Por Andrés Sanguinetti - Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, llegó de Nueva York con una mirada "optimista" sobre el proceso de renegociación de la deuda argentina con acreedores extranjeros, un grupo de bancos locales intenta sin tanto éxito recuperar parte de los fondos que prestaron a importantes empresas locales que atraviesan una fuerte crisis, al punto de que varias corren riesgo de default.

Se trata de reconocidas compañías que atraviesan casi todo el tejido productivo nacional, incluso hasta algunas de las favorecidas por políticas del gobierno anterior, como el agropecuario, en el cual se destacan los casos de Vicentin y Molino Cañuelas. Pero también figuran otras vinculadas con el consumo masivo y mayormente con la venta de artículos electrodomésticos como Garbarino, Musimundo y Ribeiro. O compañías del sector papelero como es Celulosa Argentina; del mundo del real estate como Ribera Desarrollos; o del consumo masivo, como la cordobesa Dulcor.

Entre todas, acumulan un pasivo global cercano a los $55.000 millones con casi los mismos bancos. De hecho, todas tienen un denominador común, ya que argumentan sufrir de "estrés financiero" al que relacionan con la disparada del dólar, las negativas condiciones macroeconómicas, los cambios en las dinámicas de los pagos, la reducción de los márgenes de rentabilidad y profundos problemas de liquidez.

También se debieron enfrentar a la baja de las líneas de crédito de los bancos que, desde agosto del año pasado comenzaron a escasear a partir de la agudización de la corrida cambiaria y el retiro de depósitos en dólares de los ahorristas.

Y a la cancelación de las prefinanciaciones de exportaciones que decidieron las entidades bancarias para poder hacer frente a la salida masiva de plazos fijos y cajas de ahorro en moneda extranjera, por pedido del Banco Central.

Se creó así un escenario de "sábana chica" por el cual ante la obligación de las empresas seguir operando y cumpliendo con el pago de salarios y a proveedores, los bancos quedaron últimos en la fila de la cobranza.

Entidades financieras que se repiten en casi todos los casos de reestructuraciones donde están involucrados el Nación, el Bapro, Santander, HSBC, Galicia y Ciudad, para citar los que mayor deuda corporativa acumulan.

Se formaron entonces clubes de bancos que día a día discuten reestructuraciones, quitas de deuda y que hasta heredan porciones accionarias de compañías que no supieron mantenerse por sus propios méritos y que ahora se transformaron en tenedoras de millonarios créditos impagos.

Vicentín, el "leading case"

Como "leading case" podría citarse a Vicentin, una de las principales exportadoras de granos del país que se encuentra en default y acumula una deuda total de alrededor de $91.000 millones. De ese total, los bancos poseen $25.000 millones de fondos destinados a créditos que ahora se encuentran impagos.

Se trataría de una suma que representa el 20% de la facturación de 2018 de la compañía, según un estudio de Claudio Lozano, director del Banco Nación, entidad a la que Vicentin le debe nada menos que $18.000 millones del total de su pasivo financiero.

Ese monto supera los límites fijados por el Banco Central para grandes empresas, según el informe que presentó Lozano y que hace referencia a los vínculos políticos de la firma con el gobierno de Mauricio Macri. También se advierten lazos con el anterior gobierno de la provincia de Buenos Aires y se asegura que con el Bapro acumula una deuda de $1.600 millones más.

Como propuesta de repago de su pasivo bancario, desde Vicentin todavía no han ofrecido nada ni al Banco Nación ni al resto de los bancos acreedores, ya que primero intentan negociar el pasivo contraído con productores agropecuarios, cooperativas y acopios a los que les compró materia prima, por un total de $25.500 millones.

Y mientras desde algunos sectores del oficialismo se promueve la idea de estatizar Vicentin, es cada vez más probable que la firma termine cediendo parte de sus negocios y activos a la multinacional Glencore para sumar fondos frescos y, de esta manera, honrar su endeudamiento financiero.

