Por Juan Manuel Barca - El ministro de Economía, Martín Guzmán, empezó a prestarle más atención al reloj de la economía. Y tiene sus motivos. Un mes y medio después de la sanción del paquete de emergencia, las medidas destinadas a impulsar el consumo y la actividad todavía no generan el resultado esperado. Así lo reconocen en los despachos oficiales, en donde en los últimos días la pulseada con los acreedores consumió buena parte de las energías.

Si bien todavía es temprano para hacer un balance concluyente, la realidad es que el Gobierno esperaba un rebote a esta altura del año, algo que todavía parece lejano. De hecho, los pocos indicadores disponibles en enero muestran que la recesión iniciada en el 2017 no tocó un piso aún. "Creían que con esto arrancaba y no ocurrió", le dijo a iProfesional un hombre que tiene trato con el equipo económico de la Rosada.

Los economistas afirman, en rigor, que el prometido impulso al consumo fue más bien tímido. De ahí que recién a fines de 2020 podría empezar a poner en marcha la actividad, aunque sin el empuje de la inversión privada debido a que las empresas tienen margen para reutilizar su capacidad ociosa. "No hay expectativas de recuperación fuerte, sí puede haber un rebote en sectores puntuales, pero no va a ser importante", dijo a este medio el director de Elypsis, Martín Kalos.

Haciendo un repaso del primer mes del 2020, las ventas minoristas cayeron 3,5% interanual en volumen, según el último relevamiento realizado por la CAME. Así, aunque la baja fue menor a la de diciembre, el combo de alta inflación, tasas elevadas y una creciente brecha cambiaria afectaron al rubro mercantil, el de mayor empleo con 1,2 millones de trabajadores registrados.

El dato fue que en ese período hubo ingresos adicionales por la inyección del Gobierno, con el bono de $5.000 a los jubilados en diciembre y enero y un refuerzo de $2.000 a los beneficiarios de la AUH, sumado a la Tarjeta Alimentaria y el relanzamiento de Precios Cuidados. Y se acaba de anunciar el segundo ajuste con vigencia a partir de marzo, que implicaría una suba de 13% para los jubilados de la franja mínima.

En definitiva, un conjunto de medidas apuntadas a los sectores de mayor propensión al consumo. La pregunta inevitable que surge es qué está haciendo la gente con esos recursos extraordinarios.

La encuesta online de CAME entre 2.493 personas reveló que un 34,4% lo destinó o lo destinará a consumo corriente y un 3,6% a vacaciones, mientras que el resto se dividió entre un 37,3% que no recibió nada ni cree que lo recibirá y casi un 25% que lo utilizó para otros fines (19,5% deudas financieras o impositivas, 4,1% ahorro y 1,1% inversiones). En resumen, solo poco más de un tercio del bono habría ido a engrosar el consumo.

El "shock" tampoco se reflejó en los despachos de cemento (-14,3%), los patentamientos de automóviles (-25,6%) y la venta de motos (-44%). Por otra parte, el crédito al sector privado subió solo 0,5% respecto a diciembre, mientras que en términos reales mostró una caída. Y la recaudación creció un 44,9% interanual, por debajo de la inflación. La brecha fue incluso mayor en un impuesto que mide el pulso del consumo como es el IVA.

"La política económica tiene muy poco margen de maniobra para impulsar la actividad, el elevado Riesgo País significa que la Argentina no tienen financiamiento, ni el Estado ni el sector privado porque los proyectos de inversión se descuentan a tasas muy altas y no son rentables, lo que genera que las decisiones de inversión estén paralizadas", dijo a iProfesional el economista de EcoGo, Martín Vauthier.

Los primeros resultados plantean un interrogante sobre la consistencia del plan oficial, al menos hasta que se despeje el escenario financiero. Es que el Gobierno anudó el destino de sus medidas a la reestructuración de la deuda. Desde el presupuesto pasando por el inicio de obras públicas hasta las paritarias, todo quedó supeditado a la discusión con los acreedores. La Ley de Sostenibilidad, de hecho, permite modificar partidas en función de la negociación.

En ese marco, los dos primeros meses de gestión revelaron un intento por articular una estrategia tironeada entre el objetivo de "crecer para poder pagar" y el de pagar para no entrar en default, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, se buscó a poner "plata en el bolsillo de la gente" de menores ingresos para recomponer el mercado interno y se bajaron las tasas, con la intención de reactivar el crédito a las empresas.

Así, la nueva política de ingresos "debería generar una progresiva recomposición de la capacidad de gasto de los hogares, viabilizando una mejora en el consumo interno", señaló la Fundación de Investigación y Desarrollo (FIDE) encabezada por Mercedes Marcó del Pont, la actual titular de la AFIP y una de las principales ideólogas económicas del Gobierno.

Y se advirtió que "la posibilidad de que el sector empresario pueda maximizar el impacto de esa mayor demanda en un contexto de elevada capacidad instalada ociosa está condicionada por la enorme asfixia financiera que enfrenta el sector".

Pero en simultáneo, el Ejecutivo apostó a la "prudencia" fiscal en una señal a los acreedores. Esto implicó un aumento de los ingresos a través de nuevos impuestos y una revisión del gasto que permita afrontar las obligaciones. Así, por caso, se paralizaron las obras ferroviarias y las partidas sociales se ejecutan en forma gradual.

