Por Silvia Stang - Apoco más de dos semanas de que se abra la inscripción a la moratoria por deudas impositivas y de la seguridad social, que alcanzará a pymes, monotributistas y autónomos, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP), Mercedes Marcó del Pont, sostuvo que ese plan "no será un parche" -como consideró que fueron los programas de facilidades de pagos anteriores del organismo-, y lo definió como parte de una política más amplia: en este caso, una estrategia tendiente a dar incentivos para que pueda haber más oferta de bienes y servicios en la economía.

"La moratoria se enmarca en una situación de crisis muy profunda del entramado productivo", afirmó, en un diálogo que mantuvo con LA NACION el viernes último, el día en que fue publicada en el Boletín Oficial la reglamentación del plan aprobado por ley. Allí se contempla una condonación de multas e intereses y planes de pago de hasta 40, 60 o 120 cuotas para un monto de entre el 95% y el 100% de lo adeudado, dependiendo del tamaño del contribuyente y del mes en que se haga la adhesión (los detalles se informan en esta edición, en la página 2 del suplemento Economía del domingo).

La funcionaria anticipó que, por fuera de la moratoria, a mediados de este mes se lanzará un nuevo plan de pagos de deudas con el organismo, con condiciones más flexibles que las de los actuales y que incluirá a las grandes empresas. Y afirmó que puso un equipo a trabajar en un proyecto para aliviar el salto que implica pasar del monotributo al régimen impositivo general. El año pasado se había elaborado una iniciativa en ese sentido, pero finalmente no fue enviada al Congreso.

Del Pont se mostró confiada en que, con una política fiscal que genera estímulos principalmente por el lado de los ingresos de algunos sectores sociales, habrá una mejora del consumo y, en ese contexto, la moratoria les dará oxígeno a las pymes para que puedan pensar en producir más. En tono crítico hacia la gestión del gobierno de Mauricio Macri, afirmó que "hubo un contexto de apertura comercial, reducción de mercado interno, tarifazos y una virtual desaparición de créditos para sectores productivos, que llevó a que las pymes llegaran a una situación tal que, si se empezaba a recomponer el crecimiento del mercado interno, quedaban inhabilitabas para responder".

-Desde 2011 o 2012, cada vez que hubo mejoras resultaron repuntes temporales para volver a algún lugar donde ya habíamos estado, mientras que la economía no tiende a crecer a mediano plazo. ¿Por qué pensar que ahora puede haber algo distinto?

-Creo que hay una definición política que pone el eje en la producción y el trabajo. En los últimos cuatro años hubo un proyecto donde las condiciones para la rentabilidad no estaban en lo económico, sino básicamente en la timba financiera. El proceso de endeudamiento, valorización financiera y fuga ya se vivió en otras etapas de modelos neoliberales.

-¿Qué expectativas hay en cuanto al monto que ingresaría a la moratoria? [Cálculos de la AFIP indican que hay obligaciones impagas por $416.000 millones.]

-Es muy difícil estimar. Pero hay que pensar que si se seguía con la inercia se iba a generar un costo fiscal mayor, porque los incumplimientos podían llegar a ser mayores; hay que pensar el plan dentro de un contexto que busca generar crecimiento y más recaudación. Un aspecto relevante de la ley de solidaridad es el de recomponer parte de las distorsiones generadas por la reforma tributaria de 2017, que tuvo cambios regresivos, por ejemplo, en las contribuciones a la seguridad social y en Bienes Personales. De Bienes Personales se dice que recauda poco, pero en los últimos años hubo una falta de vocación de salir a captar recursos en los sectores de mayor capacidad. El blanqueo, por ejemplo, generó una base para hacer una tarea de seguimiento, de ampliación de la base imponible, y considero que eso se desaprovechó. Ahora volvemos a la tabla anterior de alícuotas de Bienes Personales y ponemos la alícuota especial para activos en el exterior, que tiene un sentido de incentivar la vuelta de parte de ellos.

-¿No se considera baja la base de 2 millones de pesos para empezar a tributar, teniendo en cuenta la inflación y la devaluación?

-No, porque nosotros hicimos un esquema de progresividad en las alícuotas. Se podría haber planteado subir la base, pero estamos en situación de emergencia económica y la ley de solidaridad pone ese punto en discusión con la sociedad: hay que hacer un esfuerzo compartido y la prioridad está en los sectores más débiles. A medida que la economía se ponga en funcionamiento vamos a poder revisar todo lo que sea necesario. Esta moratoria va a ayudar mucho y no va a ser un parche, sino que estará integrada a una serie de políticas para recuperar el crecimiento, dinamizar el mercado interno y tener un Banco Central que se ocupe de la economía real. Esta es una medida extraordinaria en un contexto fiscal muy complicado, que busca atender urgencias. Algunos sectores podrían demandar genuinamente y preguntar por qué a mí no, pero se están atendiendo prioridades.

-¿Cómo será el plan de facilidades de pago de deudas, por fuera de la moratoria, que incluirá a las grandes empresas?

-Lo estamos evaluando. En los planes que hubo hasta ahora la cuestión federal no aparece, y en realidad hay diferencias a nivel regional. Estamos tratando de avanzar en la definición de políticas para realidades distintas. Y trabajamos en el mix de cuotas y tasas de interés y en si habrá períodos de gracia o no. La diferencia con la moratoria es que no hay quita de intereses ni condonación de multas. Probablemente a mediados de este mes tengamos el plan listo.

-¿Cómo viene la recaudación del impuesto del 30% a las operaciones y a la compra de moneda extranjera?

-Al impuesto PAIS hay que pensarlo como un instrumento con un objetivo central y otros secundarios. Había quedado en evidencia el problema de la insuficiencia estructural de dólares; entonces el impuesto fue pensado con el objetivo de ahorro de divisas, con una contracara fiscal y una contracara virtuosa, que es el efecto reactivante que vemos en el turismo interno. En términos fiscales es temprano para conocer el efecto. El objetivo de este impuesto es cuidar los dólares, hay un control de cambios que ya había aplicado el gobierno anterior y luego aparece el encarecimiento del dólar turista y para atesoramiento.

-La administración de tipo de cambio basada en cupos de compra y un impuesto no parece ni está planteada como algo sostenible en el tiempo. ¿Cuál puede ser la salida de fondo?

-El desafío en un contexto de compromisos de deuda tan enormes es garantizar la estabilidad de la economía y la vuelta al crecimiento. En las cuestiones estructurales está lo que tiene que ver con la especialización productiva. En los últimos cuatro años se profundizó la enorme primarización y se está planteando el desafío de avanzar en políticas productivas que generen procesos de desarrollo tecnológico, sustitución virtuosa de importaciones e industrialización para la inserción en el mundo.

-En materia tributaria, una cuestión muy específica que se plantea hace años es la del diseño del monotributo y el salto que significa ir al régimen general cuando se pasan los límites; ¿hay algún proyecto sobre el tema?

-Tengo una comisión trabajando en el tema de monotributo, que fue creado como medio de inclusión y simplificación, pero que a lo largo del tiempo se ha ido transformando en lo que se denomina enanismo fiscal. Hay un salto muy grande al régimen general y estamos evaluando cuál es el puente que se puede generar. Con vocación por la formalización de gran parte del entramado productivo y comercial, trabajamos muy fuertemente con la tarjeta alimentaria, para que no solo haya efectos en el consumo, sino también para que eso pueda ser aprovechado por parte de los sectores comerciales más pequeños y, para eso, se necesita un programa de inducción y formalización, en el cual el monotributo tiene un rol muy relevante.