Se trata de un viejo conocido para Vicentin ya que ambas son socias en Renova, un joint venture dedicado a la producción de biodiesel, y además el grupo europeo ya se quedó con un porcentaje de esa firma a cambio de un monto que no parece haber sido suficiente para que la agropecuaria local salte el estrés financiero que sus ejecutivos dicen sufrir.

Pero más allá de esta posibilidad, lo cierto es que el futuro de Vicentin sigue siendo sombrío, aunque sus ejecutivos intenten evitar la apertura de su concurso preventivo y busquen achicar su dimensión corporativa para pagar deuda porque el fantasma de la estatización se mantiene, más aún cuando el propio presidente Alberto Fernández no descartó esa posibilidad.

Tratando de evitar el default

Un segundo caso con similitudes al de Vicentin en lo que se refiere al peso de la deuda bancaria es el de Molino Cañuelas. Pero, a diferencia de la agroexportadora santafesina, las autoridades de esta compañía buscan cerrar un plan de reestructuración acordado con sus acreedores financieros.

Se trata de una empresa controlada por la familia Navilli acumula un pasivo cercano a los $94.000 millones y que, entre sus acreedores, tiene a un grupo de 45 bancos locales e internacionales y otras entidades financieras de menor envergadura.

Es el mayor procesador de la industria molinera local con el 25% del total; tiene 11 plantas en Argentina, Uruguay y Brasil; exporta a más de 60 países y emplea a 3.000 trabajadores. Entre sus principales marcas se encuentran Cañuelas, Multiharina, Letizia y Terminada. También los bizcochos, galletitas o pastas, con marcas como 9 de Oro, Paseo o Mamá Cocina.

Al igual que Vicentin, el estrés financiero desatado por las sucesivas devaluaciones y el contexto de recesión la llevaron al borde del default, luego que en el 2018 incumplió con el pago de su deuda que, en ese momento había trepado a un monto que rondaba siete veces su ganancia (Ebitda).

En esos momentos, el Banco Macro solicitó la quiebra de la empresa de los Navelli por una deuda acumulada de u$s10 millones. En tanto que los otros acreedores se mantuvieron expectantes con un pasivo distribuido entre los bancos Nación, con u$s55 millones; Galicia, con u$s38,5 millones; HSBC, con u$s 45 millones; Santander Río, con u$s36 millones; Banco Provincia de Buenos Aires, con u$s34 millones y BBVA Banco Francés, con u$s24,5 millones. La lista se completa con el Rabobank, la Corporación Financiera Internacional (CFI) e ING, con sede en Ámsterdam (Países Bajos).

A partir de esa situación, sus ejecutivos comenzaron un proceso de negociaciones con los acreedores buscando evitar el default y tratando de mantenerse operativos en el mercado.

Casi un año y medio después, está a punto de sellar un acuerdo de reestructuración que incluiría la cesión del 80% del capital de la empresa de los Navilli a los bancos acreedores que también asumirían el control operativo.

Las entidades negocian también quedarse con un mandato de venta de Molino Cañuelas que comenzarán a aplicar una vez que se estabilicen los ratios financieros y operativos.

Para sellar el convenio, los dueños de la empresa contrataron a la consultora Lazard, para lograr que bancos acreedores extiendan el pago de la deuda a 10 años a una tasa del 6% anual, entre otros puntos.

Cadenas de retail, complicadas

Se trata de una fórmula parecida a la que se está aplicando en el proceso de reestructuración de Garbarino, donde los bancos acreedores también renegociaron un pasivo financiero de $5.000 millones, con una fuerte quita a cambio de quedarse con la mayoría accionaria y negociar la venta de la cadena al grupo Inverlat.

El acuerdo con las entidades bancarias implicaría una reducción de entre el 65% y el 75% de los $5.000 millones que acumula como deuda con varias entidades como el Santander y el Galicia que, a su vez poseen el mandato de venta de la empresa.

Ahora intentan acordar una rebaja similar con los bancos provinciales Bapro y Córdoba para terminar de resolver el 85% de la deuda bancaria y con un grupo de entidades más chicas que tienen el 15% restante.

