Por Juan Diego Wasilevsky - Es
un movimiento, por ahora, tibio. Pero como termómetro, marca al menos un
potencial principio de cambio de tendencia que esperanza a los industriales,
especialmente a las Pymes, pero que pone en alerta a las empresas importadoras
o que complementan su porfolio con productos provenientes del exterior.
Lo que ven los propietarios
de fábricas de bienes de consumo final es que 2020 arranca con un mayor nivel
de consultas que lo que había dejado el cierre del año pasado. Y lo atribuyen a
que el Gobierno se puso un poco más rígido con las licencias no automáticas
(LNA).
Y esto estaría llevando a que empresas comercializadoras,
incluyendo cadenas de supermercados, hayan empezado a pedir cotizaciones a
industrias nacionales, para evaluar la posibilidad de reemplazar la oferta
importada faltante con alternativas locales.
Como se señaló, es una tendencia incipiente y no está
extendida hacia todos los sectores, pero que sí empieza a notarse en rubros
que, en tiempos del macrismo, argumentaron verse amenazados por la competencia
del exterior. En ese grupo se incluyen, principalmente, a los fabricantes de
calzado y de indumentaria.
"Se están tomando más
tiempo para aprobar las licencias. Detectamos que se pusieron más firmes a
partir del 10 de enero, así que en muchos casos las demoras llevan unas tres
semanas", indicó el directivo de una cámara sectorial que ya mantuvo una
serie de reuniones con diferentes funcionarios del Ministerio de Desarrollo
Productivo.
Las LNA habían sido noticia a nivel nacional hace algunos
años, más precisamente en épocas de Guillermo Moreno, cuando estaba al frente
de la Secretaría de Comercio y el funcionario las utilizaba para demorar el
ingreso de mercadería del exterior.
Según la OMC, se trata de un procedimiento administrativo
por el cual se requiere de la presentación de una solicitud como una condición
previa para efectuar la importación de la mercadería alcanzada.
La cartera encargada de monitorearlas, en la práctica y
según la OMC, dispone de hasta unos 60 días para autorizar dicha importación y
otorgar la licencia, si no se registra ningún problema, como puede ser que el
producto ingrese a precio de dumping.
Sin embargo, en las épocas de Moreno, se habían utilizado
como una barrera infranqueable, dado que la gestión de una LNA podía llegar a
demorar más de 180 días, generando que muchas empresas directamente abandonaran
la gestión.
Más allá de la polémica que
se generó en épocas de Cristina Kirchner, los actuales funcionarios les
aseguran a los empresarios que todo está -y estará- enmarcado dentro de las
reglas del comercio internacional.
Pero eso no quita que
muchos importadores estén con temor de que las demoras se vuelvan a
generalizar.
"Las empresas están preocupadas, es cierto",
afirmó la fuente consultada, perteneciente al rubro calzado.
"De hecho, ya hubo socios que nos confirmaron que están
averiguando por zapatos y zapatillas de producción nacional. No solo cadenas de
calzado; también supermercados", acotó.
"Básicamente lo que están pidiendo es zapatos de mujer,
algunos modelos escolares y zapatillas tipo urbanas, de gama media o económica,
no tanto modelos deportivos", detalló la fuente, que pidió estricto off
the record.
Desde el sector textil, un empresario trazó el mismo
panorama: "Las marcas, ni bien arranca el año, empiezan a delinear lo que
va a ser la temporada otoño-invierno. Y ahora, con el tema de las licencias y
los mayores controles, estamos viendo que había clientes que perdimos hace dos
años y que ahora están volviendo".
"No son todavía
operaciones concretas, pero sí están pidiendo cotizaciones de productos para
completar sus colecciones", se esperanzó este industrial, que supo tener
entre sus clientes a grandes cadenas de moda en épocas del cristinismo pero que,
tras la llegada de Macri al poder y la posterior liberación de las fronteras,
vio cómo mucha de la demanda se canalizó hacia Tailandia o Marruecos.
Desde Ecolatina plantearon se pasó "de un esquema de
apertura casi irrestricta a otro en donde se intentará proteger a ciertas
industrias consideradas sensibles, sea por el empleo que generan o por la
cantidad de divisas que demandan".
