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Sólo con un mínimo del 85% de los avales se podría autorizar a que los técnicos de línea del Fondo apliquen para el país un plan de pagos por fuera de los únicos mecanismos autorizados por la carta orgánica del organismo: el stand by y el Facilidades Extendidas, ambos en todas sus variables posibles. Como lo que propone el país es una alteración de las normas, sólo una votación de más del 85% podría avalar el pedido, con lo cual más tarde o más temprano Alberto Fernández deberá volver a hablar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que éste le ordene a sus representantes en el directorio de Fondo que aprueben la propuesta argentina. Estados Unidos detenta el 16,74% de los votos, con lo cual sin este apoyo sería imposible que la intención de alterar la carta orgánica pueda recibir el 85% necesario. Como tampoco alcanzaría sólo con el apoyo de ese país para conseguir los votos necesarios.

En conclusión, y siguiendo una máxima del “albertismo”, “con Trump no alcanza, pero sin Trump no se puede”. Según los números que se hacen en el Palacio de Hacienda, si una llamada de Alberto Fernández lograra este apoyo, el país ya superaría el 85% necesario y llegaría casi al 90% de los votos. Sólo quedaría en duda lo que harían Japón (6% de los votos), los países nórdicos (3,43%) y otros estados europeos, tradicionalmente reacios a apoyar al país (tampoco lo hacían en tiempos de Macri).

En el tema votos del board, la situación está marcada de manera clara. Cada estado soberano tiene un porcentaje de votos dependiendo de su PBI; reservas y aportes directos al funcionamiento del organismo con sede en Washington. Cualquier acuerdo normal (stand by o Facilidades Extendidas) es aprobado con un porcentaje mínimo del 70%; pero se necesita mayoría del 85% para planes especiales o alteraciones de la Carta Orgánica. Recientemente esta mayoría fue la necesaria en casos como la crisis griega de 2010 y la de Portugal de 2011.

La necesidad de lograr ese porcentaje fue lo que le jugó en contra a la Argentina en 2001, cuando se desaprobó en el directorio el último desembolso comprometido en el acuerdo vigente ante la negativa de EE.UU. de avalar la propuesta (por recomendación directa de la número dos de esos años, Anne Krueger); así como la aprobación del pacto de 2003 cuando Néstor Kirchner negoció directamente con George Bush un plan de cuotas por fuera de los tratados vigentes.

En el caso actual, también se hace imprescindible que el director norteamericano avale el pedido, ya que su voto a favor o en contra (o su abstención) definirá la suerte de la propuesta argentina. En total el board está integrado por 24 directores ejecutivos que representan porcentualmente diferentes niveles de poder dentro del organismo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. China, Arabia Saudí y Rusia eligen de facto un director cada uno; mientras que los 16 restantes lo eligen según bloques de estados. Argentina, a través del enviado local, Sergio Chodos, ocupa el grupo con Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.