El problema que desembocó en el anuncio de hoy del pago de la deuda por USD 250 millones arrancó el 14 de enero cuando, a través de una solicitada, la provincia de Buenos Aires anunció que solicitaba "el consentimiento de los tenedores de sus Bonos 10,875% con vencimiento en 2021 para aprobar ciertas enmiendas a sus términos y condiciones”.

Desde entonces, se sucedieron marchas y contramarchas que terminaron este mediodía, cuando el gobernador anunció que mañana pagará y que el resto de los vencimientos en moneda extranjera serán renegociados.

En particular, la provincia pidió postergar hasta el 1ro. de mayo la segunda de las tres cuotas de capital del bono conocido como BP 21, que el 26 de enero de 2011 el gobierno de Daniel Scioli había emitido por un total de USD 750 millones a una tasa de 10,875% y bajo ley de Nueva York.

La primera de las tres cuotas había sido pagada, el 26 de enero de 2019, por el gobierno de María Eugenia Vidal y la segunda última están programadas para el mismo día de 2020 y 2021.

Si bien la provincia informó que pagaría los intereses (por unos 27 millones de dólares), la noticia cayó como una bomba en los mercados: ese día el BP 21 llegó a caer hasta 10%. Esto ocurrió porque, además, el fin de semana previo el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, había dicho que el gobierno no contemplaba auxiliar a Buenos Aires y el propio presidente Alberto Fernández había respaldado esos dichos:

“No está previsto en las cuentas del Estado nacional. Es la más estricta realidad. Después tenemos que ver cómo encarar el problema. Lo que se heredó de la gestión anterior es todo deuda”, dijo en declaraciones televisivas.

¿Insostenible?

“Lo que vuelve insostenible el pago es el fuerte endeudamiento de la gestión de Vidal”, declaró Kicillof al explicar el anuncio. “La carga de la deuda es insostenible. Lo que ocurrió en la provincia es un capítulo más de la forma en la que se endeudó el país durante la gestión del presidente Macri”, dijo el gobernador, al explicar que en 2020 debe afrontar USD 3.000 millones en vencimientos y USD 8.800 millones en cuatro años de gestión contra –dijo– USD 4.500 millones que afrontó Vidal. Por estas razones, explicó, “en estas condiciones no se van a poder honrar las deudas”, lo que exige “soluciones de consenso”.

Al día siguiente, en un hilo de seis tuits, Hernán Lacunza, ex ministro de Economía bonaerense y de la Nación, le respondió a Kicillof que la deuda total de la provincia era algo menor al nivel de 2015 y que en el peor de los casos, ignorando deudas “ocultas” del gobierno de Scioli, había aumentado 1.800 millones, unos 100 dólares por habitante de la provincia, contra obras públicas por USD 6.000 millones. Los vencimientos podían pagarse “para encarar una negociación integral”, señaló, aunque reconoció que el peso de la deuda en divisas había aumentado del 60 al 80% del total debido a la devaluación del peso frente al dólar.

Los mercados, mientras tanto, se preguntaban si Kicillof estaba solo o daba el primer paso de una nueva restructuración de la deuda argentina. De hecho, es el primer intento de “reperfilamiento” de deuda provincial, después de dos que ya había hecho unilateralmente la Nación con letras del Tesoro emitidas bajo legislación nacional. Había dos diferencias: Buenos Aires solicitaba “consenso” para cambiar condiciones, y para bonos sometidos a ley neoyorquina.

El mes pasado la cuestión de los vencimientos de la deuda bonaerense e incluso la segunda cuota del BP 21 había surgido en reuniones del ministro Guzmán con el finalmente no formalizado “comité de negociación de la deuda”, pero sin una conclusión clara sobre qué hacer. Guzmán dejó allí en claro sus prioridades: consolidación fiscal, restructuración de la deuda y elaboración de un programa macroeconómico consistente.

De hecho, señaló un asistente a esas reuniones, el gobierno descartó recurrir a los USD 13.000 millones de desembolsos pendientes del fallido acuerdo de Macri con el FMI porque eso habría significado “negociar” uno nuevo con el Fondo antes de tener el programa propio listo. Entre mediados de diciembre y enero hubo conference calls y conversaciones telefónicas con tenedores del BP 21, pero faltó “longitud de onda”, según señaló un participante del proceso.

El gobierno bonaerense contrató a Morrow Sodali, una empresa de servicios y consultoría con sede en Nueva York y Londres con un área de “inteligencia en mercados de capital” a cargo de Gerald Davis y Tom Margadonna. Del lado bonaerense, los funcionarios más involucrados son el ministro de Economía, Pablo López, y el subsecretario de Finanzas, Agustín Álvarez.

La cartera de Morrow, cuya tarea es identificar a los acreedores y ayudar así a lograr el 75% necesario para intentar cambiar los términos de pago del BP 21, es importante. Incluye a firmas del sector financiero como Citibank, American Express e Intesa, industriales como General Electric, mineras como la británica Río Tinto y la brasileña Vale, el consorcio europeo Airbus, las farmacéuticas Pfizer y Merck, Johnson & Johnson, petroleras como Repsol, la francesa Vivendi y otras de gran porte.

Mientras tanto, los tenedores del BP 21 formaron un “comité de acreedores” con el asesoramiento financiero de Mens Sana Asesores, del argentino Marcelo Delmar, y BroadSpan Capital, y contrataron a los estudios de abogados Arnold & Porter, como asesor internacional y, en el ámbito local, a Bruchou, Fernández Madero y Lombardi, estudio en el que trabajó cuatro años Sergio Chodos, flamante representante argentino ante el FMI.

