Por Carlos
Burgueño - El Gobierno hizo el lunes pasado el primer movimiento
serio para avanzar en la reestructuración de deuda. Y también la
primera pista abierta para conocer cuál es la intención oficial sobre la quita
que se les ofrecerá a los acreedores privados:
aproximadamente 55%.
El dato surge de un
movimiento concreto. El estudio de abogados norteamericano Cleary, Gottlieb,
Steen & Hamilton (CGS&H), un clásico argentino, emitió el pedido formal
a nombre del país al Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), la
autoridad que deberá autorizar la eventual emisión de deuda, para la colocación
de nueva deuda por unos u$s31.652.645.202 para rescatar el pasivo con
legislación exterior emitido desde 2005 hasta 2019. Ese dinero, comparado con
el total de u$s68.842.528.826 que el Gobierno reconoció como los bonos a
negociar; representaría una quita lineal de 55%, al menos el cuanto al capital
adeudado.
Obviamente se trata
de un porcentaje que, cuando se confirme, generará un rechazo visceral entre
los bonistas con los que se negociará la reestructuración. Y, en
consecuencia, se confirmará el pronóstico del ministro de Economía Martín
Guzmán sobre que la propuesta generará “frustración” entre los tenedores de la
deuda argentina.
Sin embargo, al
tratarse de la primera propuesta que se le hará a los acreedores, podría ser
mejorada al iniciar las negociaciones. Esto podría ejecutarse desde dos
costados diferentes. En primer lugar, nada impediría que el estudio de abogados
vuelva a pedir la autorización a la FINRA para una nueva colocación. En segundo
término, el gobierno podría discutir los intereses a pagar por la nueva emisión
de deuda. Desde el “albertismo” se considera esta segunda opción la más
favorable, quizá, para a las dos partes. Para la Argentina implicaría la
reducción sustancial de la deuda real con legislación en el exterior. Se
considera además que el momento de los mercados mundiales generados por la
crisis del coronavirus, con tasas de la Fed a cero e inversores espantándose de
los bonos locales e internacionales; podría generar cierta demanda en los
acreedores si el país ofrece intereses cercanos al 6 o 7%, una rentabilidad hoy
inexistente en el mundo de la pandemia.
Todas las dudas
comenzarán a dilucidarse cuando comience a aplicarse la nueva versión del
cronograma oficial de renegociación de deuda, que ayer oficializó Economía.
Según los tiempos actualizados, se extendió hasta el 25 de marzo el plazo que
tienen los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera autorizados
a entrar en el canje, para que informen sus tenencias y brinden su opinión
formal sobre la operación. Según una nota que emitió ayer el ministerio de
Guzmán, la decisión se tomó para “contactar al mayor número posible de
tenedores con el fin de entablar relaciones y conocer sus opiniones” sobre el
proceso de reestructuración. La fecha original había vencido el lunes pasado;
dentro de un cronograma que ya tenía un delay de tres semanas y que, si se
hubieran cumplido todos los tiempos estipulados en el momento de ser anunciado,
debería haber cerrado todo el proceso el 31 de marzo. Con el cierre del canje y
el eventual apretón de manos entre el gobierno y los acreedores incluido. Se
sabía hasta hace 10 días que el cumplimiento era difícil. Casi imposible.
Luego del primer lunes negro del 9 de marzo pasado, directamente esa
alternativa se transformó en una utopía. Lo más probable ahora es que el
Gobierno de Alberto Fernández se tome todo abril para avanzar sobre el proceso,
y que recién hacia fin del próximo mes haya algún panorama concreto de los
tiempos para cerrar la complejísima operación. Hay un límite teórico.
El 7 de mayo
Argentina debe pagar unos u$s1.374 millones correspondientes a un pago del
Bonar 24; bono incluido en el proceso de canje y que, si no hay arreglo,
debería ser liquidado con reservas del Banco Central. Sería entonces decisión
del Presidente, en el caso que las negociaciones continúen y no se haya
alcanzado el mínimo indispensable del 75% de aceptación obligatoria, ordenarle
a Miguel Ángel Pesce que libere el dinero o, opción B, ingresar en default.
