Por Claudio
Zlotnik - En el primer piso de la Casa Rosada no disimulan la bronca con los
supermercados y los productores de alimentos. Acusan a los empresarios
directamente de cometer "abusos" con los precios.
Y de intentar
quedarse con una tajada de lo que el Estado puso en los bolsillos de "los
que menos tienen": los jubilados que recibieron el bono mensual de $5.000
en diciembre y enero y quienes ya están utilizando la tarjeta
"AlimentAr".
Según
los cálculos oficiales, un total de 4.712.000 jubilados y pensionados
percibieron en promedio $4.836 en diciembre y un monto similar este mes. Esto
hace un total de $45.574 millones que se volcaron básicamente al consumo.
De la tarjeta
alimentaria, Desarrollo Social ya distribuyó 70.000 plásticos, pero la idea es
acercarse al millón y medio de unidades. Se cargan con un monto que va de
$4.000 a $6.000 cada una.
El
resquemor que muestran en el gabinete económico refiere a la posibilidad que
parte de ese ingreso termine alimentando los balances de las empresas:
fabricantes y cadenas de supermercados, que aprovecharía esa mayor demanda de
alimentos para remarcar los precios.
A unas pocas
cuadras de la Casa Rosada, en Reconquista 266 -sede del Banco Central-,
perciben un fenómeno parecido. La cuestión fue abordada incluso por los
flamantes directores del organismo.
No obstante la
irritación que provocan estos movimientos en las góndolas, el Gobierno maneja
un dato relativamente optimista: prevé que la inflación de enero terminará "por debajo a las
expectativas".
Funcionarios
con llegada directa a Alberto Fernández dan cuenta que el IPC del primer mes
del año cerrará "por debajo del 3 por ciento".
Se trata de un
número inferior al que manejan las principales consultoras de la City. Incluso
de aquellas que miden precios online en los supermercados. Y los funcionarios
creen que el número relativamente bajo se explica por el efecto de la
"desindexación" que se está procurando al congelar los combustibles,
las tarifas de los servicios públicos y otros valores de referencia, así como
por la calma en el plano cambiario.
En lo que sí
coinciden funcionarios y economistas es en el impacto de la reinstalación del
IVA en los productos de la canasta básica.
En su momento, el
ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había negociado que el
aumento promedio por ese regreso sería del 7% en promedio.
Pero la realidad
superó esa expectativa. Básicamente porque aquel acuerdo se limitó a unos pocos
productos de la canasta, y lo que se notó en las góndolas fue que hubo alimentos que se encarecieron bastante por encima: yerba,
arroz, fideos y algunos lácteos subieron hasta 40 por ciento.
Algo similar
sucedió con las segundas y terceras marcas que formaron parte de Precios Cuidados hasta fin de año y que, una vez afuera
del programa, sufrieron ajustes de hasta 50 por ciento y de un saque.
Preocupación por el
trigo
Fue
ante estos movimientos que Alberto F. se mostró indignado. "Vemos mucha
irresponsabilidad de empresarios que no están ayudando con los precios", acusó sin individualizaciones el fin de semana.
En el equipo económico
siguen bien de cerca estos movimientos. Eso sí: después de las palabras del
Presidente, algunos funcionarios, en privado, se achacan responsabilidades por
lo que viene pasando con los valores de los alimentos.
No por el salto que
pegó la carne, que en las últimas semanas se acomodó a una cuestión estacional.
Además, con respecto a este producto, los funcionarios esperan una mayor
tranquilidad en el mercado interno ya que las cotizaciones de la exportación a
China, principal mercaod, se pincharon un 35% promedio el último mes.
Hay
un foco de atención especial, eso sí, con lo que vaya a suceder con el valor
del trigo a nivel internacional. Ese precio, que trepó a los u$s200 por
tonelada, se alteró por los incendios en Australia y también por la posible
escasez de mercadería para el mercado interno.
