El ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó esta mañana una reunión con su equipo de trabajo para seguir de cerca la evolución de los mercados y analizar el impacto de la crisis internacional desatada por efecto del coronavirus.

“El equipo económico está trabajando a full. En especial muy atento a la evolución de los mercados, particularmente a partir de la crisis global por el impacto que está generando la expansión del coronavirus”, señalaron desde el Palacio de Hacienda.

En este marco, el titular de la cartera mantiene la postura de “presentar una renegociación sustentable para la deuda“, con lo cual se presume que “habrá una propuesta de quita importante”, según deslizaron fuentes oficiales a Télam.

“En este escenario lo central es que se entienda nuestro interés de llegar a un acuerdo definitivo, que no tenga que interrumpirse por eventuales incumplimientos”, explicaron y agregaron que “es indispensable transitar el camino de renegociaciones de deuda de muchos años a esta parte, tanto en el plano internacional cómo a nivel local”.

Desde el Gobierno enfatizaron que el objetivo es no repetir lo que sucedió en la gestión de Mauricio Macri, cuando se comprometieron “metas inalcanzables” que derivaron en sucesivos ajustes y el cuadro de crisis actual. “La prioridad es darle sustentabilidad al acuerdo que se llegue, que permita poner en marcha una política económica de crecimiento”, recalcaron las fuentes consultadas.

Del encuentro encabezado por Guzmán participaron los secretarios de Finanzas, Diego Bastourre; de Hacienda, Raúl Rigo; de Política Tributaria, Roberto Arias; de Legal y Administrativa, Viviana Salas; el secretario de Política Económica, Haroldo Montagu; y el jefe de Gabinete del Ministerio, Gonzalo Guilardes. También formó parte de la reunión la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Maia Colodenco.

 Si bien el equipo económico se maneja con gran hermetismo, el presidente Alberto Fernández ya brindó una señal formal en materia de deuda con la autorización para reestructurar los bonos que se encuentran bajo legislación extranjera por un total de US$ 68.842 millones.

El decreto firmado por Fernández busca evitar eventuales reclamos legales en jurisdicciones del exterior, particularmente ante la eventual irrupción de los fondos buitre que pudieran comprar esos títulos.