El Gobierno argentino rescindió hoy el contrato con Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez a través de una sociedad con Aguas de Barcelona (Agbar), que en septiembre pasado había decidido retirarse unilateralmente de la compañía en medio de una áspera controversia por las tarifas aplicadas a los usuarios.

El contrato fue rescindido "por culpa del concesionario", anunció el ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, que acusó a la empresa de "abuso de poder" ante los clientes y de "graves irregularidades de carácter prolongado".

Aguas Argentinas tenía desde 1993 la concesión por 30 años en el servicio de agua potable y de alcantarillado para los once millones de habitantes de Buenos Aires y de los 17 populosos distritos que rodean a la capital argentina.

De Vido indicó que el Estado argentino se hará cargo del servicio de la compañía por medio de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), cuya creación dispondrá en las próximas horas el jefe del Estado, Néstor Kirchner, mediante de un decreto.

Anunció que se garantizará la estabilidad de los trabajadores de la empresa y que AYSA decidirá "de inmediato" un plan de inversión por 143,5 millones de pesos (38,3 millones de euros) con el fin de atender "los problemas más urgentes" de los usuarios.

El ministro de Planificación subrayó que el contrato con Aguas Argentinas se rescindió después de que se constataran "graves irregularidades de carácter prolongado" en la prestación del servicio, lo que había motivado "innumerables multas" a la compañía.

Dijo que la deficiente gestión de la empresa afectó a por lo menos 300.000 usuarios que forman parte de los "grupos socioeconómicos más vulnerables".

Aguas Argentinas cometió "un abuso de poder ejercido con descaro y tozudez", aseguró.

De Vido leyó un informe según el cual la compañía explotaba 151 pozos de agua para el consumo, de los que 43 "exceden" los requisitos mínimos de salubridad por tener altos niveles de nitratos, sustancia que refleja contaminación con aguas residuales.

Aseguró además que 21 de los 28 "pozos de reserva" también están en la misma situación y que la concesionaria incumplió "sistemáticamente" los requisitos de presión del suministro de agua a los usuarios.

"El Estado argentino tiene la obligación de quebrar aquello que se describe como el derecho de los poderosos", puntualizó.

En septiembre de 2005, Suez había decidido rescindir de forma unilateral el contrato de Aguas Argentinas y salir de la compañía a raíz de una controversia con el Gobierno argentino por la actualización de las tarifas, que están congeladas desde 2002, entre otros puntos de un proceso de renegociación de la concesión.

En enero, la junta de accionistas de la compañía aplazó la fecha de retirada de Suez con el fin de "facilitar una transición ordenada" para la entrega del servicio.

Pero, en su última reunión, celebrada a principios de febrero, aprobó retirar la demanda que la empresa presentó ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por la congelación de las tarifas, si bien Suez ratificó su decisión de seguir individualmente con la reclamación.

La junta de accionistas no definió la fecha de retirada de Suez, mientras que los otros accionistas minoritarios de la compañía son el argentino Banco de Galicia y los trabajadores, entre otros.

Las tarifas de los servicios públicos fueron congeladas en enero de 2002, cuando en medio de una severa crisis económica se devaluó el peso argentino después de once años de una política de paridad de "uno a uno" con el dólar.

Suez y Agbar han recurrido al tribunal arbitral del Banco Mundial para reclamar al Estado argentino una indemnización por pérdidas por valor de 1.700 millones de dólares (unos 1.406 millones de euros), pero el montante de la reclamación de Aguas Argentinas no ha sido precisado por la compañía. EFECOM