Por Pablo Wende - Durante la campaña electoral Alberto Fernández se manifestó en varias oportunidades en contra de un default. Ahora como presidente sostiene la misma idea y así lo expresó en la última semana el ministro de Economía, Martín Guzmán. Donde hay claras diferencias entre las frases de campaña y la realidad es en el tenor de la reestructuración que plantearía la Argentina. De aquella alusión a un “canje a la uruguaya”, que prácticamente no planteó quitas para los inversores, a una postura mucho más dura en la que los bonistas quedarían bien rezagados en el orden de prioridades.

Los acontecimientos alrededor de la deuda de la provincia de Buenos AIres de los últimos días deben ser analizados con el prisma de la renegociación nacional. Lo único que intenta el gobernador Axel Kicillof es ganar tiempo para ensamblarse con la propuesta nacional. No hay propuestas de fondo ni mucho menos. Aplazar el pago de capital del vencimiento del 26 de enero, por unos USD 275 millones, no tiene como objetivo pagar el 1 de mayo. Simplemente se busca que la quita propuesta a los inversores sea muy parecida o quizás idéntica al planteo que realizará la Nación. Así fue claramente explicitado por el propio Guzmán en la conferencia de prensa de esta semana.

Un eventual impago provincial, sin embargo, debería ser evitado. Entre otros motivos porque se activarían cláusulas de “default cruzado” con el resto de los bonos emitidos por la jurisdicción. Y eso aceleraría la presión de los bonistas para cobrar. Además, se corre el peligro de la aparición de los recordados “fondos buitres” que buscarían el fracaso de las negociaciones para forzar un largo litigio como ya sucedió en el pasado reciente.

El gobierno nacional precisa renegociar la deuda antes del 31 de marzo para evitar que le suceda lo mismo que a la provincia de Buenos Aires. Pero la tarea es sumamente compleja, teniendo en cuenta la cantidad de títulos emitidos, plazos y jurisdicciones. Todo indica que prácticamente no habría negociación con los acreedores. Es decir que se avanzará con una propuesta de reestructuración voluntaria pero unilateral, es decir no consensuada con los bonistas. Esto podría dificultar todavía más el proceso, sobre todo porque los tiempos apremian.

El riesgo país volvió a operar en la última semana por encima de los 2.000 puntos, marcando un fuerte deterioro para los bonos argentinos. Las acciones locales que cotizan en Nueva York cayeron entre 10% y 15% en dólares a lo largo de la semana y borraron casi por completo las mejoras obtenidas en el último mes. Los precios del mercado son elocuentes: hay una expectativa mucho menos optimista sobre el canje de deuda que se avecina.

Más allá de que ronda la idea de evitar quitas de capital significativas, lo más difícil de digerir para los inversores pasan por los “años de gracia” que pide e Gobierno para volver a pagar. Esto significa que a lo largo de los próximos dos o tres años los bonistas no cobrarían un sólo centavo ni de capital ni de intereses de la deuda. La explicación que surge del Gobierno es que se trata de un paso fundamental para que la Argentina vuelva a crecer. Es decir que primero está el crecimiento económico y luego empezar a pagar la deuda.

El modelo remite obviamente al período 2002-2005. Durante esos cuatro años la Argentina estuvo en default total, con más de USD 100.000 millones de deuda impaga. Paradójicamente, fueron los años donde la economía creció a “tasas chinas”. Sin el peso de la deuda, con alta capacidad instalada y un tipo de cambio supercompetitivo, la producción logró recuperarse del estallido de la Convertibilidad. A partir de la renegociación de la deuda, la Argentina pudo volver a los mercados tímidamente en 2006 y con más fuerza en 2007, aunque por un corto período de tiempo.

Es evidente que Alberto Fernández tiene en la cabeza el mismo modelo que aquel que le tocó implementar como Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Bajo esa mirada, pagar la deuda sería una suerte de estorbo, pudiendo dedicar los escasos dólares que entran al mercado local para apalancar el crédito o la producción nacional.

Los inversores (entre ellos bancos, analistas y sociedades de Bolsa) manejan otra visión. Plantean que la propuesta de la Argentina debe ser mucho más amigable porque de lo contrario el país no podría recuperar el acceso al financiamiento voluntario. Es decir que ni el Gobierno nacional, ni las provincias y probablemente tampoco las empresas consigan crédito en los mercados si la Argentina no consigue bajar sustancialmente su riesgo país. El planteo es que el rendimiento de los nuevos bonos que emita el Gobierno debería ubicarse entre el 8% y el 10% anual en dólares como máximo.

Pero esta idea no es compartida en la visión oficial. Tanto el Presidente como Guzmán saben que el descrédito de la Argentina es total. Y ni siquiera una renegociación más “amigable” asegura un retorno exitoso a los mercados. Se daría así el peor de los mundos. Ir a una renegociación de la deuda muy blanda, comprometer pagos a los bonistas que están por encima de las posibilidad del país y encima no recuperar el acceso a los mercados voluntarios.

En semejante ecuación, razonan, sería más conveniente dejar de pagar por un plazo prolongado y apostar a la reactivación de la economía para volver a tentar a los inversores a apostar por la Argentina.

Guzmán volverá esta semana a Nueva York, donde estudió y trabajó en los últimos 11 años para la Universidad de Columbia, y planteará esta realidad ante los inversores internacionales, la mayoría de ellos grandes tenedores de deuda de la Argentina. El leit motiv de su discurso en el Consejo de las Américas será el que viene desarrollando desde que asumió su cargo de ministro: “Crecer para pagar". No será fácil convencer a quienes ya asumieron millonarias pérdidas por haber apostado por la Argentina que deberán pasarse (con viento a favor) otros tres años para volver a cobrar.