El presidente Alberto Fernández abrió el 138° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso repleto de anuncios, realizó un repaso de la herencia "M" y dio definiciones sobre los que serán sus cuatros años de gestión. "Argentina", "desarrollo" y "deuda", entre las palabras más usadas.

Durante una hora y 19 minutos, el mandatario prometió revisar el endeudamiento de Mauricio Macri, desarrollar los hidrocarburos y la minería, rebajar las retenciones de la mayoría de los cultivos -solo subiría la soja- y crear un Consejo Económico y Social para el desarrollo argentino.

Alberto Fernández también desclasificará documentos de la AMIA, propondrá cambios a la ley de Educación Superior, ascenderá post mortem a los 44 submarinistas del ARA San Juan, impulsará un Presupuesto "ético" para 2021, creará un cuerpo de administradores gubernamentales, reactivará los juicios por violaciones a los derechos humanos, reformará Comodoro Py y garantizará un sistema previsional "sustentable", con los recortes a las jubilaciones de privilegios de jueces, fiscales y diplomáticos.

Fernández anunció el envío al Congreso de una batería de proyectos de ley:

Creación del Consejo Económico y Social.

Desarrollo de los hidrocarburos y sector minero.

Cambios a la ley de la economía del conocimiento.

Interrupción voluntaria del embarazo (aborto).

Reforma de la Justicia federal.

Iniciativas sobre la defensa de la soberanía y las Islas Malvinas.

Nueva ley de educación superior.

Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas Publicas.

La pesada herencia "M"

"En democracia la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política", dijo al inicio de su discurso, cuando se ocupó repasar el estado en el que recibió al país. "Hemos encontrado una situación extremadamente delicada", alertó, y detalló que la Argentina debe afrontar este año vencimientos de deuda por u$s44.000 millones y otros u$s14.000 en concepto de intereses.

También mencionó que recibió de Macri un alza de la desocupación, una la inflación del 2019 récord (53,8%) y unos 240.000 empleos menos, que fueron destruidos durante el gobierno de Cambiemos. "La capacidad ociosa de la industria es de 40%”, agregó , y recalcó que el país “está sumido hace dos años en recesión”.

Además, aseguró que el 60% de las obras públicas “están paralizadas” y que los incrementos tarifarios fueron excesivos. “Los aumentos (de tarifas) llevaron a situaciones críticas a los argentinos y las industrias”, advirtió, y recordó que el gas se incrementó 2000% y la luz cerca del 3.000%.

"Debemos enfrentar una deuda pública récord en monto y concentración temporal de vencimiento", lamentó el jefe de Estado y sostuvo: "La deuda pública que heredamos es, sin lugar a dudas, el mayor escollo que enfrentamos".

En ese marco, dio indicios de la oferta a los acreedores privados para la reestructuración: "Ningún acuerdo será mágico o milagroso. Una resolución ordenada a la crisis de la deuda se está caminando en esa dirección. Lo más importante es que (el acuerdo) sea sostenible, que le permita a Argentina ponerse de pie y no volver a caer. Eso es innegociable", sentenció.

"Si queremos superar para siempre los ciclos de sobre endeudamiento, debemos tomar compromisos que sí se puedan cumplir, en lugar de hacer promesas sobre la base de escenarios maravillosos que nunca llegan y que nos terminan dejando en una situación peor. Esa premisa será la base de la oferta que le haremos a los acreedores en las próximas semanas. Este proceso lo vamos a realizar con responsabilidad y con firmeza", explicó.

Investigarán el feroz endeudamiento de Macri

Alberto Fernández reveló que el Banco Central "se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera que el país consiguió divisas en forma de préstamos" y se espera que en los próximos días se conozcan detalles de una investigación abierta sobre el endeudamiento del gobierno de Macri y la fuga de capitales.

"Todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista", consideró.

"Debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas. Necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido porque el riesgo que acarrea tal distracción es la concreción de un daño inmenso que deberían soportar varias generaciones de argentinos", sostuvo el jefe de Estado.

