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Por Juan Strasnoy Peyre - Entre el lunes y el martes el
Ejecutivo publicará en el Boletín Oficial el decreto que formalizará el proceso de renegociación de los títulos soberanos bajo
jurisdicción extranjera y brindará un marco normativo para el
lanzamiento de la oferta oficial de reestructuración. Luego de las tensas conversaciones
de la semana pasada, el Gobierno apunta a conseguir el aval de tenedores privados de unos USD24.000 millones que, sumados a la
adhesión asegurada de los organismos públicos que poseen unos USD24.600
millones en bonos Ley Nueva York, le permitirían alcanzar el 75% promedio de
aceptación que necesita para realizar el canje y evitar demandas en los
tribunales estadounidenses.
Fuentes del Palacio de Hacienda le confirmaron a BAE Negocios que la redacción del decreto por parte del equipo del
ministro de Economía, Martín Guzmán, ya estaba concluida el domingo y que la Secretaría
de Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra ultimaba anoche los detalles del texto.
Las mismas fuentes explicaron que la normativa
"planteará cómo renegociar unos USD70.000 millones" en bonos con ley extranjera y
daría un marco para el pronto lanzamiento de la oferta oficial de canje. Según
el cronograma de Economía, la presentación de la propuesta debería ocurrir esta
semana aunque en el entorno de Guzmán no descartan que se estire hasta la próxima.
En el ministerio hablan de una "propuesta
fuerte" aunque no sueltan detalles. La apuesta oficial es conseguir un
período de gracia de entre dos y cuatro años con el objetivo de crecer antes de retomar el pago de los pasivos y una fuerte
quita entre capital e intereses para intentar recuperar la sustentabilidad de
la deuda y volver a acceder al financiamiento internacional.
Con
el acuerdo del Fondo Monetario para avanzar en esa dirección, la estrategia
diseñada por Guzmán es cerrar primero la reestructuración más complicada, la de los
USD64.700 millones en títulos emitidos con jurisdicción extranjera.
A diferencia de los pasivos bajo ley local, el
Ejecutivo no puede actuar de forma unilateral ya que se enfrentaría nuevamente a la justicia neoyorkina. Tras la
experiencia del conflicto entre Argentina y los fondos buitres por el canje de
2005/2010, con el juez Thomas Griesa como anfitrión, las emisiones internacionales
posteriores al litigio incluyeron cláusulas de acción colectiva (CAC) que
buscaron limitar el accionar de este tipo de fondos. Las CAC pautaron que, en
caso de reestructuración, si el Estado consigue la adhesión de un determinado porcentaje de tenedores, que varía entre
el 66% y el 85% de acuerdo a cada título, el cambio de condiciones se hará
extensivo al conjunto de los acreedores.
Ecolatina señaló que se necesita en promedio 75% de adhesión para avanzar en
la reestructuración de los casi USD65.000 millones en bonos ley extranjera y
evitar un bloqueo. Es decir, se precisa el aval de los tenedores de US$48.500
millones. Pero gracias a las tenencias por USD24.600 millones de distintos
organismos públicos, el Gobierno ya tiene abrochada la mitad.
"Dado que los bonos en manos del sector público adherirán automáticamente a la propuesta, será necesario
alcanzar aprobaciones del sector privado por casi USD24.000 millones, es decir,
un 60% de los tenedores. Aunque no será nada fácil, es un número más cercano
que el inicial (75%)", sostuvo la consultora. Claro que se trata de un
promedio, por lo que la participación y, por ende, el poder de veto de los
grandes fondos dentro de muchos instrumentos es mayor.
Aun así y pese a las críticas de los representantes
de los bonistas que se reunieron con Guzmán por "la falta de detalles
sobre el plan económico", en Economía son optimistas de cara a la recta final de la
negociación.
Si logra reestructurar la deuda externa, el Ejecutivo
le dará un trato similar a los títulos bajo ley local. Además, terminará de
negociar el nuevo programa con el FMI y buscará un recorte de intereses con el Club de París.
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