Por Carlos Burgueño - Mientras los ruidos sobre la negociación de la deuda comienzan a tener sonido de tormenta, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa circulando por los despachos oficiales; y ya parece marcar la tendencia de lo que quieren fiscalizar. Básicamente, los técnicos comandados por Julie Kozak (directora adjunta para el Hemisferio Occidental y número dos de Alejandro Werner) y Luis Cubeddu (el encargado de la misión argentina); quieren saber si los datos de la economía argentina que pregonan desde el ministerio de Economía son sólidos. Tanto los pasados, los presentes y, fundamentalmente, los futuros.

Así lo dejaron en claro en los cuatro encuentros más importantes que los enviados de Washington mantuvieron la semana pasada con el titular del Palacio de Hacienda Martín Guzmán, el ministro de Producción Matías Kulfas, el de Desarrollo, Daniel Arroyo y el titular del INDEC, Marco Lavagna. Los cuatro interlocutores locales coinciden, prácticamente, en los mismos tonos de la visita que comanda Kozak, y que cuenta con un staff prácticamente renovado en relación a los visitantes que acompañaban al italiano Roberto Cardarelli. En la actual misión, nadie opina. Pocos sonríen. Se anticipa lo que se va a preguntar en los encuentros y se va en búsqueda de datos concretos y específicos. Las reuniones son cortas, y sólo se extienden cuando hay problemas entre los traductores oficiales de uno y otro lado; ya que los técnicos del FMI quieren ser extremadamente exactos en cuanto a la información que reciben. Kozak, Cubeddu y compañía lo dejaron en claro en todas las reuniones, asegurando que gran parte del éxito de la misión se basa en que la información recibida sea la correcta.

Especial interés generaron los datos recibidos en tres variables: la medición de la inflación, la recaudación impositiva y, en consecuencia, la manera en que Martín Guzmán medirá la evolución de las cuentas fiscales. La concentración de los técnicos en estos tres capítulos de muestra la lógica de la visita, y lo que en realidad están buscando los jefes de Kozak y Cubeddu: conocer cuáles son las verdaderas posibilidades fiscales con que contará el gobierno de Alberto Fernández desde este año y hasta 2023; para poder hacer frente con los propios recursos locales a la crisis económica. Y, luego de esto, saber cuál es el nivel exacto de tiempo que Argentina deberá esperar para tener una situación interna lo suficientemente estabilizada y en crecimiento para poder comenzar a pagar la deuda tanto con el propio organismo como con los acreedores.

Para esto los enviados necesitan conocer la evolución real proyectada de la recaudación impositiva, y la evolución del paquete impositivo impulsado por Alberto Fernández en diciembre pasado. También la manera en que tributos clave como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y las retenciones a las exportaciones, vienen funcionando luego de los reacomodamientos posteriores al cambio de gobierno.

Lo segundo que preocupa al FMI es la manera en que se mide el IPC. No porque haya sospechas en cuanto al cálculo de 2,3% publicado sobre enero pasado; sino ante la voluntad del gobierno de mantener el INDEC fuera de las intervenciones políticas de la anterior gestión kirchnerista. Aparentemente, hubo conformidad de los enviados de Washington en que el organismo se mantendrá dentro de la seriedad. En el fondo, y tal como adelantó este diario el viernes pasado, preocupa el FMI la brecha entre recaudación y la evolución del IPC, factor que consideran clave para que pueda pensarse en estabilidad fiscal en el país. Finalmente, Kozak y Cubeddu quieren saber si las proyecciones de Guzmán, sobre la imposibilidad de hablar de un superávit fiscal sólido recién para 2023; se trataron de un cálculo macro bien ejecutado, o simplemente una declaración política en medio de una durísima renegociación de la deuda externa con los acreedores, con un país al borde del default.

Mientras la misión del FMI continuará por tres días más (terminará el miércoles), el Gobierno continúa terminando de diseñar la oferta que se le presentará formalmente al organismo en marzo, para organizar la devolución de los u$s44.000 millones prestados durante el Gobierno de Mauricio Macri. Tal como adelantó este diario, se trata de un superávit fiscal consolidado para 2023, superávit comercial sostenido de entre u$s18.000 y u$s25.000 millones en el mismo período, y, como carta ganadora, una promesa de caballeros: el Gobierno se comprometerá a desarrollar el proyecto petrolero de Vaca Muerta, para que desde 2024 comience a aportar no menos de u$s5.000 millones extras, que serán la garantía final para que el Fondo se convenza de que la propuesta de pago para devolver los u$s44.000 millones, con una luz de tiempo de tres a cuatro años, es creíble. A cambio, se exige que se libere al país del corset de un acuerdo tipo facilidades extendidas, y acepte un simple plan de pagos con recupero del dinero garantizado. A cambio, no se le deberán exigir al país reformas estructurales, incluyendo ideas de modificaciones a las legislaciones laborales, previsionales, fiscales o en la relación de fondos con las provincias; las que, aunque haya voluntad de concretarlas por parte del oficialismo (que no la hay), serían imposibles de aprobar en la situación política actual.