Luego, destacó las primeras medidas en los 81 días de su gestión. "Nuestro plan económico dio sus primeros pasos positivos: mejoramos el déficit fiscal, redujimos la tasa de interés financiera, las mesas de acuerdo entre los trabajadores y empresarios son positivas, hay sectores que poco a poco empiezan a reactivar. Hemos dado pasos firmes para tranquilizar la economía”, afirmó.

En ese sentido, afirmó que se está “trabajamos para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación”, lo que que “ya está dando resultados incipientes”.

 “El campo debe ser un protagonista importante", dijo. al dirigirse a los ruralistas. “Los que producen y exportan deben hacer más esfuerzo porque tienen mejores condiciones en la Argentina de hoy”, anadió.

Si bien Alberto Fernández evitó hacer anuncios concretos, resaltó la "propuesta" que le realizaron esta semana a la Mesa de Enlace para revisar las retenciones a los productos agrícolas. "Los hemos convocado para que colaboren en nuestro programa de Argentina contra el Hambre", recordó, y les hizo un pedido: "Deben hacer el esfuerzo".

"Hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones, que además preserva la situación de los pequeños productores", destacó. Fernández aclaró que se busca subir las retenciones a sólo uno de 25 productos agropecuarios, que se estima será la soja. Esa propuesta busca de reforzar los ingresos tributarios en poco más de u$s 500 millones anuales. “No ocupamos de que los productores tengan más acceso al crédito, que no los afecte el precio de los combustibles y la compra de insumos (dolarizados)”, destacó en contrapartida al "esfuerzo compartidos" solicitado.

Mariano Fuchila

“La propuesta preserva la situación de los pequeños productores y despejan en un todo las variables propuestas por la Ley de Solidaridad Social. Resultada favorable para muchos cultivos, pero fundamentalmente para las economías regionales. Buscamos el desarrollo del campo y preservar las cuentas públicas”, remarcó.

Según dijo, estará "integrado por autoridades propuestas por el Poder Ejecutivo, que cuenten con acuerdo del Congreso y cuyos mandatos trascenderán el período de gobierno”.

"Los convoco a preservar y nutrir este Consejo", resaltó el jefe de Estado a los diputados y senadores presentes, aunque esa iniciativa suponga "una delegación de sus facultades", según admitió. Para Alberto Fernández, el Consejo debe que ser un “motor de políticas de Estado".

Alberto Fernández adelantó el envío de un proyecto de ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero, que promueva la inversión nacional e internacional en el sector y desarrollo de la cadena industrial de producción y los servicios, que permitan crear miles de puestos de trabajo.

En ese marco, dijo que la minería metalífera y la de litio son grandes oportunidades para aumentar las exportaciones y aprovechó para anunciar un fomento al desarrollo industrial del país, con la creación de nuevos parques industriales y planes para poner en marcha el futuro de la producción.

Cambios a la ley de economía del conocimiento

“Enviamos una modificación de la ley de economía del conocimiento para sectores intensivos en conocimiento”, dijo, y destacó que esa iniciativa -a diferencia de la ley de Macri- incorpora una perspectiva de género y una mirada federal, facilita el ingreso de pymes e incentiva las inversiones.

“Tenemos que potenciar el área de ciencia y tecnología. Vamos a revertir la tendencia negativa en el presupuesto para esta área. Somos un gobierno de científicos, no de Ceos”, aclaró.

El jefe de Estado exhortó a los argentinos a "construir consenso" para contar con un nuevo sistema de inteligencia. "Voy a dictar un decreto que impida a los servicios de inteligencia y sus miembros hacer tareas represivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de inteligencia criminal como auxiliares de la Justicia", enfatizó.

El presidente aclaró que las modificaciones a la Ley de Inteligencia buscan avanzar con sus "decisión irreversible de terminar para siempre con los sótanos de la democracia". En esa línea, anunció la desclasificación de archivos secretos de la ex SIDE. "A 26 años del atentado a la AMIA voy a ordenar desclasificar los testimonios secretos que fueron brindados por agentes de inteligencia en los juicios por el ataque y la responsabilidad de los funcionarios en el encubrimiento. Y lo mismo haremos con toda la documentación reservada que exista en el organismo (AFI, ex SIDE) sobre el atentado”, agregó.

