Ya en los primeros 21 días del actual Gobierno la
estadística parcial de Finanzas, a cargo de Diego Bastourre, había dado cuenta de un salto de casi USD 22.000
millones en el monto total de la deuda Bruta de la Administración Central.
En ese caso, tanto el efecto de la devaluación del peso, como la
indexación que mantienen parte de los bonos reestructurados en los canjes del
default de fines de 2001, primero en 2005, y luego en 2010, más nuevas
emisiones con esa cláusula de ajuste para atraer a los inversores a que compren
títulos públicos volvieron a tener un rol relevante. Pero
también se sumó el efecto del auxilio que el Tesoro le pidió al Banco Central para
enfrentar los vencimientos hasta abril, por USD 4.571 millones, y
otras emisiones menores.
En el caso particular de
enero “el financiamiento, neto de amortizaciones” implicó un aumento del total
de compromisos del sector público en USD 1.002 millones, a los que se sumaron
USD 166 millones por variaciones netas del tipo de cambio, ajuste por cláusula
CER y USD 4 millones por emisión de bonos de consolidación.
Con esas variaciones, y asumiendo que el PBI equivalente en dólares corrientes se
retrajo de USD 441.094 millones al cierre del tercer trimestre de 2019,
estimado por el Ministerio de Economía, a algo menos de USD 419.000 millones en
enero, por efecto del aumento del tipo de cambio promedio de
referencia de $50,43 a $60, la relación deuda pública total sobre PBI se elevó
a poco más de 77 por ciento.
Sin embargo, un análisis comparativo con otros países permite concluir que el problema de la Argentina no es tanto la
magnitud de la deuda pública, como el singular costo, por el altísimo índice de
riesgo país que genera una larga historia de incumplimientos, y
consecuentemente exigencias de tasas de interés para el repago varias veces
superior al promedio del planeta.
Sólo cuando se logre equilibrar las finanzas públicas,
eliminar las expectativas de creciente aumento de los impuestos para financiar
un gasto público federal sostenidamente expansivo, no sólo el pago de la deuda
pública será sustentable, sino que además abrirá el camino para asumir nuevos
compromisos y extender plazos para su devolución.
Estructura de los compromisos a plazos del
sector público
El ministro Martín Guzmán, por instrucción
del presidente Alberto Fernández espera
cerrar el capítulo de la reestructuración de la deuda bajo legislación
extranjera en el curso de abril. Se trata del 44% del total, unos USD 143.000
millones.
Aunque por moneda, la proporción se eleva al
78%, la cual se concentra en 74% en dólares; 18% Derechos
Especiales de Giros, la moneda ad hoc que utilizan los miembros del FMI por los
compromisos asumidos con el organismo por parte de los países socios, en el
caso de la Argentina pasó del equivalente a USD 44.129 millones a fines de
diciembre de 2019 a USD 43.940 millones al cierre de enero; y 8% en Euros.
La estructura de tasas es más equilibrada: 49% del total se
pactó a un interés fijo; 39% variable y 12% con costo cero.
Mientras que muestra una alta concentración los vencimientos a partir
del año de plazo, con 94% del total; un 5% madura en el curso de
2020 y aún persiste un 1% en situación irregular, por estar pendiente de
regularización por parte de los bonistas que no ingresaron a los canjes de los
bonos defaulteados en la crisis de 2001.
En tanto que por tipo de instrumento, el más utilizado ha sido la
colocación de títulos públicos y Letras del Tesoro, representaron el 70% del
total; seguidos por 21% organismos internacionales,
principalmente el Fondo Monetario Internacional; 6% entre Banco Central (4%) y
otros 2%; mientras que 3% está en manos de bonistas no reestructurados.
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