La estrategia para
disciplinar a la inflación se concentrará en el cumplimiento de Precios
Cuidados, programa que podría ampliarse próximamente para darle todavía más
fuerza,
También habrá un
trabajo más al hueso de la dinámica de lo que ocurra en las góndolas, que se
vinculará con un estudio pormenorizado de las cadenas de valor. Una apuesta que
puede ser muy útil siempre y cuando se apaguen los principales motores de la
inercia inflacionaria, más ligada a las expectativas y a la historia económica
reciente que a cuestiones técnicas o teóricas.
"Estamos
preocupados porque los empresarios embroman a quienes nosotros queremos
ayudar", se quejan en Reconquista 266.
¿Inercia o pura
especulación?
La obsesión de los
funcionarios pasa por poder reflejar, antes que nada, una desaceleración en
los precios de las góndolas, algo que por ahora se les
escapó. Alberto F. ya dejó trascender que habrá nuevas medidas si se mantiene
la volatilidad. Para los funcionarios, los empresarios ya no tienen excusas.
Puertas adentro,
admiten que tras el regreso del IVA a los productos básicos, hubo alzas muy por
encima de lo acordado. Y que no hubo previsión ni respuestas a esa situación.
Ahora,
con un dólar quieto, las tarifas congeladas y los combustibles sin aumentos,
tanto en Producción como en el Banco Central coinciden en que no hay más
excusas para mover los precios.
La discusión se
produce en coincidencia con el tratamiento parlamentario de la Ley de Góndolas,
que ya tiene media sanción de Diputados. El Gobierno alega que la aprobación de
este proyecto jugará a favor, porque incentivará la competencia entre
oferentes.
Sin embargo, los
supermercadistas y los grandes fabricantes de alimentos sostienen la argumentación
contraria: dicen que imponer porcentajes de exhibición de productos en góndolas
irá en contra de la eficiencia de la cadena comercial y que hay riesgo de
mayores aumentos de precios.
En
todo caso, lo que quieren los funcionarios es acercarse a mitad de año con una
clara desaceleración inflacionaria. Se entiende: para ese momento habría que
descongelar las tarifas de luz, gas y agua, y volver a mover los pasajes en
colectivos y trenes.
Una cosa es hacerlo
en medio de una dinámica inflacionaria complicada, donde el descongelamiento de
los "regulados" metería más ruido y distorsión. Y otra, muy distinta,
sería efectuarlo como "sintonía fina" poniendo metas de recomposición
tarifaria en relación a la expectativa de inflación futura (supuestamente más manejable que la
actual).
En este contexto,
el Gobierno también definió que el otorgamiento de sumas fijas para los
salarios también sería una buena solución para el corto plazo.
Sin embargo, desde
algunas cámaras empresariales encendieron alertas sobre la cuestión: las sumas
fijas podrían darle un horizonte a las compañías más grandes, con las nóminas
más extendidas, pero no sería así con las Pymes y con aquellos sectores que
peor la vienen pasando con la crisis.
Para esos casos,
los empresarios prefieren un porcentaje de aumento, pautado para el resto del
año, cuestión de poder diseñar los costos hacia adelante.
En
esa misma línea está operando el BCRA, con una estrategia de bajas de tasas de
interés focalizado en las empresas. La idea pasa por disminuir todos los costos
que tuvieron las compañías en medio de la crisis: el costo financiero fue,
justamente, uno de los de mayor peso en los últimos dos años.
De ahí que el
Central tampoco vea con buenos ojos una escapada del "contado con
liqui". "Cualquier desorden financiero te complica la economía real,
aún cuando el dólar alternativo no guía a los precios del comercio
exterior", analiza una fuente oficial.
Si hay algo que
aprendió la Argentina es que, en momentos de incertidumbre, crece la
volatilidad de los precios de la economía.
Hoy, aun cuando las
tarifas, los combustibles y el dólar se mantienen planchados, la inflación
igual trabaja y existe una gran dispersión de precios.
Es uno de los
costos por pasar en poco tiempo de una persistente inflación del 25%-30% a otra
banda del 45% a 55% anual. Será muy difícil que la confianza sea el motor que
ayude a desacelerar la ola inflacionaria. Justamente, confianza es lo que
falta.
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