ministro Martín Guzmán.

Un punteo de esas medidas pone blanco sobre negro el escenario. Desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada: la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por seis meses; y por 120 días para el transporte público de pasajeros; la suspensión de aumentos en los combustibles (sin fecha para nuevas actualizaciones); y la prórroga por un mes del congelamiento de las cuotas actualizadas por UVA.

Antes del último fin de semana, el Gobierno otorgó por decreto aumentos salariales a cuenta de futuras paritarias por un monto fijo ($4.000) evitando una recomposición de un porcentaje de los sueldos, que hubiese sido lo más justo.

También desde este lado, la Casa Rosada intenta dar una señal de mesura, cuidando el vínculo con el empresariado. El incremento, a cuenta de las futuras paritarias, terminó por ser más un gesto político que una medida con impacto decisivo sobre la actividad económica.

Y, de paso, Alberto F. evitó cualquier argumento de que un decreto para aumentar sueldos pueda terminar en una mayor presión inflacionaria.

Más bien al contrario, en algunos sectores del sindicalismo -por caso, el que responde a Hugo Moyano- quedó un sentimiento de desconfianza luego de este aumento salarial por decreto, porque se lo interpreta como un posible intento por interferir en el normal desarrollo de las paritarias y en promover una "redistribución" salarial que achate la pirámide. Es decir, que la mejora para las franjas de menores ingresos traigan como correlato una desmejora en los segmentos de ingresos más altos.

Y por cierto que no pasó inadvertida la frase del Presidente en el sentido de que no hay que hacer "pedidos desmedidos", de manera de evitar que haya repercusiones indeseadas en la economía.

La fórmula optimista: congelamiento y controles

El último y determinante punto que tiene como objetivo la desidexación es un clásico de los planes econóimicos argentinos: la cotización del dólar "oficial" como ancla inflacionaria.

El Banco Central intentará mantener la paridad en torno a los $63, al menos hasta que avance la negociación con los acreedores por la deuda.

En este comienzo de año, el Gobierno tendrá el desafío de quebrar las proyecciones de las consultoras más renombradas de la City que, salvo excepciones, plantean que la inflación de este año será apenas más baja que la de 2019. Incluso, Orlando Ferreres estiman que se ubicaría cerca del 55 por ciento.

La pregunta clave, en todo caso, refiere a la magnitud del descenso de la inflación. En qué medida, estas medidas oficiales frenarán la dinámica de los precios, que viene desde hace varios años en ascenso imparable.

A sabiendas de esas expectativas, el Gobierno se muestra muy decidido no solamente con las medidas que toma sino también con los gestos hacia los agentes económicos.

Martín Guzmán aclaró de movida que no habrá excesos en la emisión de dinero. "Recurrir a la emisión monetaria sería desestabilizante para los equilibrios macro", refrendó el ministro de Economía en varias oportunidades.

La idea que tienen en el Palacio de Hacienda es que la desaceleración inflacionaria será notable -los funcionarios se resisten a dar proyecciones propias- y que esa realidad será reactivante.

En el equipo económico destacan esto último -la mejora de la actividad- frente a algunas voces negativas que se escuchan desde el gremio de economistas profesionales, que le asignan un gran peso cíclico -a favor de la recesión- a algunas de las medidas tomadas, como el alza de las retenciones al campo y la suspensión de la fórmula que actualiza jubilaciones y beneficios sociales.

Mientras tanto, en la City, los colegas de Guzmán muestran una visión más pesimista. ¿Quién tiene el mal diagnóstico? Algunos ejemplos: Ecolatina sostiene que la inflación 2020 rondará 41,5%; Fundación Capital (Martín Redrado), el 42%; Quantum (Daniel Marx), el 43%; LCG y Analytica, coinciden en el 45% anual. Y, lo señalado, Ferreres arriesga el 55 por ciento.

De hecho, las consultoras que releva el Banco Central a través del REM estimaron una inflación para todo 2020 de 42,2 por ciento.

Primeros reclamos

La contracara de lo que busca el Gobierno -una sensible desaceleración mediante un cambio estructural en el funcionamiento de la economía- hay que buscarla en la realidad de las empresas.

Algunas compañías seguramente argumentarán que con este plan "no cierran las cuentas". Las primeras que lo hicieron fueron algunas transportistas, que sin aumento en los boletos a sus pasajeros no podrán hacer frente a sus costos -entre ellos los salarios pero también los elevados costos financieros- y por eso mismo ya piden una suba en los subsidios que perciben.

Los funcionarios ya respondieron que habrá un análisis exhaustivo del funcionamiento del sistema de transporte, durante estos cuatro próximos meses, y recién ahí se determinará la estrategia a seguir-.

Los mismos reclamos podrían extenderse entre las empresas eléctricas o gasíferas. Sin embargo, para estos casos, la decisión política sería diferente: que sean las propias compañías las que terminen por absorber los costos implícitos en el congelamiento de las tarifas.

De todos modos, la ecuación no será fácil de resolver: las concesionarias intentarán poner sobre la mesa de negociaciones la cuestión de las inversiones en obras.

Algunos de los actuales funcionarios que ya tuvieron responsabilidades en el último gobierno de Cristina Kirchner esperan la pulseada con optimismo. "¿Sabés por qué Edenor funciona mejor que Edesur? Porque a Edenor la controlamos y a Edesur, no. Ahora vamos a hacer lo mismo, y las obras van a hacerse", asegura uno de esos dirigentes, en diálogo con iProfesional.

Los riesgos latentes del plan

¿A cuánto podría bajar la inflación en los próximos meses? En Economía nadie quiere arriesgar números. Pero están convencidos: que la desaceleración será notable ya durante este primer semestre del año.

En todo caso, el desafío estará para más adelante. Cuando se cumplan los plazos máximos de congelamiento tarifario. Y ahí viene la cuestión de qué medidas se toman para que no haya un "Día 121" o "Día 181" que haga saltar por el aire la estrategia de este comienzo de año.

De ahí viene lo dicho más arriba: el Gobierno y las empresas concesionarias mantendrán negociaciones a lo largo de todo este período.

Lo que también está claro es que la flamante administración se juega a que el shock antiinflacionario ayude a levantar la actividad económica y las expectativas de los consumidores.

El otro capítulo determinante de toda esta historia pasa por el dólar. Y algo que a esta altura es una incógnita: ¿cuál será la estrategia para el tipo de cambio? ¿Se enamorará Alberto F. de un ancla inflacionaria pese a que ya está súper probado en la Argentina que un dólar clavado explota más temprano que tarde?

¿O se arriesgará a ir llevando la paridad actual en línea con la inflación para que la economía no pierda competitividad? Ese es otro capítulo, por ahora indescifrable.