El martes 21 fue una jornada intensa. Desde el Foro de Davos, Joseph Stiglitz, mentor académico del Guzmán en la Universidad de Columbia y premio Nobel de Economía 2001, dijo que los acreedores de la Argentina debían esperar “recortes significativos” en el valor nominal de sus papeles. “Sería una fantasía pensar lo contrario”, señaló. Casi en simultáneo, en rueda de prensa, Guzmán anunciaba el envío al Congreso de un proyecto de ley para restaurar la “sostenibilidad” de la deuda y enfatizaba que el manejo de la deuda bonaerense estaba “coordinado” con la Nación, “De nada serviría hacer ahora un salvataje a la provincia”, remarcó.

Esa misma noche, el comité de acreedores provinciales emitió desde Nueva York un duro comunicado en el que reprochaba al gobierno provincial la falta de contacto e indicios de cómo sería la restructuración si los acreedores aceptaban la extensión de plazos. La tenencia del BP 21 es muy dispersa, agregaron, al marcar la dificultad de lograr el “consenso” que pidió la provincia.

Los bonos hablan

Quedaban menos de 48 horas para el límite anunciado por Kicillof. La falta de acuerdo y la incertidumbre llevaron a una fuerte caída de los bonos argentinos, reflejada en el aumento del riesgo país, que volvió a superar la barrera de los 2.000 puntos después de haber estado, en las primeras semanas del gobierno de Alberto Fernández, debajo de 1.800.

Ya se conocía, por cierto, la decisión del presidente de sumar a Kicillof, a los actos de conmemoración del Holocausto (por los 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz) y también el viaje que Guzmán haría a Nueva York, donde buscó, sin éxito, convencer a inversores en un desayuno en el Consejo de las Américas y se vio luego con emisarios del FMI y del Tesoro de EEUU. Además, se anunció que Guzmán participaría en Roma en un evento organizado por el Vaticano, ésta semana, en el que se debatirá la cuestión de la deuda.

Aún en medio del desplome de los bonos argentinos, el jueves, en Jerusalén, Kicillof seguía siendo “optimista” sobre el desenlace de la saga. “El diálogo sigue abierto. Hay bonistas que aceptaron y otros que no. Venimos dialogando con todos y se está llevando adelante una negociación de buena fe".

Al día siguiente, sin embargo, el gobernador prorrogó su ultimátum. “El 5 de febrero es la última oportunidad para un acuerdo”, dijo, todavía en Israel. “Los bonistas pidieron un plazo mayor en las charlas. Quieren seguir las conversaciones. Es un bono que tiene propiedad muy dispersa y las clausuras de estos bonos lo que dice es que para que se haga una aceptación tiene que tener un acuerdo del 75% y es muy exigente”. El sábado agregó una precisión, Fidelity, el mayor tenedor del BP 21, tendría aproximadamente 16% del total. Es uno de los mayores administradores de fondos del mundo: con unos 4,8 mil millones de dólares en cartera, unas 5 veces el PBI de la Argentina.

Por esas horas, un financista que conoce los dos lados del mostrador reconocía: “El 75% está lejos”.

Los acreedores son remisos la prórroga sin saber siquiera qué ofrecería Buenos Aires en mayo, cuando se supone que tendría como guía el resultado de la renegociación nacional, porque además a esta altura se empieza a dudar del plazo del 31 de marzo que se habían fijado inicialmente el presidente y su ministro de Economía.

Mientras, el resto de las provincias aprovecharon el envío de la llamada “ley Guzmán” para porotear su apoyo pidiendo reciprocidad en la forma del diferimiento de sus pagos de deuda al Tesoro nacional y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, y que el proyecto de “sustentabilidad” de la deuda contemple también a las provincias. Según un informe de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, Buenos Aires tiene este año la carga de vencimientos más importante; casi 5,5% de sus ingresos proyectados, de los cuales 4 puntos porcentuales se deben a bonos internacionales. Neuquén, Jujuy, Salta y Mendoza siguen en ese ranking, aunque la Ciudad de Buenos Aires es la segunda si se tienen en cuenta los vencimientos de bonos internacionales.

En el póker de la deuda, nadie quiere hacer el mínimo gesto que revele sus cartas, pero la partida bonaerense está pronta a definirse. Un factor que los acreedores tienen en cuenta es que Kicillof, como ministro, fue quien incurrió en default técnico en 2014, después de un amago de arreglo, al decidir que no acataría fallos de los tribunales de Nueva York a favor de los holdouts, los acreedores que no habían entrado en los canjes de 2005 y 2010.

El entonces ministro y hoy gobernador esgrimía el argumento de la “cláusula RUFO” (que obligaba a extender a todos los bonistas cualquier mejora que recibieran los holdouts antes del 31 de diciembre de 2014) para negarse a un arreglo. Pero la salida no ocurrió en 2015, sino recién en 2016, cuando el gobierno de Macri decidió pagar las sentencias e inició un nuevo ciclo de endeudamiento.

Así, a menos de dos meses del inicio del nuevo gobierno, la principal provincia argentina evitó caer en default. El gobernador no dejó de lado la retórica fuerte, pero evitó las consecuencias de una cesación de pagos. Al menos por ahora.