Por Francisco Jueguen - El Gobierno enviará en las próximas horas -dentro del marco de las sesiones extraordinarias del Congreso- un nuevo proyecto de ley para modificar la Ley de Economía del Conocimiento, que regula los beneficios para el sector tecnológico y de exportación de servicios para pequeñas firmas y grandes empresas como Mercado Libre, Globant y Accenture, entre otras compañías.

Tal como había anticipado LA NACION, la letra chica de la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas mantiene los beneficios de reducción de alícuota sobre el impuesto a las ganancias y la rebaja sobre el pago de contribuciones patronales. Además buscará mejorar las condiciones de acceso para las pequeñas y medianas empresas.

La modificación de la norma aprobada por unanimidad a comienzos del año pasado en el Congreso y cuya reglamentación había sido frenada por el actual Gobierno estará orientada -dice el oficialismo- a promover las facilidades de ingresos de las pymes y microempresas a partir de una flexibilización de los requisitos de acceso, que tienen que ver con determinados porcentajes de inversión en Investigación y Desarrollo (I&D), capacitación y exportaciones que las empresas interesadas debían cumplir para poder acceder a los beneficios de la ley.

El proyecto de modificación mantiene los dos beneficios que estaban vigentes, según fuentes oficiales. Esto es la reducción de alícuota sobre el impuesto a las ganancias y la reducción sobre el pago de contribuciones patronales, aunque se modifica el modo de calcularlos, retomando lo establecido en la vieja ley de software, o sea un 60% de reducción en Ganancias y un 70% en las contribuciones patronales, según informaron en el Gobierno.

Además, sobre el punto de las contribuciones patronales se introdujeron dos novedades: un tope inicial equivalente a siete veces la cantidad de empleados de una pyme tramo II (535 empleados), lo que significa que el beneficio aplica inicialmente a un máximo de 3745 empleados que puedan ser promovidos en este régimen especial del 70% de la reducción de los aportes patronales. En ese sentido, Kulfas cumplió con su palabra de no excluir a nadie del régimen. "Todas las empresas con beneficios de la Ley de Software tienen una cantidad menor de beneficiarios a la que establece el nuevo tope", dijeron en el Gobierno.

¿Cómo funciona el tope? Si una empresa al momento de la inscripción tiene 5000 empleados, va a poder inscribirse al régimen con 3745 empleados afectados a la actividad promovida. Luego el beneficio se vuelve incremental si esa compañía suma empleados por encima de su nómina inicial de 5000. Esto significa que esos nuevos trabajadores quedan fuera de este tope, lo que busca promover nuevo empleo.

Vale un ejemplo: si la empresa de 5000 empleados en el mes siguiente a su inscripción toma 100 empleados nuevos, estos ingresos tendrán el beneficio del 70% de reducción de contribuciones patronales.

Por otro lado, la iniciativa busca sumar una orientación inclusiva y federal. Las empresas podrán acceder a 10 puntos adicionales en las contribuciones patronales -llegaría al 80%- en caso de que incorporen mujeres, profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; discapacitados, personas que sean previamente beneficiarias de planes sociales o que habiten en zonas de menor desarrollo relativo. Este beneficio se aplica a todo el empleo incremental.

La ley aprobada el año pasado obligaba a las provincias a adherir al régimen mediante la sanción de una ley que respetara la estabilidad fiscal y ofreciera beneficios adicionales. Estas leyes provinciales debían dictarse antes del 31 de diciembre pasado. A esa fecha, dijeron en el Ministerio, sólo seis provincias habían cumplido con este requisito. Ahora podrán sumarse otras.

Por otro lado, el Gobierno ajustará la forma de encuadramiento para las empresas pertenecientes a los nuevos sectores cuyo ingreso al régimen no estaba definido claramente a partir de la exigencia del 70% de facturación de la actividad principal. En este sentido, se busca impulsar, por ejemplo, a una una empresa que utiliza nanotecnología en su proceso productivo y que no necesariamente factura nanotecnología.

El proyecto establece la creación de un Consejo Consultivo integrado por entidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación y fija criterios para definir el encuadre de empresas ligadas a las nuevas actividades que incluye la ley frente a una experiencia de varios años que tenía a la industria del software como única destinataria.

Además, se crea un fondo con un porcentaje aportado por las empresas del beneficio que ya estaba previsto en la ley pero con un nuevo destino. Se utilizará para la promoción de la Economía del Conocimiento con el objetivo de financiar capacitación, formación de recursos humanos, proyectos de inversión productiva, internacionalización de pymes y actividades de innovación, entre otras. Será de apoyo exclusivo para las pequeñas y medianas empresas.