Esta lamentable situación igualmente no sería inmediata. Las normas del sistema
financiero internacional le dan un plazo de 30 días más a un deudor en
problemas para que complete el pago. El plazo máximo sería entonces el sábado 6
o, técnicamente, el lunes 8 de junio. Según una fuente del oficialismo, “tiempo
hay”. Completa el pronóstico afirmando que “mientras tanto se irá aclarando el
panorama generado por la crisis financiera, que aún no sabemos si los ayuda o
perjudica”. Así, el Gobierno reconoce algo hoy innegable: el proceso de
reestructuración de deuda, en medio de la megacrisis, implica una enseñanza
para todos los actores interviniente. Tanto acreedores como deudores.
Mientras tanto, los
trámites oficiales continuarán esta semana en Nueva York, a través de las
gestiones del estudio CGS&H; el que, según aclara el especialista Sebastián
Maril de FinGuru, es “hace ya más de una década, el asesor legal de la
República Argentina en EE.UU. en términos de emisión de deuda y uno de los
estudios de abogados que representa al país en las cortes norteamericanas en
los numerosos litigios que enfrenta”. Fue el estudio que ayudó a colocar la
deuda de salida del default del 2001 con la operación del 2005 y 2006; y fue
también el estudio que defendió al país durante el Juicio del Siglo contra los
fondos buitre. Luego, durante la gestión de Alfonso Prat Gay fue corrido del
escenario. El entonces ministro de Economía y Finanzas decidió contratar a
Cravath, Swaine & Moore (CS&M), quienes completaron la operación en
2016. La presentación del pedido formal a la FINRA, determina un regreso del
estudio CGS&H a las filas de la defensa jurídica de los casos financieros
en Wall Street. Los acreedores y su nivel de aceptación determinarán si además
será el defensor del país ante eventuales juicios en los famosos tribunales del
Segundo Distrito Sur de Nueva York.
Esto, a su vez,
dependerá de la evolución de los precios de la deuda argentina a renegociar, en
medio de una catástrofe financiera que llevó las cotizaciones de los títulos
públicos más cerca del 30% que del 40% de límite para que la eventual oferta
argentina sea potable. Lo preocupante para el país, es que la aparición del
Cisne Negro del coronavirus, provocó la perforación del límite psicológico del
40%, con lo que los precios ahora sí son potables para los únicos demandantes
en escena: los fondos buitre que desde hace 10 días ya están con su mira en
Buenos Aires. Estos, en su versión moderna, ya vienen diseñando su cálculo
econométrico a tres bandas desde diciembre del año pasado, con la llegada de
Alberto Fernández al poder y la seguridad que el país iría a una nueva
reestructuración de su deuda; para conocer el momento exacto en que comenzar a
comprar deuda argentina sería un buen negocio a futuro. Obviamente
apostando a un nuevo juicio en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva
York, donde Thomas Griesa abrió el Juicio del Siglo, falló a favor de los
demandantes y les generó una ganancia de casi 1000% en dólares a 10 años, una
rentabilidad superior a lo que rinde en el mundo moderno el narcotráfico y el contrabando
de armas. El cálculo exacto que hicieron los fondos buitre, es el mencionado
anteriormente: por arriba de 40% no hay posibilidades de éxito; entre 35 y 40%
puede ser rentable, por debajo de 35% es un éxito asegurado. Los bonos cotizan
hoy cerca del 30%.
Estos fondos venían
monitoreando la proyección de los valores de los precios locales de los bonos
desde fines de enero. En algunas jornadas (Bono Dual y deuda de la provincia de
Buenos Aires entre el 5 y el 12 de febrero) se convencían que el desembarco era
posible. Otros días (la designación del HSBC y el Bank of America como agentes
financieros entre el primero de marzo) se desilusionaban y consideraban que la
quimera de volver a enjuiciar al país era imposible. Muchos estuvieron incluso
la semana pasada a punto de abandonar la eventual batalla, ante cotizaciones de
la deuda argentina cerca del 50% y cálculos de posible presencia de bancos
internacionales fuertes demandantes de esos títulos. Sin embargo, curiosamente,
un “golpe de suerte” los despabiló. El “lunes negro” del pasado 9 de marzo, que
combinó el coronavirus con la inoportunísima guerra petrolera entre Arabia
Saudita, generó una debacle generalizada en los mercados mundiales que
inevitablemente contagió a los activos argentinos; llevando la cotización de
los bonos a reestructurar por debajo del 40%, estacionándose, por ahora, en el
35%. Inmediatamente las computadoras se encendieron, los cañones enfocaron a
Buenos Aires, y comenzaron a llover las ofertas a los pequeños fondos de
inversión tenedores de deuda argentina.
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