Por Pablo Wende - Con
el paquete económico anunciado ayer, el Gobierno busca avanzar en la misma
dirección que ya lo han hecho otros países cuyas economías fueron duramente
afectadas por el coronavirus. China, Hong Kong, Italia, Francia, Inglaterra y
ahora también Estados Unidos definieron políticas activas para que la
producción y el consumo se vean lo menos afectados posibles. La diferencia no
pasa por la dirección, sino por la magnitud. Mientras que desde la Casa
Blanca hablan de “recursos ilimitados” y algo parecido ocurre en Europa, para
la Argentina las limitaciones presupuestarias están a la orden del día. Alberto
Fernández tuvo que definir un plan de emergencia para socorrer a la economía,
pero partiendo de una billetera escuálida.
Las medidas
anunciadas están enmarcadas por los serios problemas presupuestarios que ya
arrastraban las cuentas públicas. En enero y febrero el gasto creció 10 puntos
porcentuales más que los ingresos y la proyección marcaba una continuidad o
incluso una profundización del déficit fiscal primario para 2020. Las
últimas decisiones provocarán que ese rojo fiscal aumente todavía más, aunque
no sería una magnitud significativa. El adicional para los jubilados que menos
ganan y para la AUH sería “por única vez”, dejando al desnudo que el margen
para llevar adelante estas políticas activas es acotado.
Es difícil calcular
cuánto demandará el programa Repro, por el cual el Estado ayuda al sector
privado a pagar sueldos, algo que funcionó adecuadamente sobre todo en la
crisis de 2009. También tendrá costo fiscal la decisión de eximir de cargas
patronales a los sectores más afectados por la caída de la actividad (hoteles,
esparcimiento, restaurantes, cines y teatros) y eventualmente el componente de
subsidio que tendrá el programa Procrear.
La suba del gasto y
al mismo tiempo la pérdida de recaudación impositiva generará más déficit, con
un agravante que sólo le pega a la Argentina: es el único país que se encuentra
en situación de virtual default, con tasas exorbitantes y sin acceso al
crédito. Por lo tanto, los recursos adicionales que requiera el Estado
saldrán del Banco Central, que tendrá que emitir más pesos con el riesgo que
implica sobre la cotización del dólar y la inflación.
El interrogante que
es difícil de despejar a esta altura es si alcanza para amortiguar los efectos
que esta crisis tendrá sobre la economía. La caída de la actividad en 2020 se
ubicaría en niveles de 1,3% ó 1,4% según el consenso que manejaban las
consultoras económicas. Ahora los nuevos pronósticos estiman que la caída
será superior a 2%. En todo caso, el nuevo paquete procura evitar una verdadera
“depresión” de la economía.
La crisis del
coronavirus encontró a la Argentina muy mal parada. Virtual default, sin
acceso al financiamiento, déficit fiscal y un consumo interno deprimido ya eran
las principales características antes de que estalle la pandemia. Pero ahora se
agregó otro factor, que es un fuerte debilitamiento del sector externo. Caerán
las exportaciones por la menor demanda global y ya están cayendo fuerte los
precios de las materias primas que exporta la Argentina. La soja ya cayó al
borde de los USD 300, mientras que el petróleo ayer perforó los USD 30 el
barril.
Tampoco está claro
cuánto tiempo durará esta situación de emergencia. Por ahora las medidas de
aislamiento corren hasta el 31 de marzo, pero existe una probabilidad
importante de que las principales medidas sean prorrogadas. En ese caso se
podrían requerir medidas adicionales.
En relación a los $
320.000 millones en nuevos créditos para capital de trabajo de las PYME, se
espera que el Central libere al menos parcialmente encajes para que los bancos
tengan mayor margen prestable. Con tasa fija del 26%, se supone que al menos
parcialmente estos recursos serán utilizados para hacer frente al pago de
sueldos en medio del derrumbe de las ventas.
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