“Vamos a poner fin al secretismo con el que se manejan los fondos públicos” respecto de los servicios de inteligencia, que según dijo, muchas se utilizan para perseguir a dirigentes políticos.

Enviará una ley de interrupción voluntaria del embarazo

Alberto prometió ocuparse de la mujer que desea tener a su hijo y de las que deciden interrumpir su embarazo. “Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres, para que accedan plenamente al sistema de salud”, subrayó.

En ese marco, dijo que desde 1921 la Argentina penaliza la interrupción de embarazo. “Hay 100 años de jurisprudencia que dan cuenta de la ineficacia del sistema penal argentino”, indicó, y denunció que “muchas mujeres no se encuentra incluidas” en la normativa actual.

 “El sistema ha condenado a muchas mujeres, general de menores recursos, a recurrir a abortos clandestinos poniendo en riesgo sus salud. El aborto sucede, es un hecho, y es la hipocresía lo que lo tapa y nos hace tener en un debate como este”, analizó.

Acto seguido, Fernández anunció el envío de su propio proyecto de ley. “El Estado debe proteger a las mujeres y en el siglo XXI se debe respetar la decisión personal de las mujeres, de disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días presentaremos un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo”, lanzó, y provocó que decenas de legisladores e invitados se aplaudan de pie.

En ese momento, el hashtag #AbortoLegal2020 se convirtió en tendencia en Twitter, impulsado por los militantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y referentes sociales, culturales, políticas y artísticas que eligieron la red social para pedir que se legalice la práctica.

El plan de los 1.000 días para proteger al nacido y su madre

Asimismo, anunció que en simultáneo “lanzaremos un contunden programa de educación sexual y prevención del embarazo no deseado”.

“Tenemos que llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social, donde más necesitan del Estado. Embarazo, parto y primeros años de crianza. El Estado debe estar presente en el nacimiento y desarrollo de la primera infancia”, consideró, y prometió un plan de acompañamiento durante los 1.000 días de vida para garantizar la salud de las madres y sus hijos. De este modo, "estamos ampliando los derechos de las mujeres y dando protección a las que necesitan apoyo durante el embarazo”, con el objetivo de combatir la "desnutrición, proteger los vínculos tempranos y el neurodesarrollo", aseveró.

La Justicia federal y los derechos humanos

El presidente aseguró que "la defensa de los derechos humanos no es la columna vertebral de un gobierno, sino la columna vertebral de la República Argentina", y advirtió que "sin memoria, verdad y justicia, la Argentina no puede ponerse realmente de pie". A partir de ello, anunció que "vamos a recobrar un rol activo del Estado en investigaciones de crímenes de lesa humanidad".

Asimismo, confirmó que enviará al Congreso una propuesta de reforma de la Justicia federal de Comodoro Py, para evitar "la designación de jueces amigos y la utilización política de la justicia". "Vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré: ponerle fin a la designación de jueces amigos y a la utilización política de la justicia", enfatizó el Presidente.

Fernández deslizó que la ley buscará el "reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo de, las falsas causas y la arbitrariedad en materia de detenciones" y aseguró que habrá un "nuevo fuero federal penal" y se "transferirá una parte a la Ciudad, que tendrá plena autonomía".De esta forma, los casos de corrupción ya no serán tratados solo por los jueces de Comodoro Py, sino que podrán caer en "un centenar" de magistrados de todo el país.

Tres proyectos "para afianzar la soberanía territorial".

Tras recordar la "usurpación" de las Islas Malvinas, el mandatario recordó que "nuestro hogar común tiene una herida sangrando en lo mas profundo de nuestro sentimiento soberano" y presentó tres proyectos de ley.

1. Creará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que encabezará Daniel Filmus. Este Consejo también se ocupará de los espacios marítimos. Será un órgano "plural" y buscará garantizar las políticas de estado de mediano y largo plazo. El organismo "contará con representantes de la oposición política, del mundo académico y jurídico, de la provincia de Tierra del Fuego y de los ex combatientes", detalló Fernández.

