Por Esteban Lafuente - El ministro de Economía, Martín Guzmán, completó ayer su exposición en el Congreso con una combinación de tonos y conceptos. En su visita a la Cámara de Diputados, el funcionario nunca abandonó su cadencia característica al combinar pasajes de análisis casi académico sobre la historia reciente de la macroeconomía argentina, críticas hacia gestiones pasadas y las primeras insinuaciones sobre el modo en que el Gobierno buscará avanzar en la reestructuración de la deuda pública.

Fue, en definitiva, un capítulo más de la incipiente negociación que, desde la postura oficial, tiene dos elementos cada vez más claros: el Estado hoy no tiene capacidad (sí voluntad) para pagar y los acreedores privados deberán aceptar una quita.

"Hoy la Argentina vive una crisis económica y social", remarcó Guzmán, sentado solo junto a sus notas, ante la mirada de los legisladores que, antes de la reunión, habían remitido 119 preguntas sobre los planes oficiales para avanzar en la renegociación de la deuda. El crecimiento de la pobreza y la indigencia, la disparada de la inflación o el desplome del producto en los últimos cuatro años fueron los elementos a los cuales apeló Guzmán para atribuir responsabilidad de la situación actual tanto a la gestión de Mauricio Macri como, también, a la anterior conducción del FMI.

"Hubo un brutal crecimiento de la deuda pública sin que haya habido un crecimiento concomitante de la capacidad productiva de la Argentina, y esa carga es lo que le impide salir de la espiral recesiva. Los países que sufren estas crisis no salen hasta tanto la deuda deja de ser una carga que pisa la posibilidad de crecer", enfatizó el ministro, quien también se refirió a las consecuencias del acuerdo stand-by firmado en 2018 con el organismo de crédito internacional: "No ayudó a estabilizar. El gobierno anterior cumplió con todas las premisas del programa, como la austeridad fiscal y la contracción monetaria, bajo la premisa de que eso iba a generar una restauración de la confianza, pero eso terminó afectando toda la economía".

Con un recurrente énfasis en recuperar la sustentabilidad de la deuda, Guzmán volvió a endurecer el tono hacia los acreedores. Al igual que lo había hecho el ministerio en el comunicado que anunció el reperfilamiento del bono AF20, apuntó en tono desafiante contra fondos e inversores globales.

"No vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de política macroeconómica. El sendero monetario y fiscal lo decidimos nosotros", dijo el economista, en una intervención que despertó aplausos en su audiencia. "Hay mucho dinero en juego y hay gente jugando fuerte, mientras otros juegan de manera cooperativa", agregó.

En esa postura, a Guzmán le bastaron eufemismos para dejar en claro su visión de que, en el proceso de reestructuración, los tenedores de deuda deberán aceptar una quita. "Está claro que va haber frustración de parte de los bonistas, pero nos tenemos que sentar en la mesa todos sobre la base de la responsabilidad y de cuota grande de realismo para evitar que sea pérdida para todas las partes. Y digo todos en serio", afirmó el economista platense, quien dijo que "la propuesta no es amigable ni agresiva, sino sostenible".

Guzmán insistió además en que el Gobierno tiene "un plan integral", cuya premisa es evitar recortes en el gasto público. Sin establecer metas ni pautas explícitas ("no esperen que venga con un Power Point", dijo), enfatizó en su postura de que "no hay peor opción que la austeridad fiscal en una recesión". En ese marco se enfrentó a las demandas de gran parte de inversores y analistas, y afirmó que en 2020 no habrá reducción del déficit primario, que en 2019 cerró en 0,4% del PBI. El rumbo "factible", según definió el ministro sin brindar grandes precisiones de ese recorrido, implica alcanzar el equilibrio fiscal en 2023, último año de este mandato presidencial, y desde entonces mantener un superávit primario de entre 0,6% y 0,8% del producto.

"Nosotros estamos del lado de la gente", dijo Guzmán, sin perder la cadencia que lo caracterizó desde su presentación en el cargo. Pero cambió el escenario. Tras dos meses de gestión, el tiempo del silencio parece haberse terminado. Ayer en el Congreso empezaron a mostrarse las cartas y los dientes. Pero en el ajedrez de la negociación, aún faltan movimientos para saber si los números cierran.