Por Juan Strasnoy Peyre - La renegociación de la deuda acelerará su ritmo durante las próximas dos semanas, cuando se inicien las reuniones formales entre el Gobierno y los representantes de los acreedores privados. En ellas se pondrán sobre la mesa los elementos principales de la oferta concreta de reestructuración, que el Ejecutivo presentará en la segunda semana de marzo, sobre la base de los escenarios fiscales que anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, el miércoles pasado en el Congreso.

Las conversaciones con los privados tendrán como marco la señal de austeridad que dio el Gobierno con un aumento global del gasto previsional algo menor al que hubiera correspondido con la fórmula de movilidad suspendida aunque neutro en términos fiscales si se cuenta el bono de enero, luego de que Guzmán hablara de un sendero hacia un superávit fiscal en 2023, y la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional en el país, que se extenderá hasta este miércoles.

Si bien estuvieron atravesados por los cruces entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el vocero del organismo, Gerry Rice, respecto de la posibilidad o no de que se avance en una quita de capital en el stand by luego de que el propio FMI violara su estatuto al financiar la fuga de capitales, lo cierto es que los encuentros entre los enviados y los funcionarios versaron sobre la propuesta oficial limitada a postergar tres años el repago de los USD44.000 millones.

La misión encabezada por Julie Kozack, número dos del Fondo para la región, y Luis Cubeddu, el jefe del caso argentino, ya se reunió con Guzmán y con los ministros de Desarrollo Productivo, Trabajo y Desarrollo Social, Matías Kulfas, Claudio Moroni y Daniel Arroyo, respectivamente. Entre hoy y el miércoles, se esperan encuentros con la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Una fuente del FMI le dijo a BAE Negocios que, pese al fuego discursivo, "las reuniones fueron muy cordiales, constructivas y colaborativas". Y remarcó que "permitieron al equipo tener un mejor y más detallado entendimiento del programa económico y las prioridades del gobierno argentino". Además, confirmó que esta semana el organismo emitirá una declaración sobre los avances durante la visita.

El Gobierno espera conseguir que el Fondo también declare como insostenible la deuda soberana. Sería una herramienta a su favor a la hora de presionar a los bonistas con la posibilidad concreta de un default en caso de que no haya acuerdo antes del 31 de marzo.

Las conversaciones entre funcionarios y grandes fondos subieron de tenor luego de las trabas al reperfilamiento voluntario del AF20. Durante la presentación de los lineamientos del plan de sustentabilidad, Guzmán habló de una "reestructuración profunda" y dijo que "habrá frustración en los bonistas".

Las cartas comenzarán a develarse en el roadshow que comenzará esta semana. A su término, Economía elaborará un informe en base a los comentarios de los tenedores.

Para ganar "poder de veto" sobre la oferta final, producto del alto piso de consenso para avanzar en un canje que imponen las cláusulas de acción colectiva de los títulos bajo legislación extranjera, los grandes fondos comenzaron a agruparse y a contratar representantes comunes.

La asociación que más preocupa en el Ejecutivo es la de Fidelity, la firma que bloqueó la postergación del BP21 en la provincia de Buenos Aires, y Blackrock, uno de los peces más gordos de Wall Street. Según estimaciones del mercado, entre este último fondo de inversión, Templeton, Pimco y Ashmore concentran cerca del 50% de los títulos a reestructurar.