Los ministros
de finanzas de la Unión Europea añadieron
a Panamá, las Seychelles, las Islas Caimán y
Palaos a su lista negra de paraísos fiscales, concediendo a Turquía más tiempo para evitar su inclusión.
La
inclusión de centros financieros como las Islas Caimán y Panamá constituye un
cambio para la UE. Las
sucesivas revisiones habían dejado en la lista principalmente a islas del
Pacífico y el Caribe sin apenas relación financiera con la UE, suscitado
críticas por su excesiva indulgencia con los paraísos fiscales.
Panamá representa el caso más emblemático. En diciembre
de 2017, la UE lo incluyó en su primera "lista negra" y, tras
compromisos por parte del gobierno panameño, lo trasladó a la "lista
gris", de la que salió en marzo de 2019.
Ahora regresa a la lista negra por no haber logrado
"al menos" la calificación de "conforme en gran medida" del
Foro Global sobre Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos.
Los otros incluidos en la lista son
Fiji.
Omán.
Samoa.
Trinidad y Tobago.
Vanuatu.
Y tres territorios de EEUU:
Samoa estadounidense.
Guam.
Islas Vírgenes estadounidenses.
Quienes figuran en la lista negra se enfrentan al
menoscabo de su reputación, a una mayor vigilancia de sus operaciones
financieras y al riesgo de perder fondos de la UE.
El archipiélago africano oriental de las Seychelles fue
añadido a la lista negra porque tiene un "perjudicial
régimen fiscal preferencial",
según el documento.
Panamá, que ya figuraba por sus deficiencias en la lucha
contra el blanqueo de capitales en la lista negra del Grupo de Acción
Financiera Internacional, un organismo de control mundial, fue sumada también a la de la UE
debido a sus insuficiencias en el intercambio de información fiscal. La isla de Palaos, en el
Pacífico, fue incluida por razones similares.
Las Islas Caimán, un territorio
británico de ultramar en el mar Caribe, fue incluido porque los fondos de
inversión que tienen su sede allí no reflejan la actividad económica real del archipiélago, según el documento. Eso podría
dar lugar a que se creen vehículos de inversión con el único fin de reducir el
pago de impuestos en otros territorios.
Turquía no facilitó información fiscal de forma
automática con todos los estados de la UE, pero se le ha concedido más tiempo
para cumplir sus compromisos, ya que ha adoptado cambios legislativos para
permitir el intercambio de datos, según señala el documento de la UE, que
confirmó la información publicada por Reuters la semana pasada.
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