Recién entonces, como contó este diario, entre el 12 y el 17 de febrero, Guzmán presentará "los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la deuda pública" en el Congreso. Será el primer paso formal en la presentación de la propuesta oficial, en el que adelantará los primeros detalles del programa económico, proyecciones de crecimiento, déficit fiscal y disponibilidad de divisas, entre otras cosas. Es que, justamente, la estrategia oficial es que ese plan cuente con el aval del Fondo para sentarse ante los acreedores privados con mayor respaldo. A partir de allí, se iniciará un período de diez días de reuniones e intercambio al respecto con los bonistas y a fin de mes se elaborará un informe sobre los comentarios de los tenedores.

"Vemos positivo del anuncio que el Gobierno esté buscando el apoyo del Congreso y el FMI antes de discutir una potencial oferta con los tenedores de bonos, con el objetivo de mostrar mayor soporte político a la oferta de deuda y credibilidad al programa económico", plantearon desde Balanz.

En marzo, el último mes antes del deadline pautado, los tiempos se aceleran. La primera semana, el Ejecutivo determinará la estructura final de la oferta y abrirá una instancia de preguntas y respuestas frecuentes al respecto con los acreedores. La siguiente, se lanzará la oferta oficial y comenzará un roadshow con bonistas para explicar detalles, que durará hasta la tercera semana.

Al final del mes, expirará el período de aceptación de la oferta. El Gobierno necesita, para avanzar en la reestructuración de la deuda con jurisdicción extranjera, el aval del 75% de los tenedores de bonos con una sola serie. Para los que tienen más de una serie, precisa el acuerdo del 85% del total con un mínimo de dos tercios de cada una, en el caso de los títulos emitidos en el canje 2005; y dos tercios del total con un mínimo del 50% de cada una, en los que se colocaron de ahí en adelante.

Según LCG, se deben reestructurar US$218.600 millones, de los cuales US$67.000 millones son títulos bajo ley extranjera.

Sin cláusulas de acción colectiva que estipulen un piso de aceptación, se espera que la oferta que reciban los tenedores de bonos con ley local dependa del resultado de la propuesta para los acreedores externos.

El foco de los analistas se posó en el poco tiempo disponible para alcanzar esas voluntades. "Será apretado el cronograma para renegociar la deuda, la clave estará en que la propuesta a presentar por el gobierno este previamente consensuada con los acreedores", planteó Christian Buteler. Mientras que Juan Ignacio Paolicchi, de Eco Go, planteó: "El cronograma es ajustado. Pero la resolución de la deuda es una condición necesaria para que la economía se estabilice".