Por Natalia Donato - Enviada especial a Washington, EEUU - La estrategia encarada por el Gobierno de avanzar primero en la negociación con los acreedores privados antes de sentarse a discutir un nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es inusual. Lo que normalmente sucede en la mayoría de los países es que primero el organismo internacional analiza la economía, evalúa las necesidades y las políticas que quiere el respectivo gobierno y avanza en un programa que dé una mayor tranquilidad a los bonistas de que, aún en el marco de una reestructuración, van a cobrar.

Pero la Argentina optó por el camino contrario. Así lo reconocen los propios funcionarios cercanos a Alberto Fernández y es, incluso, lo que se está percibiendo sobre la marcha de los acontecimientos. Y esta estrategia es peligrosa, analizan en Washington, de acuerdo con lo que pudo percibirse de varios encuentros organizados en el marco del viaje con periodistas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país (Amcham).

¿Por qué creen en la capital norteamericana que avanzar por este andarivel tiene sus riesgos? Y la explicación es que los tiempos para la Argentina son cortos en términos de disponibilidad de fondos para hacer frente a los compromisos. El default está a la vuelta de la esquina, aseguran las fuentes consultadas, aunque las expectativas del gobierno de Alberto Fernández son auspiciosas.

 “En la mayoría de los casos, los países van al FMI primero y luego negocian con los privados. Hoy se le está pidiendo a los acreedores que hagan concesiones sin tener la suficiente información de cuál será el programa del país”, aseguran altas fuentes en esta ciudad.

Los vencimientos con el FMI por ahora no son un problema, ya que recién en 2021 hay sumas importantes para pagar, pero con los bonistas privados ya el mes próximo hay montos altos para hacer frente, lo que vuelve bastante más urgente el cierre de esta negociación. Por algo el ministro de Economía, Martín Guzmán, se fijó como plazo máximo de finalización del proceso el 31 de marzo. El Gobierno no puede pagar su deuda y no tiene margen para estirar estas discusiones con los acreedores. La gran pregunta es cuál será la oferta final -que, según trascendió, contemplará una quita importante- y si los bonistas aceptarán, sin chistar, ese acuerdo.

Hay varios antecedentes a nivel mundial, e incluso en la Argentina, de fondos buitres que no aceptaron las condiciones impuestas y optaron por entorpecer el proceso y reclamar por la vía judicial. Demás está recordar el reciente caso bonaerense, que no terminó en default porque el gobernador Axel Kicillof finalmente optó por hacer frente al pago de USD 250 millones del BP21 con recursos propios. Pero no está descartado que puedan surgir acreedores que obstruyan la reestructuración nacional.