Por Juan Strasnoy Peyre - Hoy comienza una semana clave para el Gobierno de cara a captar los apoyos necesarios para el proceso de reestructuración. Gira y reuniones mediante, buscará avanzar en el aval del Fondo Monetario y de algunos de sus principales accionistas para patear el plazo de repago de los US$44.000 millones desembolsados del stand by, por un lado; mientras, por otro, esperará que el Senado dé vía libre para renegociar los pasivos bajo ley extranjera y que los acreedores privados suscriban el reperfilamiento propuesto por el gobernador Axel Kicillof.

La estrategia oficial es conseguir el respaldo político interno y, sobre todo, del FMI, el mayor acreedor del país, para el programa de sustentabilidad con el que trazará, entre el 12 y el 17 de febrero, los lineamientos generales y las perspectivas macroeconómicas del país para los próximos años que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará en el Congreso y, luego, la oferta concreta que le presentará a los bonistas la segunda semana de marzo. Por lo pronto, se descuenta que este jueves el Senado convertirá en ley el proyecto de "restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa".

La negociación con los acreedores privados será la más difícil, en particular con los tenedores los US$67.000 millones en títulos bajo legislación extranjera que imponen pisos de acuerdo de entre el 66% y el 75%. El Ejecutivo intentará convencerlos a través de un plan "sostenible", que genere la expectativa de una suba de las cotizaciones de los bonos que surjan del canje, en comparación con los actuales precios de default. Los elementos fundamentales del plan serían la postergación hasta 2023 de todos los vencimientos con el Fondo, que permitirían despejar el horizonte financiero durante el mandato de Alberto Fernández, y la búsqueda de equilibrio fiscal y superávit comercial.