Las licencias no automáticas no llegaron a ser completamente
desmanteladas por el gobierno de Macri: en 2018 se habían llegado a desactivar
314 LNA de un universo de 1.600, es decir, cerca de un 20% del total. Productos
metalúrgicos, hilados, derivados del plástico, celulares, televisores y equipos
de aire acondicionado fueron algunos de los bienes que dejaron de estar bajo
este mecanismo de control.
Sin embargo, el mayor cambio tuvo que ver con su
utilización: durante el macrismo, las LNA directamente pasaron a funcionar como
licencias que se aprobaban de manera automática. Es decir que el anterior
Gobierno no las utilizaba para monitorear al flujo de importaciones y habían
perdido su razón de ser.
Ahora, fueron agregadas
alrededor de 300 posiciones arancelarias al esquema de licencias no
automáticas, llegando a un universo de 1.500 partidas, es decir, un 25% más.
"Este cambio es mucho mayor cuando analizamos en
términos de dólares: mientras que el set anterior comprendía posiciones por las
que se importó poco menos de u$s8.000 millones en los primeros onces meses de
2019, el nuevo esquema abarca a más de u$s14.000 millones, representando una
suba del 80%", agregaron desde Ecolatina.
Con este esquema proteccionista renovado, según la
consultora, el Gobierno busca desarrollar proveedores locales en los sectores
productivos de bienes finales, "que poseen un elevado coeficiente
empleo-producción en su proceso de fabricación y donde permanecemos lejos de la
frontera productiva internacional".
Polémica: ¿está permitido?
De un lado están los industriales que sienten que le
macrismo los expuso a la competencia del exterior, sin ningún tipo de resguardo.
Ahora, son los empresarios importadores los que sienten que
están ante un escenario de incertidumbre, que amenaza con poner en jaque a su
negocio.
"Hay mucha mercadería ya embarcada y que está llegando
a puerto que no tiene licencias no automáticas. Están empezando a surgir
problemas, porque esto implica sobrecostos que terminan impactando en el costo
final y el que lo paga es el consumidor", agregó en off una fuente del
sector, que ya recorrió algunos despachos buscando más precisiones.
El tema que más les
preocupa es que no hay todavía un panorama claro para entender por qué se
demoran las Licencias no automáticas.
"Esto generó que los
empresarios estén embarcando menos productos desde el exterior, porque tienen
temor de que no les salgan las LNA y después tengan que pagar gastos extra por
tener la mercadería en un depósito en el puerto, esperando que les liberen la
carga", acotó.
En este contexto, desde el Centro de Despachantes de Aduana
(CDA) sumaron un ingrediente extra: tras una reunión con la Secretaría de
Industria, comandada por Ariel Schale, aseguraron que el Gobierno no estaría
dando luz verde a ninguna LNA en tanto y en cuanto la empresa que la solicite
no haya presentado su archivo Excel con las estimaciones de producción, ventas
e importaciones de aquí a tres años.
Desde el Centro hicieron referencia así al pedido que se
está cursando desde esa última cartera hacia cámaras y empresas para que
completen un pormenorizado archivo en el que deben consignar proyecciones de
importaciones hasta el 2022, así como una descripción completa de los productos
que prevén ingresar.
Tras la reunión que el presidente de la entidad, Enrique
Loizzo, mantuvo con el Secretario de Industria, el CDA anunció que "nos
fue informado que la presentación del formulario de proyecciones debe ser
presentado por todos los importadores que tramiten el régimen de LNA".
Es decir que quien no comparta sus estimaciones con los
funcionarios, no podrá gestionar este permiso.
Pese a que desde el
Gobierno vienen diciendo que no se va a ir en contra de ninguna regla del
comercio internacional, fuentes del sector importador consideraron que esta
decisión no respeta lo dispuesto por la OMC.
"La idea que se generalizó es que los técnicos pueden
tomarse hasta 60 días para aprobar una licencia. Pero la realidad es que ese
plazo no debe ser generalizado, es solo para casos puntuales en los que se
requiera un análisis extra", argumentó la fuente.
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