El retorno de la
actividad judicial luego del fin de la feria de enero es un motivo de
preocupación para las pequeñas y medianas empresas, que reclamaron al Banco
Central medidas para suspender las ejecuciones bancarias e
implementar un reperfilamiento de sus deudas, con un stock estimado en $400.000
millones y pagos de intereses en el orden de los $16.000 millones mensuales.
Esos pedidos fueron
presentados al Banco Central por la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), cuyas autoridades alertaron que si no son atendidos “centenares
de pymes quedarán al borde de la quiebra”.
Desde la entidad
informaron a Infobae que las pymes afectadas por el riesgo de
ejecución bancaria son “más de 10.000”, si bien se espera que la autoridad
monetaria dé a conocer oficialmente la cantidad exacta.
Si bien la realidad
de cada pyme es diferente, de los números de CAME se desprende que el
promedio de intereses que cada compañía debe pagar cada mes supera el millón de
pesos.
El
stock de deuda de las pymes con el sistema financiero es del orden de los
$400.000 millones, con intereses mensuales de $16.000 millones, aseguró CAME
Por lo pronto, los
datos del BCRA precisan que la tasa de morosidad de las empresas aumentó
en 18 meses del 1,1% al 5,7%, pero CAME señaló que si esa información “se abre
por tamaño de empresas, la morosidad de las pymes es más elevada aún”.
El pedido de CAME
al BCRA se concretó poco después de que la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) anunciara una moratoria para pymes y en un contexto
recesivo que la entidad pone de manifiesto periódicamente, con relevamientos
estadísticos que dan cuenta de caídas en la producción industrial y las ventas
de los comercios minoristas.
La entidad envió
una misiva al presidente del BCRA, Miguel Pesce, con las firmas de su
titular, Gerardo Díaz Beltrán, y su secretario general, José
Bereciartúa, en la que fundamentaron su reclamo en la deuda de las pymes con
los bancos, con un stock de $236.663 millones y USD 2.581 millones,
sumando un total “equivalente a casi $400.000 millones”.
“Pero lo que más
preocupa es el costo”, aclararon los directivos, ya que “sólo por
intereses se destinan más de $16.000 millones al mes, lo que viene generando
atrasos inevitables en una coyuntura económica que no ayuda”.
CAME aclaró que esa
suma no incluye multas por moras, otros cargos, ni los pagos de capital y que
el abultado monto deriva en “atrasos permanentes, que incrementan más esos
pasivos, y desencadenan el peor escenario: nuestras empresas directamente
no pueden cumplir, como lo registra el salto en las tasas de morosidad, y
quedan al borde de la ejecución, que representa la antesala de la quiebra”.
En ese sentido,
plantearon en la carta a Pesce que “el consumo continúa sin recuperarse, los
costos siguen subiendo, la rentabilidad no mejora y, en ese contexto, los
empresarios que invirtieron e hicieron el esfuerzo por sostener el empleo
durante estos tres años críticos quedaron con niveles de endeudamiento altos y
caros”.
La urgencia del
pedido obedece a que, con la finalización de la feria judicial, se teme
que las entidades financieras y “especialmente los bancos públicos” se verán
“en la obligación de iniciar las ejecuciones de garantías por atrasos en los
pagos”.
La
tasa de morosidad de las empresas en general se quintuplicó entre mayo de 2018
y noviembre de 2019, pero en CAME advierten que entre las pymes el nivel es
mayor
Díaz Beltrán y
Bereciartúa destacaron que “las tasas de referencia del Banco Central
están bajando” pero que a su vez “el traslado a las tasas por créditos
tomados es muy lento todavía".
“Esperamos sepa comprender
la emergencia del pedido que estamos realizando y dar lugar a frenar
cualquier acción negativa que puedan tomar los bancos en las próximas
semanas contra las pymes. De la misma manera, consideramos fundamental y
necesario definir un esquema de reperfilamiento de esos pasivos, para darle
previsibilidad a los bancos y sustentabilidad a las empresas teniendo en cuenta
el contexto recesivo actual”, finalizó la nota de reclamo de CAME.
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