Fuentes cercanas al deal admitieron a iProfesional el acuerdo "de palabra" con los bancos y explicaron que a partir de ahora se iniciará el proceso de due diligence y las negociaciones con los proveedores para normalizar un pasivo que, en ese caso, ronda los $7.000 millones.

En el mismo sector de venta de electrodomésticos compite la cadena Ribeiro, que enfrenta el mismo panorama que el resto de las empresas. Es decir, un escenario de crisis financiera, caída de las ventas, crédito prohibido y proveedores que dejaron de entregar mercadería. Sus dueños contrataron a la consultora PwC para encarar el proceso de reestructuración de la cadena conocida por sus "minicuotas".

En primera instancia, la propuesta es un standstill agreement con bancos tenedores de más del 50% de la deuda cercana a los $4.000 millones que se reparten el Patagonia y un sindicado integrado por BBVA, HSBC, Bancor y Santander. Es más que probable que, en este caso, las entidades financieras asuman control accionario y se queden con un mandato de venta.

El tercer caso en el mismo segmento de negocios es el de Carsa, una de las sociedades dueña de la cadena Musimundo, donde sus 23 bancos acreedores se vieron casi obligados a aceptar un plan de pagos, al igual que sus proveedores y tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ON).

La fórmula le permitió a la empresa evitar la apertura de su concurso preventivo de acreedores, con una deuda total por $4.600 millones que se renegoció sin quita con un plan a 18 meses en el caso de los bancos y a una tasa en torno al 20%.

De ese monto, $1.300 millones pertenecen a los bancos, mientras que otros $500 millones son de tenedores de ON y $1.700 millones a los proveedores. A esa cantidad se añaden otros $ 1.800 millones en fideicomisos financieros.

Entre los principales acreedores figuran el Nación, Provincia, Ciudad, HSBC, BST y el Nuevo Banco de Santa Fe. En cuanto a los proveedores, el grueso de la deuda corresponde a Newsan.

Fundada en 1977, Carsa está radicada en el Chaco y opera bajo licencia con la marca Musimundo, de la cual posee el 50% del capital, mientras que el resto le pertenece a Electrónica Megatone.

Tiene 98 sucursales; emplea a 1.500 personas y su grave situación financiera se debe a la retracción de la demanda, altas tasas de interés y aumentos de costos, además de la dificultad para acceder a financiamiento.

De hecho, Carsa había solicitado el concurso el 1 de junio del año pasado pero finalmente cerró un acuerdo extrajudicial para poder refinanciar su pasivo sin tener que recurrir a la Justicia.

En cuanto a los problemas de Celulosa, se dispararon por la imposibilidad de pagar la emisión de una serie de ON, pero tras un canje que llevó a cabo a fines de diciembre, logró evitar el default.

Celulosa Argentina es controlada por el grupo Tapebicuá, una firma fundada por Douglas Albrecht, Collado y José Urtubey, vicepresidente de la UIA. El uruguayo Carlos Rodríguez es el CEO de la compañía.

Por su parte, en el sector de consumo masivo se destacan los problemas para refinanciar su pasivo que enfrenta la fabricante de alfajores Balcarce. La empresa marplatense no logra resolver el ahogo financiero que atraviesa, con un pasivo bancario de $12 millones, la mayor parte de los cuales está en riesgo de insolvencia según datos del Banco Central.

Según un informe de la entidad oficial, el 18% de esa deuda está en manos del Banco Galicia y se encuentra en situación 4 (con alto riesgo de insolvencia). Además, otro 4%, adeudado al BBVA, está en situación 3 (riesgo medio) y un 20%, con el HSCBC y el Santander Río, está en situación 2.

Este escenario llevó a sus dueños a pedir la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) con el que buscaba salir a flote ante la caída de las ventas y el incremento de los costos. Sin embargo, los problemas se mantienen y se suman a la posibilidad de que sus empleados paren la producción y concreten movilizaciones en plena ciudad balnearia en reclamo del pago de salarios adeudados.