"En este sentido es que no se espera que el consumo y la inversión pública sean en 2020 motores de la economía", advirtió Ecolatina en un informe reciente.

La señal más audaz, con todo, fue la suspensión de la fórmula de movilidad y el aumento segmentado de las jubilaciones en marzo. Finalmente, el Gobierno anunció incrementos de suma fija, que benefician a los haberes mínimos, mientras que las escalas medias y altas quedan una vez más retrasadas. Tal como adelantó iProfesional, este esquema -similar a la suba por decreto a los trabajadores privados- le permitiría al Estado ahorrar $270.000 millones al año.

La orden que guía todo es "desindexar" la economía. Con esa preocupación en mente, Fernández recibió en reuniones separadas al camionero Hugo Moyano y al cotitular de la CGT Héctor Daer en la Rosada. El Presidente necesita a los exponentes del sindicalismo duro y del ala más dialoguista para avanzar en un plan de paritarias "moderadas"; esto es, acuerdos cortos sin cláusulas de revisión y paz social hasta mayo, cuando se resuelva la cuestión de la deuda. Los maestros bonaerenses ya se mostraron dispuestos a reemplazar la cláusula gatillo.

Para convencer a los gremios, el Gobierno busca aprovechar el dato de inflación de enero, que fue de 2,3% y mostró un descenso respecto del 3,7% registrado en diciembre. La cifra estuvo por debajo de las expectativas privadas que estimaban una variación del 3,5% y fue la más baja desde julio de 2019. En esto tuvo que ver la desaceleración de los precios regulados por el congelamiento de tarifas y combustible y el acuerdo con la industria farmacéutica.

Los alimentos, en cambio, subieron 4,7%, el doble del promedio, un rubro sensible por el impacto que tiene sobre la pobreza. "Esto evidencia que aún existe incidencia alta del componente inercial de los precios. También influyó el arrastre alto de diciembre y el retorno del IVA a los productos de la canasta básica, que se hizo sentir sobre todo en las primeras dos semanas de enero", señaló la consultora LCG.

Por estas horas, el Gobierno busca que todos los frentes confluyan en uno solo: convencer al FMI de que el plan es "consistente" para luego negociar en una mejor posición con los bonistas privados. El problema son los tiempos. "Ahora no estamos usando ingresos fiscales para pagar la deuda, estamos pagando con reservas en moneda extranjera, lo que quiere decir que el tiempo es limitado", reconoció Guzmán semanas atrás en su paso por Roma, donde mantuvo su primera reunión con la titular del FMI, Kristalina Giorgeva.

Con el cepo en marcha, las reservas internacionales crecieron a partir del 10 de diciembre, cuando asumió Fernández, desde u$s43.785 millones hasta alcanzar su pico el 17 de enero, con u$s 45.492 millones. Desde esa fecha en adelante, sin embargo, el Banco Central perdió casi la mitad de las divisas que había sumado hasta tocar el piso de u$s44.717 millones, una cifra superior a los parámetros de diciembre, pero que marca una tendencia bajista.

De acá a mayo, además, vencen en moneda local el equivalente a u$s17.200 millones, un tercio de lo que el FMI le prestó a la Argentina. Los primeros escarceos ya generaron revuelo. Después del traspié con el canje del bono AF20, que no logró la adhesión suficiente, Economía tuvo que postergar el pago de capital a septiembre, a la vez que anunció el pago de los intereses. La exposición del ministro en el Congreso, en donde anunció que el déficit fiscal se mantendrá hasta 2023, agitó a los mercados.

Así, en las últimas jornadas, el dólar mantuvo la tendencia alcista y el Riesgo País, que mide el costo de tomar deuda en el mercado internacional, superó los 2.100 puntos. Los dos indicadores ponen bajo mayor presión la baja de tasas del Banco Central, que pasaron del 63% anual en diciembre de 2019 al 44% actualmente, y la emisión de deuda en pesos. La contracara de la política expansiva fue el crecimiento de la base monetaria y una mayor brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas, superior al 35%.

El otro riesgo para Guzmán es que la estrategia fiscal y monetaria sume más obstáculos para la reactivación. "Que la demanda de pesos esté baja dificulta poner plata en el bolsillo de la gente y la recuperar el crédito porque si el BCRA emite pesos en esta situación el riesgo es que, en lugar de impulsar la actividad a través de la mejora del poder adquisitivo, se genere un impacto en la inflación y la brecha cambiaria que termine licuando cualquier ganancia inicial", advirtió Vauthier.

Por lo pronto, el acto de los piqueteros oficialistas frente al Congreso frente a la llegada de la misión del FMI dejó entrever la impaciencia entre los propios aliados. Por lo bajo, varios dirigentes reconocieron que las medidas aplicadas hasta ahora "no alcanzan". Es más, algunos se mostraron en desacuerdo con el "ajuste" en las jubilaciones y se quejaron por la baja ejecución de partidas en materia social. 

Para calmarlos, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunciará en los próximos días su plan para reconvertir los planes sociales en medio millón de empleos, con un ingreso que deberá alcanzar el salario mínimo, hoy de $16.875. Se trata de una iniciativa que forma parte del programa Argentina sin Hambre y que genera tensión con los intendentes bonaerenses. Es que los municipios esperaban recibir nuevos fondos para ayuda social, en lugar de tener que aportar recursos propios.