Por Carlos
Burgueño - La Argentina negociará con los bonistas toda su deuda en divisas emitida con legislación extranjera. Esto incluye
el monumental pasivo emitido en la era Mauricio Macri, pero también el residual
heredado de los años de Néstor Kirchner, y que fue emitido para salir del
default declarado por Adolfo Rodríguez Saa en diciembre de 2001. En total la
suma que se negociará llega a los u$s70.000 millones, de los u$s80.000 millones
sostenidos con el sector privado bajo legislación extranjera. Los otros 10.000
millones de dólares corresponden a avales de colocación, compromisos de
financiamiento y deuda directa con bancos, los que no necesariamente tienen que
ingresar en el llamado que se hará efectivo la próxima semana.
La decisión
de incluir o no este último monto se tomará este fin de semana, antes de la
confección final de la oferta que hará pública Martín Guzmán y que, en líneas generales, presentará en sociedad el
presidente Alberto Fernández cuando el próximo domingo hable
ante la Asamblea Legislativa inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso
Nacional.
Si bien el
número a negociar impacta, es un 38% del total de la deuda pública que debe el país y que en
total alcanza los 324.037 millones de dólares, según el último dato consolidado del
Ministerio de Economía a diciembre de 2019, equivalente al 88% del PBI
argentino. Luego, en importancia, se
ubica la deuda con organismos internacionales, por un total de 72.680 millones
(y que incluyen los u$s44.000 millones del préstamo stand by al fondo Monetario
Internacional) y unos 46.352 millones emitidos en pesos bajo legislación
nacional. Sin
embargo, ese 38% condiciona al resto de la deuda argentina, ya que (junto con
la del Fondo) es la que resulta impagable en el mediano plazo y que debe ser,
inevitablemente, reestructurada. Y con una quita considerable en cuanto al
capital e intereses.
La primera
decisión política que había tomado el Gobierno era renegociar sólo la deuda
emitida durante el gobierno de Mauricio Macri, y que llega a unos u$s50.000
millones, incluyendo todos los bonos diseñados en los tiempos
de Luis Caputo como secretario de Finanzas
primero y ministro después. La intención primaria, especialmente de parte del
kirchnerismo, era la de plantearle al mundo que son únicamente los títulos
públicos lanzados por la gestión macrista los que el país no puede pagar,
dejándole en claro a los acreedores que poseen este pasivo, especialmente los
fondos de inversión que llegaron al mercado local de la mano de Caputo, que son
corresponsables de la nueva debacle financiera del país. Y que en consecuencia
deben hacerse cargo del fuerte castigo que les llegará, bajo el nombre de una
quita de las acreencias y extensiones de los plazos de pago.
Fue la
presencia funcional como actor protagónico del proceso del Fondo Monetario, lo que hizo cambiar la estrategia. Los técnicos
del FMI que fiscalizaron hasta la semana
pasada los números locales, encabezados por la Julie Kosack, directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental, y el
encargado del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu; establecieron que
ante los acreedores no puede haber distinciones sobre en qué gobierno se emitió
cada tipo de deuda sino que el criterio general es que el total de los bonos lanzados
bajo jurisdicción extranjera son impagables. Incluyendo la emitida durante el
gobierno de Néstor Kirchner para salir del default, y que suma unos u$s20.000 millones, especialmente concentrados en el
principal bono que debe el país: el Cupón PBI por el que se adeudan unos
u$s12.787 millones. La misión del FMI determinó que la definición de
“no sustentable” de la deuda es general y no excluye pasivos emitidos por
diferentes gobiernos, sino que haya sido emitida en jurisdicciones extranjeras.
Kosack y Cubeddu, con el aval de la jefa del organismo, Kristalina Georgieva,
le aclaró al Gobierno que no debe haber distinción y que todo el pasivo debe
entrar en revisión general, con lo que al Ejecutivo no le quedó otra opción que
incorporar los bonos emitidos para salir de la crisis de 2001. No será fácil
para el Gobierno presentar este capítulo. No es común que un país deba
renegociar el default más importante del mundo (el de
2001 bajo el canje de 2005) y luego volver a llamar
a los tenedores de esa deuda para reestructurar lo estructurado. El consuelo es
que la mayoría de los acreedores son bancos y fondos de inversión y que queda
muy poco de los antiguos poseedores originales de la deuda caída en desgracia
luego del colapso de la convertibilidad.
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