Por Sofía Diamante - Con la sanción de la l ey de solidaridad y reactivación productiva, el mes pasado, las proyecciones de los analistas económicos señalan que los ingresos del Estado, por la mayor recaudación, podrían incrementarse este año entre 1,2% y 1,8% del producto bruto interno (PBI). Las diferencias entre los distintos cálculos se deben a cuánto se recaudará por el impuesto del 30% que grava la compra de divisas y de bienes y servicios en moneda extranjera, aquí o en el exterior.

El resultado constituirá un aumento importante, que le permitirá al Gobierno financiar el mayor gasto en subsidios por el congelamiento de las tarifas de electricidad y de transporte y el incremento en prestaciones y programas sociales. De esta forma, los mayores impuestos generarán una presión fiscal que representará el 24,8% del PBI, según las consultoras, un porcentaje apenas inferior al récord de 25,8% alcanzado en 2015. Es decir, por cada $100 que genere la economía, el Estado se quedará con $24,8.

Esta cifra, igualmente, aún no llega al récord de 2015, cuando la presión tributaria medida en términos de recaudación impositiva nacional en relación con el PBI llegó a 25,8%, pero es muy superior al 23,1% que había tenido el año pasado.

A comienzo de 2019, los analistas estimaban que el pasado iba a ser el año con mayor presión fiscal, porque se iba a alcanzar el 26,2% del PBI, lo que finalmente no sucedió, ya que el PBI nominal terminó siendo mucho más alto que el proyectado, y porque el gobierno de Mauricio Macri dio algunos beneficios fiscales para morigerar el impacto de la devaluación que se produjo después de las PASO, a partir de agosto.

"Si no era por la quita del IVA a los alimentos y las reducciones en aportes personales, de 2000 pesos en septiembre y en octubre, el cálculo de la presión hubiera dado más alto. Dado el resultado, de ahí queda claro de dónde sacó el presidente Alberto Fernández que podía haber espacio para aumentar los impuestos", analizó Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma.

En esa dirección, el gobierno nacional subió los impuestos de derechos de exportación (retenciones) y a los bienes personales, y congeló la baja de alícuotas y las subas del mínimo no imponible (MNI) en ciertos tributos previstas en la reforma tributaria de 2017, como en los casos de ganancias para sociedades y contribuciones patronales (las cargas que pagan las empresas sobre la nómina salarial). Al mismo tiempo, se creó el impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS), que grava con el 30% la compra de moneda extranjera y las compras que se pagan en divisas, tanto aquí como en el exterior.

Entre otras prestaciones sociales, la mayor recaudación tributaria permitirá hacer frente a la tarjeta Alimentar y la devolución de hasta $700 en consumo de alimentos por mes para los que perciben jubilación mínima y asignación universal por hijo (AUH).

En detalle, según estimaciones de la consultora Ledesma, ese 24,8% sobre el PBI que alcanzará la presión fiscal está compuesto por: ingresos por IVA, que aumentarán de 7% del PBI el año pasado a 7,2% en 2020; cargas sobre la seguridad social, con un alza de 5,4% a 5,6%; Ganancias, que se incrementa del 5% al 5,2%; retenciones a la exportación, de 2,2% a 2,5%; créditos y débitos bancarios (el llamado impuesto al cheque), que mantendrá una recaudación de 1,6% del PBI; otros impuestos, que suben de 1,8% a 2,3%, y se le sumará el nuevo tributo PAIS, que podría aportar ingresos por el 0,35% del PBI.

La carga provincial

Si para este año, además, se tienen en cuenta los impuestos provinciales, la presión fiscal total alcanzará el 29,4% del PBI, según las estimaciones del Ieral (el instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea). Esto se debe a la suspensión del Consenso Federal firmado por entre la Nación y las provincias en 2017. Ese nivel está por debajo del 31,1% que había alcanzado en 2015, pero es superior al 28% del año pasado.

"Las primeras medidas anunciadas por el Gobierno apuntan especialmente a ?cuidar' las reservas del Banco Central y a mejorar los recursos del Estado. Así, algunas medidas apuntan hacia ambos objetivos, como el nuevo tributo del 30% a la compra de divisas. Otras medidas, como la suba en los derechos de exportación, mejoran la ecuación fiscal, pero desalientan las exportaciones, especialmente a mediano y largo plazo. Lo mismo puede decirse de la suspensión en la reducción de impuestos y contribuciones de ganancias, contribuciones patronales e ingresos brutos, que mejoran la caja fiscal, pero empeoran la competitividad de la producción local", dice un informe de la Fundación Mediterránea.

"Existen también medidas que van en contra de ambos objetivos, como el congelamiento de tarifas por seis meses: significará mayor gasto en subsidios y desincentiva inversiones en sectores que a futuro mejorarían la balanza comercial del país (mayores exportaciones y sustitución de importaciones), como es el caso principalmente de Vaca Muerta", agrega el informe de la Fundación.

Con relación a los impuestos coparticipables (los que se reparten entre la Nación y las provincias), el Ieral destacó que el incremento en la recaudación beneficia principalmente a la Nación, ya que ni los derechos de exportación, ni la tasa de Estadística (que se aplica sobre las importaciones) ni el impuesto PAIS son coparticipables.