2. Será un proyecto de ley "sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, que contribuirá a consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo". Esta medida busca incrementar la "seguridad jurídica" para el otorgamientos de concesiones que tenga como finalidad la exploración e explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias".

3. Se modificará el Régimen Federal Pesquero para "endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas donde nuestro país tiene soberanía sobre recursos vivos marinos, lo que incluye las Islas Malvinas".

Nueva ley de educación superior, más libros y más computadoras

Fernández aseguró que las universidades públicas son "una instancia central" en la educación y confirmó que impulsará una nueva Ley de Educación Superior, que "permita fortalecer nuestro sistema universitario y el vínculo con la comunidad y el sector productivo".

"Nuestros objetivos son democratizar el acceso al conocimiento y romper las desigualdades de cuna con que ingresan al colegio nuestros chicos", aseveró el Presidente ante la Asamblea Legislativa y enfatizó que hay que "educar, educar y educar para que haya futuro".

Fernández aseguró que buscará "garantizar el cumplimiento las leyes vigentes" y destacó las leyes de Financiamiento, la de Educación Nacional y la de Educación Técnica, "que empezaron a incumplirse en los últimos cuatro años", remarcó.

Afirmó que es necesaria "la escolarización temprana para que haya un mejor rendimiento en la trayectoria educativa" y precisó que "la escuela primaria debe ser un espacio de transferencia y creación de conocimientos y que la secundaria se extienda para alcanzar a los jóvenes con mayores dificultades".

"Vamos a articular un sistema con entidades deportivas y centros culturales para que nuestros jóvenes estén más tiempo contenidos. Queremos extender esa cobertura, que cada adolescente tenga sus libros y su computadora", agregó.

Cuerpo de servidores públicos y un presupuesto "ético"

En otro tramo del discurso, anticipó el cumplimiento de un “sueño” de Raúl Alfonsín: la puesta en marcha de un cuerpo de Administradores Gubernamentales. Según detalló Alberto, es un “cuerpo de servidores públicos, con excelencia académica para poner el estado al servicio de la sociedad”.

“Es un programa de innovadores de gobierno, un concurso nacional para formar un cuerpo profesiones entre los funcionarios públicos y los que vengan de cualquier parte del país para con vocación de transformación social”, explicó el mandatario.

Fernández apeló al “conocimiento de vanguardia, de nivel mundial” y a las “mejores herramientas tecnológicas” para proponer cambios en la administración gubernamental. “Tenemos que aplicar las mejores” tecnologías, expuso, y planteó la creación de la Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas Publicas. “Cada peso que gaste el Estado debe tener un sentido de promoción social”, señaló, y adelantó que “se empezará por los programas de financiamiento internacional”.

El jefe de Estado aseguró que esta Agencia será la columna central para discutir el presupuesto en el año 2021, que garantice la inversión pública. “El presupuesto del 2021 debe construir un ejemplo de la ética”, sentenció.

Modificación a regímenes jubilatorios de jueces, fiscales y diplomáticos

Fernández defendió la suspensión de la movilidad jubilatoria y la decisión de impulsar proyectos para dotar de mayor "equidad" al sistema previsional y denunció que durante el macrismo (2016 y 2019) el Estado nacional se financió con los recursos de los jubilados

"Por el cambio del Índice de Movilidad Jubilatoria dispuesto en diciembre de 2017, los jubilados perdieron entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 el 18,5 % de sus haberes en términos reales", advirtió, y se quejó de que "la desigualdad entre los haberes se incrementó hacia el interior del universo de los jubilados".

"Mientras que el 40 % de aquellos que menos ganan perdieron un 22 % de su poder de compra en los últimos 4 años, el 20% que más gana mejoró un 1% su poder adquisitivo. Es decir, la mayor parte del ajuste recayó sobre los sectores más vulnerables", precisó.

En esa línea, remarcó que "las decisiones que se tomaron" desde su asunción "han beneficiado al 85 % de los jubilados, pensionados y titulares de la AUH".

"La crítica situación del sistema jubilatorio nos obliga a evitar mayores inequidades. En la Argentina ya no hay lugar para los privilegios", consideró.