Por Carlos Burgueño - Alberto Fernández vive el conflicto con el campo como una demostración para demostrarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre su firmeza en mejorar las cuentas fiscales, aún a costa de enfrentar un conflicto político interno. Y que, en consecuencia, no dará marcha atrás y mantendrá firme la aplicación de la nueve versión de las retenciones, por la que buscará obtener entre u$s500 y u$s800 millones, considerados imprescindibles para mejorar la perfomance fiscal del primer semestre del año.

 “Ya negociamos, pero ellos quieren ganar siempre”, se quejaba ayer por la tarde el jefe de Estado en la Casa de Gobierno al enterarse de la decisión de la Mesa de Enlace de ir a un paro (ver nota aparte). Al mismo tiempo aseguraba a su gabinete que su decisión era la de no reabrir el dialogo y avanzar con la aplicación del plan de retenciones tal cual fue reglamentado ayer a través de su publicación en el Boletín Oficial.

En paralelo, su ministro de Agricultura, Luis Basterra, mencionaba que en ningún momento mientras mantenían un dialogo más o menos fluido sobre la manera en que se aplicaría el incremento arancelario, hubo mención alguna de parte de la Mesa de Enlace sobre la posibilidad de avanzar con el incremento arancelario un paro. Y que el encuentro del martes pasado donde se le comunicó a los dirigentes agropecuarios la manera en que se aplicaría la medida terminó con quejas; pero con un apretón de manos y la promesa de continuar el diálogo sobre la manera en que se aplicaría la red de compensaciones para los pequeños y medianos productores. “Ya fue discutido. Oímos sus preocupaciones y cumplimos con la ley. Los que no quieren cumplirla son ellos”, sostuvo Fernández ante sus colaboradores, incluyendo Basterra, dando por terminada la alternativa de continuar con las negociaciones. “La propuesta que hemos sometido a la consideración del sector, que además preserva la situación de los pequeños productores, respeta en un todo las condiciones que nos fueran impuestas por la ley de Solidaridad Social y reactivación productiva”, dijo el Presidente; antes de cerrar con una definición central sobre porqué se tomó la medida: “encontremos el camino que nos conduzca a sostener el desarrollo y a preservar las cuentas públicas”.

La realidad es que tanto la decisión de avanzar en la suba de las retenciones el 14 de diciembre pasado al 30% como el upgrade de 3% aplicado desde ayer son, junto con la reforma del sistema previsional, los dos guiños fiscales más importantes que el Gobierno de Alberto Fernández le hace al FMI y los acreedores privados, para demostrarse que su intención de equilibrar las cuentas públicas antes de 2024 va en serio.

En el caso de las retenciones, el jefe de Estado nunca dudó que sería una medida casi indispensable ante la situación de los números de ingresos y egresos con que se enfrentaría. Una vez llegado al poder se convenció. Y luego de los primeros diálogos preliminares con el director gerente para el Hemisfério Occidental del Fondo, el mexicano-Argentina Alejandro Werner, terminó de considerarlo imprescindible. El FMI siempre estimó que avanzar en las retenciones a las exportaciones sojeras, era la única manera seria y convincente que tenía la Argentina para que sus promesas de mejoras fiscales sean sostenibles en el tiempo. Se lo habían expuesto sin anestesia a Mauricio Macri en septiembre de 2018, cuando el primer Stand By firmado con Christine Lagarde naufragó y el Gobierno de Cambiemos rogaba por una nueva versión más friendly, amplio y flexible del préstamo firmado en junio de ese año.

En aquellos días, Macri se exponía ante el FMI como el primer presidente en la historia del organismo en no poder cumplir con un Stand By a sólo tres meses de haberlo firmado, y afirmaba que necesitaba más dinero para que las cuentas argentinas sobrevivan.

El FMI envió entonces una misión al país quién traía una orden expresa de Werner: el Gobierno debía aplicar retenciones a las exportaciones de soja si quería que las promesas de mejoras fiscales del macrismo sean creíbles. El italiano Roberto Cardarelli se lo dijo directamente en persona al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, quién se lo transmitió luego a Macri. Este aceptó en un principio, pero las presiones de su Gabinete hicieron que inventara una fórmula alternativa algo bizarra; fijar como derecho de exportación $4 por dólar exportado para los cereales y otras materias primas, por lo que la soja quedaba en 30% (18% más 12%); mientras que otros productos pagarán 9% y algunos quedarán en $3 por dólar. El FMI volvió a presionar en septiembre de 2019 para que se abandonara este mecanismo y que se aplicaran retenciones directas, ante las continuas devaluaciones del peso, que habían degradado los ingresos fijados por la fórmula de Macri.

Alberto Fernández sabía que si quería que el Fondo tomara en serio sus promesas de mejorar la situación fiscal del país, tendría que avanzar sin eufemismos en el recurso de retenciones a la soja. Así lo hizo en diciembre del año pasado. Luego, al ver que la brecha entre recaudación e inflación del primer bimestre del año no mejoraban, debió avanzar aún más en la presión arancelara a las exportaciones primaras del principal commodity vendido por el país al exterior. Sabían el jefe de Estado y su ministro de Economía, que los técnicos integrantes de las misiones del FMI por el país, pondrían reparos en esa brecha que se sostiene en un 10%; ante lo cual el gobierno argentino tendría que tener preparada una respuesta simple, clara y convincente. Los tres puntos porcentuales de más en las retenciones, medida anunciada en el último día de presencia de los hombres del Fondo en el país (ver nota aparte) representan esa señal.